El Consejo Nacional Anticorrupción después de haberse documentado e indagado sobre la serie de irregularidades presentadas desde la toma de decisiones hasta la administración de los fondos públicos, aprobados para contrarrestar la pandemia del COVID-19; quiere expresar a la ciudadanía lo siguiente:
- Que si bien es cierto, ningún país del mundo estaba preparado para atender los casos de personas contagiadas por el coronavirus; sin embargo, hasta esta fecha resulta inconcebible que el Estado de Honduras esté evidenciando incapacidad y debilidad en los procesos de adquisición y distribución de los insumos médicos y material de bioseguridad, mismo que se le debería proporcionar tanto a los pacientes que resulten positivo como al personal médico. El 10 de febrero de 2020, la primera aprobación millonaria de fondos fue por más de L 110,000,000.00; caso contrario, el primer caso confirmado se presentó hasta el 11 de marzo; siendo esto, un plan preconcebido para obligar las compras de emergencia y saltarse todos los principios de transparencia regulados en la Ley.
- Que en dos meses, desde el Poder Ejecutivo, se ha gestado un total de trece decretos de emergencia; y desde el Poder Legislativo dos decretos legislativos; todos encaminados a la aprobación de fondos y creación de libertades para contratar y adquirir mediante compras directas, todo lo concerniente para combatir el nefasto virus; observándose que la suma de los montos hasta el momento supera los L 63,000 millones; siendo este valor el 22 % de lo que se utiliza en todas las instituciones y Secretarías de Estado en un año fiscal; sin sumar las donaciones otorgadas por la cooperación internacional.
- Que a pesar de los montos aprobados y los insumos adquiridos, la curva ascendente cada día se observa más pronunciada, sin llegar hasta este momento al pico determinante, ya que la incapacidad de quienes hoy se encuentran al frente de las instituciones públicas vinculadas a contrarrestar el COVID-19, ha provocado que hasta el momento se hayan realizado únicamente un poco más de dos mil pruebas, teniendo como resultado que el 20 % de las mismas confirmaron como positivo de contagio a ciudadanos; por lo que todo indica que si nos realizaran una prueba a todos los hondureños, llagaríamos a estar contagiados aproximadamente dos millones de hondureños, resultando dos mil muertos.
- Que en el cumplimiento de la facultad legal que CNA tiene como vigilante de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), hemos hecho una revisión exhaustiva a lo publicado tanto en el portal de transparencia de la Secretaría de Finanzas y otras instituciones públicas, pudiendo concluir que los hondureños estamos siendo engañados; ya que la información publicada solo ha sido por compromiso, sin cumplir los requerimientos y lineamientos designados por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), puesto que la calidad de la información, es totalmente deficiente, debido a que no indica quien es el proveedor, los montos exactos, la características de los productos, las órdenes de compra emitidas, el responsable de la compra, entre otros faltantes.
- Que día a día se desarrollan cadenas de televisión para informar datos de pruebas realizadas, personas contagiadas y fallecidos; por lo que hoy de manera categórica, podemos manifestar que la información falta a la verdad, ya que en el país los contagiados son mucho más, así como los decesos, tal como lo podemos acreditar con informes realizados por fuentes primarias, quienes tuvieron vinculación en el tratamiento y el informe de los fallecidos, pero como actualmente no se están realizando autopsias; muchos pasan a formar parte de la cifras negras.
- A estas alturas no podemos retroceder ningún ápice en la lucha que hemos emprendido contra los corruptos; es por eso que queremos dejar muy en claro, que si bien es cierto, CNA forma parte del Consejo Directivo de INVEST-H, ninguna decisión adoptada en dicho ente ha sido socializada con la organización, ya que el representante propietario por parte de la asamblea general se encuentra incapacitado desde el 31 de diciembre de 2019; por otro lado, ningún colaborador de la parte técnica ha tenido algún grado de participación en la decisiones que se están tomando hasta el momento.
- Exigimos a todos los funcionarios públicos, revestirse de humildad y honestidad, evitando aprovecharse de los recursos públicos, para sus intereses personales o para el abastecimiento de fondos como antesala a una campaña política que se verá manchada de sangre honesta, por las vidas que estamos perdiendo a consecuencia del COVID-19.
- A la ciudadanía que hoy confía en nuestra labor, le manifestamos que tengan la plena confianza, ya que continuaremos en esta lucha denunciando a los corruptos ante las instancias correspondientes, dejando a los órganos persecutores del delito, como responsables de ejercer la acción penal pública.
