Radio Progreso
El gobierno de la presidenta Xiomara Castro anunció el inicio del proceso de desmilitarización de los centros penales a nivel nacional. El ministro de Defensa José Manuel Zelaya Rosales, dijo que en la transición las personas que están a cargo del Instituto Nacional Penitenciario, servirán de apoyo para la Policía Nacional y al Ministerio de Seguridad, para que todo se lleve a cabo con normalidad.
Por su parte el ministro de Seguridad Ramón Sabillón explicó que el proceso se va a desarrollar gradualmente. “Por etapas vamos ir retirando tanto los agentes de la Policía, como de las Fuerzas Armadas, es un proceso que lleva tiempo. Vamos a cumplir a fin de que el Instituto Nacional Penitenciario quede fortalecido”, dijo.
Preocupación
La presidenta del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos y Degradantes (MNP-CONAPREV), Glenda Ayala asegura sentirse preocupada con la decisión de designar a la Secretaría de Seguridad, específicamente a la Policía Nacional para que sea la que asuma la dirección del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Las organizaciones hemos sido claras con los planteamientos, puesto que el tema de la desmilitarización de los centros penales no solo debe de ir orientado a que los militares salgan de la administración, sino que también la Policía Nacional, dice Ayala.
En diciembre del 2019 se decretó emergencia en los centros de privación de libertad, lo que trajo como consecuencia que la Fuerza de Seguridad Nacional, FUSINA, asumiera los roles del Consejo Directivo, como órgano máximo del Instituto Nacional Penitenciario y que fueran miembros activos de las Fuerzas Armadas los que se hicieran cargo de la administración de los recursos en el sistema y la seguridad.
FUSINA está conformada por miembros activos del Ejército y de la Policía Nacional.
En ese sentido, Glenda Ayala opina que se han tenido comisionados de la policía en puestos de dirección del INP, y los resultados han sido un aumento de significativo de las denuncias por violaciones a derechos humanos.
“Estamos pidiendo a la presidenta de la República, para que se retome la legalidad de los procesos, para que se construya un Estado de derecho, pero para eso debe imperar el respeto a la ley. Y en el caso del sistema penitenciario ya hay un órgano que se llama Consejo Directivo; integrado por la Ministra de Derechos Humanos, el Ministro de Gobernación, Ministro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministro de Trabajo, el Ministro de Seguridad, y un representante de sociedad civil”, dice.
Glenda Ayala, manifestó en Radio Progreso, que instan a que la presidenta convoque a este Consejo Directivo, y que se nombre a una persona que tenga todos los requisitos de idoneidad definidos en el artículo 15 de la Ley de Sistema Penitenciario, y que sea él que dirija el Sistema Penitenciario Nacional.
Militares a los cuarteles
El doctor en derechos humanos, abogado Joaquín Mejía opina que la decisión de desmilitarizar los centros penales es bastante acertada.
Dice hay que recordar que en el 2016 el Estado de Honduras se comprometió ante el Comité Contra la Tortura (el Comité es uno de los ocho órganos de tratados de derechos humanos vinculados a la ONU), a desmilitarizar la seguridad ciudadana a partir del segundo semestre de ese año. Sin embargo, el gobierno de Juan Orlando Hernández mintió.
La decisión tomada por el gobierno de Xiomara Castro es correcta «los militares deben devolver a las barracas y debe existir un diálogo y consenso social, de lo que implica tener unas Fuerzas Armadas, que son costosas y cuyo presupuesto bien podría destinarse a fortalecer y a desarrollar la dignidad humana de la población hondureña”, señala.
Indulto
Xiomara Castro anunció esta semana un indulto general, con el fin de reducir el hacinamiento en los centros penales del país. Diversas organizaciones han denunciado que las cárceles son una verdadera bomba de tiempo debido la sobrepoblación que existe.
En ese sentido, Glenda Ayala expresa que miran con muy buenos ojos que la presidenta haya anunciado un indulto y que el mismo vaya orientado a favorecer aquellas poblaciones que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad; como las mujeres que tienen hijos en prisión, y que la pena privativa de libertad está trascendiendo a estos menores.
Además de las personas de la tercera edad que tienen graves padecimientos y que su fin rehabilitador de la pena ya perdió toda eficacia por su condición grave de salud.
“Le apostamos y estamos a la disposición de unirnos a este esfuerzo”, concluye Ayala.
