Rubén Escobar / Periodista
La seguridad de los hondureños sigue en estado de precariedad, a merced de maras, carteles del crimen organizado y delincuencia común, porque los gobiernos continúan adoptando medidas paliativas, que aportan soluciones temporales pero que han fracasado en el largo plazo, y porque tampoco se están atacando las causas que generan la violencia, indicaron analistas a En Alta Voz.
A partir del gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006) se adoptó una política de mano dura en el tema de seguridad, se pusieron de moda las “saturaciones” en los barrios y colonias de alta peligrosidad, que consiste en enviar contingentes de policías y militares a zonas específicas. Además, se aprobó la “Ley antimaras”, que busca penalizar la asociación ilícita, entre otras medidas cuyos resultados son -en el mejor de los casos-, inciertos.
En el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) se relajaron las medidas de represión y con ello volvieron a subir las cifras del crimen. Tras el golpe de Estado asumió Porfirio Lobo en el año 2010 con su eslogan de “puño firme”, nuevamente con políticas de fuerza. Acompañándose de Juan Orlando Hernández en la presidencia del Legislativo, aprobaron la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, centralizando la seguridad alrededor del Poder Ejecutivo; y crearon entidades como la Policía Militar de Orden Público (PMOP, año 2013) y la Unidad de Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES). Las medidas se vieron cruzadas en diferentes momentos por la participación de militares en temas de seguridad y control de las cárceles.
En el análisis histórico se puede observar que desde el 2013, la tasa de seguridad pasó de las 77.4 muertes por 100,000 habitantes a 35.39 en el 2022, una disminución constante pero con repuntes en el 2019 y el 2021.
A manera de comparación, hay que decir que en el 2017 la tasa de homicidios a nivel mundial fue de 6.1 por cada 100,000 habitantes, según un estudio de Naciones Unidas publicado en el 2019. La media de las Américas fue de 17.2; África, 13; Europa, 3; Oceanía, 2.8; y Asia, 2.3.
A la voluntad de los criminales
Si bien es cierto la tasa de homicidios ha ido disminuyendo paulatinamente, estamos lejos de los niveles alcanzados por otras naciones. Esto es en parte porque las organizaciones del crimen organizado siguen vigentes y los hondureños se ven sometidos a sus acciones de terror sin que ninguna autoridad sea capaz de detenerlos. Una de esas acciones se ejecutó el 5 de junio de 2023 cuando sujetos desconocidos atacaron al abogado Iván Martínez y a dos acompañantes, dejándolos gravemente heridos. Martínez fue parte del equipo legal del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos en febrero de 2022.
El brote de violencia se agudizó el 20 de junio, cuando un grupo de internas de la cárcel de mujeres de Támara dio muerte a otras 46 reclusas; luego el 22 de junio un grupo de sicarios acribilló a Erika Julissa Bandy, esposa del narcotraficante Magdaleno Meza, y a dos de sus guardaespaldas. Meza es recordado porque al ser detenido le encontraron libretas donde detallaba pagos a Juan Orlando Hernández y a su hermano, Juan Antonio, condenado a cadena perpetua y a 30 años de cárcel. El 24 de junio, desconocidos abrieron fuego en un billar de la colonia Victoria, en Choloma, para dar muerte a 13 personas.
Para el abogado y doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía Rivera, uno de los factores que podría estar incidiendo en el brote de violencia es por una lucha interna dentro de grupos del crimen organizado. “Recordemos que el cartel de los Hernández fue descabezado, sobre todo cuando Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos. Cuando se descabeza un organismo criminal de estas dimensiones hay un período de reubicación de los diferentes poderes, pero una vez que esos sectores logran reubicarse, vuelve la violencia con más fuerza. Esto ha pasado en Guatemala, en México, en El Salvador y está pasando en Honduras”, acotó.
De manera coincidente, la socióloga y experta en seguridad, Mirna Flores, refiere que esa “ola de violencia tiene que ver con una recomposición del crimen organizado: la muerte de la esposa de Magdaleno, la muerte de estas 13 personas en un billar en Choloma y la muerte de las mujeres en la cárcel. También hay otros hechos de violencia que no se identifican las causas, asociada a la violencia interpersonal, la violencia de los hombres hacia las mujeres”, por ejemplo.
El 20 de junio de 2023 fue el día más sangriento de la última década, con 61 víctimas. En los primeros seis meses de 2023 se ejecutaron al menos 27 masacres, de las cuales diez fueron en el mes de junio. “En todo este proceso en el que el gobierno ha ido tomando decisiones, las masacres no bajan, y las masacres generalmente están vinculadas al crimen organizado”, indicó Flores.
De acuerdo a datos del Sistema Estadístico Policial (Sepol) sobre homicidios, junio de 2023 sumó 354 víctimas, una cifra que no se registraba desde julio del año pasado. En el recuento histórico, los meses con mayor número de muertes violentas en los últimos años, son diciembre y octubre, seguidos de junio, según se refleja en el cuadro estadístico.
Ante la creciente criminalidad, el gobierno de Xiomara Castro adoptó una serie de medidas: decretó un estado de excepción en noviembre de 2022 que se ha ido extendiendo en el tiempo y en cobertura geográfica; estableció un toque de queda en Choloma y San Pedro Sula; y devolvió a los militares el control de los centros penales.
Tanto el abogado Mejía como la socióloga Flores afirman que las medidas reactivas son necesarias ante los brotes de violencia, siempre y cuando sean de carácter temporal. Sin embargo, el problema se agudiza cuando la única respuesta son las medidas represivas y no se atienden las causas.
Un estado de excepción con dudosos resultados
Para Mejía Rivera, el repunte criminal en el mes de junio de 2023 evidencia el fracaso de las políticas de seguridad de los últimos 20 años. “Todas las medidas adoptadas a lo largo del tiempo por los diferentes gobiernos no han logrado llegar al fondo de las causas, a las raíces que generan la violencia. Lo único que han hecho con esas medidas es mantenerla, controlarla hasta cierto punto, pero cuando esas medidas se dejan de implementar, la violencia vuelve a surgir con fuerza”, explicó el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), de la Compañía de Jesús.
Una de esas medidas, el estado de excepción orientado a combatir las maras y a la extorsión como su principal fuente de financiamiento, cumplió 6 meses el 6 de junio de 2023 y se anunció su extensión hasta el 19 de agosto, aplicable en 123 municipios. Esto pese a los magros resultados.
Según el informe Extorsión bajo la lupa: evaluando los seis meses del plan antiextorsión y el estado de excepción, de la Asociación para una Sociedad más Justa, “la amenaza de la extorsión continúa. La tasa de victimización se ha reducido levemente, de un 9 % en 2022 a un 8.4 % en 2023”. Hasta mayo, al menos 27 transportistas habían sido asesinados.
De las 30 acciones enlistadas en el plan, solo una había sido cumplida hasta la elaboración del informe; dos estaban en proceso y las restantes 27 acciones no habían sido cumplidas o no existe información pública accesible para evaluar. Aunque en algunos medios se habla de miles de detenidos, en realidad solo procesaron a 86 personas en los juzgados antiextorsión en los primeros cinco meses del estado de excepción.
Mientras que el promedio mensual de ingresos a esos juzgados fue de 38 entre 2017 y 2021, el mes de mayor ingreso durante el estado de excepción fue de 20. Finalmente, reseñan que el 77.4 por ciento de las personas encuestadas se sienten igual o menos seguras que antes de implementar la medida.
La socióloga Flores reseña que el problema de la violencia es complejo y multifactorial: crimen organizado, problemas económico-sociales, desintegración familiar y maras son algunos de sus elementos. Sin embargo, decretar un estado de excepción y destinar recursos millonarios bajo el argumento que se va a combatir la extorsión es una manera de “instrumentalizar a las maras para tomar medidas mano dura, para ganar aceptación, legitimidad, con el tema de la violencia, creyendo que va a suceder lo que sucedió (en El Salvador) con (el presidente Nayib) Bukele”. El problema de la violencia en Honduras es mucho más amplio y de allí que los resultados no sean los que esperaban.
A su criterio, medidas focalizadas como el estado de excepción o los toques de queda en Choloma y San Pedro Sula, “cubren un lado y dejan expuesto otro. Eso no da mucho resultado”. Además, cuando las fuerzas del orden se retiran de una zona los criminales regresan a recuperar su territorio.
Militares toman el control
A partir del 1 de julio de 2023 la Policía Militar tomó control nuevamente de las cárceles, una medida que ya se había implementado en diciembre de 2019 por el entonces presidente Juan Orlando Hernández y que fue revocada en abril de 2022 por el presente gobierno.
Mejía Rivera interpreta que con el regreso de los militares a las cárceles y su involucramiento en tareas de seguridad ciudadana, la presidenta Castro está “entregando poder a quienes están vinculados con la criminalidad”. Recordó que en los juicios a narcotraficantes hondureños en las cortes estadounidenses ha surgido información oficial de que militares han “trabajado” en la protección de cargamentos de droga y en brindar seguridad personal a narcotraficantes.
Considera que es “preocupante” que se entregue “tanto poder” a las Fuerzas Armadas cuando no se ha realizado una investigación para determinar quiénes podrían estar involucrados con bandas del crimen organizado, ni han rendido cuentas de ningún tipo ante la sociedad. “¿Cuántos miembros de las Fuerzas Armadas han sido depurados, han sido investigados, acusados y condenados por lo que el juez en Nueva York ha señalado? Ninguno”, enfatizó.
Considera que las cárceles son “un gran negocio” que ha hecho millonarios a muchos, no solo mediante echar mano del presupuesto del Estado, sino principalmente a través de negocios que hacen con los privados de libertad. “En ese sentido las Fuerzas Armadas estaban totalmente en contra de que les quitaran las cárceles, porque implica un negocio”, dijo Mejía Rivera.
La socióloga Flores señala que el posicionamiento de los militares nuevamente en las cárceles “es un retroceso” porque “ni militares ni policías han respondido, no han resuelto los problemas de los centros penales. Ellos no pueden dirigir los centros penales porque no tienen formación penitenciaria”.
Soluciones a mediano y largo plazo
El abogado Mejía Rivera señala que para modificar la cultura de conflicto y que genera violencia en la sociedad hondureña, lo primero que debe tratarse es el contexto de convivencia social en barrios y colonias. Hay que mejorar las condiciones de vida de la población, mediante inversiones fuertes en infraestructura, energía eléctrica, servicio de agua potable, salud, educación, cultura, entretenimiento y, por supuesto, empleo digno. Si continúan solamente con las medidas de presión “vamos a tener momentos de calma, porque la presión logra bajar la violencia, pero como las causas siguen allí, es como una olla de presión y en otro momento vamos a ver como aumentan los índices delictivos”, reitera.
De su lado, la socióloga Flores propone que las autoridades adopten estrategias de prevención del delito mediante un involucramiento de la policía con la población para crear espacios seguros. Esto conlleva a una mejor capacitación de los agentes para lograr una identificación plena con el ciudadano y sus problemas; y en mejorar las habilidades de investigación, de modo que se capture a los delincuentes y se combata la impunidad, que en la actualidad supera el 90 por ciento.
También es necesario crear un sistema de depuración policial real y constante, que permita retirar de circulación a todos aquellos elementos que no tengan la capacidad profesional como policías, pero también a los que estén involucrados en actos ilegales. Finalmente, se debe preparar a policías penitenciarios y a personal profesional para que trabaje en las cárceles, que son escuelas del crimen organizado, donde se planifican masacres y desde donde los jefes dan órdenes de toda clase.
“Creo que apostarle a las medidas preventivas daría bastantes resultados, lo que pasa es que no son soluciones inmediatas”, opinó Flores. Sin embargo, los hondureños hemos esperado durante veinte años soluciones reales a los problemas de inseguridad, y este debería ser el momento para comenzar a cambiar el destino de 10 millones de personas.
