Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La llegada de la misión internacional anticorrupción a Honduras se prevé cada vez más lejana debido al debilitamiento institucional que se remarca en la ausencia de un Fiscal General y Adjunto en propiedad electos con 86 votos, la vigencia de un Pacto de Impunidad que cobija a corruptos mediante una amnistía aprobada por el Congreso Nacional a inicios del 2022 y más recientemente, la alteración de la Constitución y la normativa interna de la Corte Suprema de Justicia al no respetarse la precedencia en la selección de los coordinadores o cabezas de las salas que conforman el Poder Judicial.

Así, la llegada de la misión internacional anticorrupción a Honduras, prometida por el gobierno de Xiomara Castro, se aleja cada vez más y en el mejor de los pronósticos de los aún optimistas se prevé su llegada para mediados del 2025.

Mientras desde el sector gubernamental el discurso sigue siendo que las negociaciones con las Naciones Unidas continúan y que van por buen camino, la desesperación y desaliento se apodera de la población y de varios sectores que esperaban la instalación del ente internacional al menos en el segundo año de gobierno.

Aunque la propuesta de instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), data de la campaña presidencial de Xiomara Castro, quien ha viajado dos veces a Nueva York, sede central de la ONU, pero los avances para la instalación de la misión se ven cada vez más lejos.

El canciller Eduardo Enrique Reina admitió recientemente que hasta ahora definieron los integrantes de las comisiones negociadoras y el documento en que se basarán las conversaciones.

En su cuenta de X, el canciller Reina detalló seis puntos sobre el último viaje a Nueva York y detalló que “los equipos de negociación  están conformados y aceptados por ambas partes”.

En el mismo posteo señaló que el “El texto base de Convenio para discusión y trabajo será el presentado por la Presidenta @XiomaraCastroZ al SG en septiembre del año pasado”.

Pero la precandidata presidencial de Libre e integrante del equipo negociador de Honduras, Rixi Moncada, admitió que no hay fecha de llegada para la misión internacional, aceptando que faltan por cumplir varios requisitos de la ONU, especialmente en el ámbito legislativo.

Moncada detalló que el Congreso Nacional solo ha aprobado tres de los requisitos, pero faltan más reformas que realizar y espera que el gobierno envíe pronto los proyectos de ley a reformarse.

La llegada la misión internacional anticorrupción a Honduras, prometida por el gobierno de Xiomara Castro, se aleja cada vez más.

Engañan, CICIH no vendrá

Desde el sector académico y sociedad civil las lecturas son diferentes y aunque algunos señalan que se van cumpliendo los plazos lentamente, otros son más firmes y destacan que están engañando a la población y que la CICIH no vendrá al país.

El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos dijo a Proceso Digital que definitivamente no cree que venga la CICIH y que únicamente están engañando a las personas.

Agregó que Honduras no cumple con los requisitos que se han acordado, como una reforma legal completa. Detalló que el Código Penal es un código de la impunidad, en el que se tratan los delitos de una manera suave, principalmente los que tienen que ver con la corrupción.

También destacó los problemas con la amnistía que fue mal aplicada, porque era para delitos políticos, pero se ha aplicado a delitos comunes.

La amnistía aprobada en el presente gobierno es conocida popularmente como Pacto de Impunidad 2.0, debido a que ha servido para cobijar a personajes corruptos.

Barrientos indicó que se deben derogar varios decretos, ya que algunos facilitan el lavado de activos.

El analista Kenneth Madrid dijo que no tiene fe en el discurso del canciller Reina quien asegura que las negociaciones con las Naciones Unidas avanzan.

La CICIH está muy lejana

El analista Kenneth Madrid dijo a Proceso Digital que la CICIH está muy lejana, “no creo que en el 2025 se pueda contar con dicho mecanismo de lucha contra la impunidad en el país”.

“Ya lo ha dejado claro las Naciones Unidas en una nota de prensa el año pasado donde decía que Honduras no había creado las condiciones, entonces no hay condiciones esenciales para instalar dicho organismo”, argumentó.

Agregó que algunas misiones han venido al país y han visto que no hay condiciones para instalar un mecanismo de este nivel.

Madrid dijo que no tiene fe en el discurso del canciller Reina quien asegura que las negociaciones con las Naciones Unidas avanzan. Para este analista no hay certeza de que la misión internacional se pueda instalar debido a la falta de las condiciones adecuadas.

“Están entreteniendo al pueblo hondureño con este tema a sabiendas de que el Congreso Nacional no termina de crear las condiciones, no hay derogación del pacto de impunidad, no hay reforma al Código Penal, no hay nombramiento del Fiscal General y Adjunto en propiedad con 86 votos, sigue la politización en el Congreso Nacional, todo convenio debe de ser ratificado por el Congreso y en un poder Legislativo donde no se dialoga muy difícil que sea aprobado ese mecanismo, lo vemos muy lejano y muy difícil si viene un proceso electoral, el panorama es difícil y gris”, remarcó.

La sociedad hondureña tiene una necesidad urgente de que venga una CICIH: Joaquín Mejía, defensor de derechos humanos.

Va por buen camino, pero el proceso es lento

Para el defensor de derechos humanos Joaquín Mejía, el proceso para la llegada de la misión internacional comandada por las Naciones Unidas va bien, aunque admitió que el mismo es lento.

“Creo que esa necesidad y esa urgencia que tenemos no nos hace ver que estos procesos son lentos, estamos hablando que son cuestiones que no solo dependen del Estado de Honduras, sino que también de la Secretaría General de la ONU y de la Asamblea General de la ONU”, dijo al referir que el ejemplo está en la CICIG de Guatemala.

Mejía dijo a Proceso Digital que la sociedad hondureña tiene una necesidad urgente de que venga una CICIH, la que señala por un lado es positivo, pero por otro es negativo pues “pareciera que le estamos dando poderes mágicos a la CICIH y que nos va a venir a resolver todos los problemas del país, pero no es así”.

El defensor humanitario señaló que del lado gubernamental hondureño no se ha sabido transmitir cómo es el proceso, ni dar a conocer el diagnóstico.

“El Gobierno debería quitarse ese hermetismo que tiene y ser más transparente y que la sociedad conozca qué es lo que está pidiendo como condición mínima Naciones Unidas”, sugirió.

El coordinador de OPCA dijo que todavía no se cumplen las condiciones necesarias para que realmente se pueda llegar a un feliz término la celebración del convenio entre la ONU y el Gobierno.

Abordaje normativo está rezagado

De su lado, el coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), César Espinal, señaló que hay tres factores determinantes que intervienen en la dinámica de las negociaciones para la llegada de la CICIH: el abordaje normativo que está bastante rezagado, la perspectiva que hay sobre el funcionamiento de la institución en Honduras y las acciones que se desprenden de altos funcionarios.

Al detallar estos factores, Espinal comenzó mencionando que todavía no se cumplen las condiciones necesarias para que realmente se pueda llegar a un feliz término la celebración del convenio entre la ONU y el Gobierno.

“Estas condiciones están enfocadas en reformas normativas de las cuales parcialmente se han abordado algunas, pero no otras”, dijo a periodistas, al señalar la derogación del decreto 116-2019, el 57-20202, solo se reformó el 93-2021, mientras sigue pendiente derogar el 117-2019 que se refiere a la inmunidad parlamentaria.

En ese punto, Espinal también mencionó el articulado sobre la intervención que tendría el gobierno en seleccionar personal, “seguramente esto es visto como un accionar injerencista” y con ello se perderían los pilares fundamentales del organismo.

Recordó que la debilidad institucional del país se refleja en el hecho de que el Ministerio Público sigue sin fiscal en propiedad, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sigue incompleto, además de la ruptura del orden de precedencia en la elección de los coordinadores o cabezas de las salas que conforman la Corte Suprema de Justicia (CSJ). (PD).

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