Tegucigalpa, M.D.C. – El caso de Keyla Martínez sigue siendo una herida abierta en la conciencia de Honduras. Tras el femicidio de la joven estudiante de enfermería ocurrido en febrero de 2021, mientras se encontraba bajo custodia policial en una celda de La Esperanza, Intibucá, el sistema judicial falló en su primer intento de impartir justicia. La anulación del juicio previo —debido a la falta de imparcialidad y la errónea calificación del delito— ha obligado a la apertura de un nuevo debate judicial previsto para este 15 de mayo de 2026. Este nuevo proceso representa la última oportunidad para que el Estado hondureño demuestre que el asesinato de una mujer a manos de agentes de seguridad no quedará en la impunidad.
Ante este escenario, la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), junto a una red de organizaciones de sociedad civil y la academia, informa a la opinión pública sobre las acciones de incidencia estratégica emprendidas para vigilar este proceso:
- Respuesta Directa de la CIDH: Informamos con satisfacción que la Comisionada Andrea Pochak, Relatora para Honduras y Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha confirmado oficialmente que dicho organismo realizará un monitoreo estricto del proceso a través de la Relatoría de País y la Relatoría de Derechos de las Mujeres. Este respaldo internacional asegura que el mundo estará vigilando que no se repitan los vicios procesales del pasado.
- Llamado a la Presidencia de la CSJ y Unidad de Género: Hacemos un llamado directo al nuevo Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Abog. Wagner Vallecillo, a demostrar con hechos que, bajo su presidencia, el Poder Judicial será finalmente un instrumento de justicia para el pueblo y no un escudo para proteger a élites corruptas. Asimismo, hemos formalizado peticiones ante la Unidad de Justicia de Género del Poder Judicial, para que garantice la aplicación de la perspectiva de género y la designación de un Jueces Naturales independientes.
- Exigencia al Fiscal General: Instamos al nuevo Fiscal General de la República, Abog. Pablo Emilio Reyes Theodore, juramentado el pasado 25 de marzo, a asegurar que el Ministerio Público sostenga con firmeza la calificación
de femicidio agravado. El Estado no puede seguir minimizando un crimen cometido bajo su custodia institucional y peor aún, siendo cómplice.
Vigilancia Gremial y Ética: Se solicita al Colegio de Abogados de Honduras, bajo la dirección del Abogado Olvin Sarmiento, que supervise el juicio de Keyla Martínez Rodríguez con atención. Como único gremio autorizado para vestir la toga del Poder
Judicial, se espera que asuma su responsabilidad histórica, especialmente en relación con la búsqueda de justicia para las mujeres víctimas de homicidio en Honduras.
La ACTJ —respaldada por Asonog, Cristosal, Diario en Alta Voz, Organización Ayudamos Honduras, Universidad José Cecilio del Valle, Panal, Coalición Patriótica de Solidaridad, Grupo Ciudadano Pueblo Unido, Diario Reportar sin Miedo y D-1G por una Honduras Libre— se mantiene en alerta permanente. El caso de Keyla Martínez es la prueba de fuego para la justicia hondureña bajo la mirada de la comunidad internacional.
¡Justicia para Keyla Martínez! ¡Ni olvido ni perdón ante la violencia estatal!
Tegucigalpa, Honduras, 21 de abril de 2026.
ARTICULACIÓN CIUDADANA POR LA TRANSPARENCIA Y LA JUSTICIA (ACTJ)
