- En el 2026, el ejercicio del periodismo ha estado marcado por hechos violatorios a la libertad de expresión que van desde amenazas, agresiones, hostigamiento, intimidación e incluso casos de periodistas en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado.
Mientras se mantengan los altos niveles de impunidad y no se fortalezcan los mecanismos de prevención y protección, el trabajo que realizan periodistas y comunicadores sociales continuará siendo una labor de alto riesgo en el país, advirtió hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), ente estatal que, solo en el 2025, atendió 208 quejas de violaciones a las libertades de pensamiento y expresión en el país
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora el 3 de mayo de cada año, el ente estatal remarcó que, sin periodismo libre no hay democracia ni justicia y que el rol del Estado debe ser proteger a quienes buscan la verdad para garantizar una sociedad transparente y participativa.
Añadió que toda acción contra de la libertad de expresión y de información es un atentado contra el derecho a la vida, el derecho al trabajo, a la libre emisión del pensamiento y a informar libremente.
CONADEH atendió 208 quejas en el 2025
La Institución Nacional de los Derechos Humanos (INDH) hizo énfasis que, durante el 2025, atendió 208 quejas, a nivel nacional, por la presunta o violación al derecho a la libertad de pensamiento, expresión, asociación y reunión con una estrecha relación a la protección de la honra y dignidad.
Entre las modalidades violatorias el CONADEH atendió casos relacionados con calumnias e injurias, violaciones a la imagen, el honor y la reputación así como divulgación de información personal, restricciones al derecho de expresión y de censuras de prensa.
En su informe establece que, en el 2025, el espacio cívico y mediático, en Honduras, evidenció un patron de hostigamiento e intimidación contra periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación, con capacidad objetiva de inducir autocensura y restringir la deliberación pública.
En ese marco, se registraron amenazas y agresiones, actos de intimidación, campañas de descredito, violencia digital y la activación de vía judiciales, incluidas querellas, como mecanismos de presión.
Con especial preocupacion, se observó que, parte de esos discursos estigmatizantes y acciones de presión se atribuyeron a funcionarios del Estado y altos mandos con investidura militar, lo cual agrava el efecto amedrentador por su posición de poder e incidencia institucional.
Además, esta INDH fue informada sobre requerimientos dirigidos a medios periodísticos para revelar fuentes bajo la invocación de obligaciones legales que corresponden a funcionarios públicos .
En paralelo, varias relatorías de las Naciones Unidas advirtieron sobre amenazas y ataques a la libertad de prensa, expresión y espacio cívico en la recta final hacia las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, señalando la incidencia de estigmatización, difamaciones, intimidaciín y ataques, incluidos en línea, con un efecto disuasorio
En sus observaciones institucionales, el CONADEH sostuvo que el Estado debe respetar, proteger, facilitar y garantizar el ejercicio de la protesta y evitar su criminalización, promoviendo un entorno seguro para la libertad de expresión, reunión y asociación .
De igual forma, en relación con el trabajo periodístico, recordó que la obligación estatal no se agota en el reconocimiento normativo, sino que exige generar condiciones adecuadas para prevenir violencia contra periodistas, abstenerse de estigmatizar, instruir a las fuerzas de seguridad a respetar la reserva de fuentes.
Añade que tanto las querellas, campañas de descrédito, violencia digital, presiones para revelar fuentes y discursos estigmatizantes, pueden configurar mecanismos de censura indirecta y un efecto amedrentador incompatible con el deber estatal de garantizar un debate público, libre y robusto.
Cuando tales practicas provienen, se toleran o se amplifican desde posiciones de autoridad, incluidas jerarquías militares, se incrementa el riesgo de restricción indebida porque se elevan deliberadamente los costos de informar y se debilitan las garantías que protegen la crítica y el escrutinio publico, en consecuencia, se afecta no solo el derecho de quienes emiten información, sino tambien el derecho de la ciudadana a buscar y recibirla.
Entre el 2022 y el 2025, Honduras fue escenario de 13 muertes violentas de personas que laboran en medios de comunicación, en tres casos hubo sentencia condenatoria.
88% de las muertes violentas continúan impunes
El CONADEH registró entre el 2001 y el 2026, la muerte de 103 personas vinculadas a los medios de comunicación, entre periodistas, locutores, fotógrafos, operadores, editores, camarógrafos y propietarios de medios de comunicación.
La situación jurídica de los 103 casos de personas ligadas a los medios de comunicación, que perdieron la vida en circunstancias violentas, de los cuales el 96% son hombres y el 4% mujeres, establece que, el 88% se mantienen impunes y que apenas en un 12% hay sentencia condenatoria contra los responsables.
De este escenario de violencia que impera en el país, más de 80 medios de comunicación del país han sufrido o registrado la muerte violenta de uno o varios de sus trabajadores
De acuerdo a la labor que realizaban las personas vinculadas a los medios de comunicación, han muerto violentamente, directores de espacios y propietarios de medios de comunicación, presentadores de noticias, locutores, camarógrafos, presentadores de programas de entretenimiento, cronistas deportivos, operadores de radio, gestores de publicidad, editores de televisión y corresponsales de radio y televisión.
