Angie Villanueva

El próximo 7 de febrero se cumplen cuatro años desde el feminicidio de Keyla Martínez, su madre, Norma Rodríguez, junto a familiares, organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, se manifestarán frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa. Su principal demanda es que la Sala de lo Penal emita un fallo sobre los recursos de casación, permitiendo así la repetición del juicio por el caso de Keyla.

Desde que el Ministerio Público y las abogadas acusadoras interpusieron estos recursos en marzo de 2024, el proceso ha permanecido estancado sin avances significativos. Según Norma Rodríguez, la falta de respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia refleja la falta de voluntad del sistema judicial para juzgar a todos los responsables del crimen de su hija. “No creo que se repita el juicio ya que todo indica que no quieren juzgar a los demás involucrados. En marzo se cumplirá un año desde que se presentaron los recursos y seguimos sin respuesta”, denunció.

El caso de Keyla Martínez ha sido representativo en la lucha contra la impunidad de los feminicidios en Honduras. La joven estudiante de enfermería fue arrestada la noche del 6 de febrero de 2021 en La Esperanza, Intibucá, supuestamente por incumplir el toque de queda impuesto en ese momento. Horas más tarde, la policía informó que se había suicidado en su celda, versión que fue desmentida por Medicina Forense tras revelar que Keyla murió producto de una asfixia mecánica.

En octubre de 2022, el tribunal de sentencia de Siguatepeque condenó a Jarol Rolando Perdomo a cinco años de prisión por homicidio culposo, una sentencia que la familia y organizaciones feministas consideran injusta. Sostienen que existen pruebas suficientes para determinar que Keyla no se suicidó, sino que fue asesinada mientras esta estaba detenida.

Norma Rodríguez insiste en que, aunque Perdomo fue el único imputado, otros policías participaron en el crimen. “A mi hija no la asesinó solo Jarol, sino que fueron varios involucrados, hasta el momento no sé porque el Estado los sigue protegiendo. Había una cámara donde se ve entrar a cuatro agentes y luego sale Jarol a vigilar mientras los otros están dentro de la celda”, afirmó la madre de Keyla Martínez, quien considera que la condena por homicidio culposo fue un intento del sistema judicial para minimizar el crimen y proteger a los responsables.

Por su parte, Angélica Milla, activista feminista que ha seguido el caso, asegura que la falta de justicia refleja un problema estructural de impunidad en Honduras. “No ha habido justicia. Pareciera ser que el mecanismo que se está buscando es el cansancio por parte de los familiares y de la ciudadanía para no volver a hacer un nuevo juicio”, explicó.

El objetivo de la manifestación del 7 de febrero es exigir que se repita el juicio y que se investigue a los demás policías involucrados. “Repetir el juicio permitiría juzgar a más personas, esto no fue un evento aislado. Hubo más responsables dentro de la posta policial”, enfatizó Milla.

Sin embargo, la madre de Keyla es escéptica sobre la posibilidad de que el fallo de la Sala de lo Penal sea favorable. Afirma que incluso han buscado apoyo dentro del mismo Poder Judicial sin obtener respuestas. “El año pasado visitamos a la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Raquel Obando, quien se comprometió a dar prioridad a los recursos de casación. Ya casi ha pasado un año y seguimos esperando”, expuso Norma Rodríguez.

Si la Corte decide no repetir el juicio, la familia de Keyla y su equipo legal planean acudir a instancias internacionales. “En Honduras no hay justicia. Han comprado a todo el sistema judicial para proteger a los feminicidas de mi hija”, dijo Rodríguez. Para ella, la única alternativa será recurrir a organismos internacionales para exponer el caso y buscar una resolución justa.

Para Angélica Milla, este hecho ha marcado un precedente en la lucha feminista en el país. ” Este caso muestra la lucha de una madre que no ha parado desde el día uno del femicidio de su hija, ha marcado la unificación de mujeres luchando contra la violencia. La impunidad es el cáncer que garantiza que estos crímenes sigan ocurriendo”, sostuvo.

Milla también señala la importancia de que la ciudadanía no permita que el caso quede en el olvido. “Yo quisiera decirles a las mujeres hondureñas que tenemos que elevar nuestra voz en forma conjunta, somos una mayoría poblacional, tenemos que unirnos para ejercer presión sobre el sistema de justicia del país y lograr que las cosas cambien.”, mencionó.

La falta de avances en el caso de Keyla ha generado desconfianza en el sistema de justicia hondureño. Norma Rodríguez expresa su frustración al ver que la lucha por su hija no ha dado los resultados esperados. “Este caso está muy claro ya se presentaron las evidencias necesarias para que condenaran al único imputado, pero los jueces solo se preocupan por quedar bien con sus amos corruptos. En Honduras esto quedará en la impunidad no les veo interés en que se castigue a los verdaderos feminicidas”, manifestó.

La protesta del 7 de febrero no solo será un acto simbólico, sino un llamado a la acción para exigir una justicia real y efectiva. El caso de Keyla Martínez representa la lucha de muchas familias que exigen respuestas, la esperanza de que se repita el juicio sigue vigente, pero el temor de que el sistema judicial lo archive sin consecuencias también está presente.

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