· La prohibición absoluta del aborto es una violación a los derechos fundamentales de esas niñas   

· El Centro de Derechos Reproductivos, una organización global, presentó un escrito técnico -amicus- para respaldar el recurso de inconstitucionalidad contra esa prohibición    

Tegucigalpa, 2 de agosto, 2022. Cada día, tres niñas menores de 14 años se convierten en madres producto de una violación sexual en Honduras. Es decir, son obligadas a asumir una maternidad forzada y comprometer su futuro, porque la interrupción del embarazo está prohibida en todas sus formas, denunció hoy la Plataforma Somos Muchas (SM). 

Regina Fonseca vocera de la plataforma de mujeres y feministas, subrayó que, como si fuera poco, otras 65 adolescentes entre 15 y 18 años también se enfrentan a la misma tragedia todos los días. 

Ante la grave situación, esta mañana, Catalina Martínez Coral, directora para América Latina y El Caribe del Centro de Derechos Reproductivos (CRR por sus siglas en inglés), presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un amicus curiae para respaldar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Somos Muchas y 20 organizaciones sociales más, en contra del Decreto que prohíbe de forma absoluta la interrupción del embarazo.  

Martínez Coral destacó que la penalización no evita los abortos, sino que lleva a que las “mujeres y niñas víctimas de violación tengan que recurrir a procedimientos inseguros, o asuman embarazos y maternidades forzadas. Y eso se da en mayor medida con aquellas que tienen menores recursos económicos y que viven en zonas rurales”. 

El amicus señala que el aborto debería ser un servicio de salud esencial especialmente para las sobrevivientes de violación. Explica también que Honduras de manera soberana, ha ratificado varios tratados internacionales que establecen protecciones a la vida y la salud sexual y reproductiva de la niñas y mujeres.  

Al suscribir lo tratados, el Estado se comprometió a cumplirlos y así quedó establecido en la Constitución nacional (artículos 16 y 18) donde se explica que, en caso de que las leyes locales entren en conflicto con los tratados, se dará prioridad a los acuerdos internacionales. Esa decisión ha sido ratificada varias veces por la Corte Suprema e sentencias pasadas.  

Martínez Coral, del CRR, enfatizó en que forzar a las sobrevivientes de violación sexual a asumir una maternidad, vulnera más de nueve derechos fundamentales de esa mujeres y niñas incluyendo los derechos a la vida, la dignidad, la autonomía, la salud sexual y reproductiva, la no discriminación, el acceso a la información la educación y a no ser sometidas a tortura o tratos crueles.    

El Centro y Somos Muchas concluyen que las niñas y mujeres hondureñas merecen una Corte Justa que no ignore su sufrimiento y les garantice sus derechos.

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