Por Jessica Ortega
La Coalición del Norte por la Justicia (CONJUSTICIA), una alianza de organizaciones de la sociedad civil, emitió un pronunciamiento en el que exige medidas urgentes para fortalecer el Estado de derecho y combatir la corrupción en Honduras. Los representantes subrayaron la importancia de implementar reformas clave para frenar la impunidad que ha deteriorado la institucionalidad del país.
La coalición hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que firme de manera inmediata el convenio con Naciones Unidas, lo que permitiría la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). Según el pronunciamiento, este paso es esencial para garantizar una lucha efectiva y transparente contra la corrupción en el país.
Asimismo, CONJUSTICIA instó al Congreso Nacional a aprobar la Ley del Colaborador Eficaz, un instrumento que, según ellos, es vital para desmantelar redes criminales y llevar ante la justicia a los responsables de actos de corrupción. La coalición también pidió la reforma del artículo 222 de la Constitución y el Decreto Legislativo no. 145-2019, los cuales actualmente limitan la acción penal del Ministerio Público en casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.
En su pronunciamiento, exigió al Ministerio Público y a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) que reciban los recursos y la autonomía necesarios para investigar y judicializar casos de corrupción de manera efectiva. Además, se presentaron dos casos de violencia basada en género que han tenido un gran impacto en la sociedad y en los cuales el Estado ha fallado en su deber de hacer justicia, dejando los casos en la impunidad.
Primer caso: La Abogada
En 2018, una abogada hondureña puso fin a su relación con su excompañero de hogar tras años de violencia física, patrimonial y psicológica. A pesar de obtener medidas de protección, su expareja continuó agrediéndola, lo que llevó a múltiples denuncias y una condena en 2018 por violencia doméstica. Sin embargo, el proceso judicial ha sido marcado por decisiones controvertidas que han revictimizado a la abogada y sus hijos, incluyendo la negativa del juez a exigir pensión alimentaria al padre y el rechazo a la restitución de la vivienda familiar. Además, la abogada ha enfrentado denuncias y presiones que han afectado su situación laboral y económica, mientras el caso permanece paralizado, negando acceso a un proceso justo e imparcial.
Segundo caso: La Enfermera
El 6 de febrero de 2021, una joven estudiante de enfermería de la UNAH fue encontrada muerta en una celda policial en La Esperanza, Intibucá, tras ser detenida por violar el toque de queda impuesto por la pandemia de Covid-19. La policía afirmó que se había suicidado, pero una autopsia reveló que fue víctima de homicidio por asfixia mecánica. A pesar de que 13 policías estuvieron implicados, solo uno fue acusado, inicialmente por femicidio agravado, pero luego el cargo fue reducido a homicidio tras una apelación. A lo largo del proceso judicial, la familia y organizaciones de derechos humanos como COFADEH han luchado por la justicia, apelando decisiones judiciales que han favorecido al imputado.
Finalmente, la coalición hizo un llamado a la ciudadanía para que se mantenga vigilante y participe activamente en el seguimiento de los procesos judiciales relacionados con la corrupción y la impunidad. Según CONJUSTICIA, solo con un compromiso firme de todos los sectores de la sociedad se podrá avanzar hacia una Honduras más justa y transparente.
