Por Redacción de RSM
Fotos de Claudia Mendoza/The Guardian
Austin, Texas. Era una niña de cinco años como cualquier otra en su guardería de Austin. Jugaba con sus primos, aprendía con sus maestras y crecía en el único hogar que había conocido. Sin embargo, a mediados de enero de 2026, la vida de Génesis Ester Gutiérrez Castellanos cambió drásticamente cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la deportaron junto a su madre a Honduras, a pesar de ser ciudadana estadounidense por nacimiento.
Su caso, reportado originalmente por The Guardian y difundido por organizaciones de defensa de migrantes, ha encendido las alarmas sobre las prácticas de deportación y la protección de los derechos de los menores en medio de la política de expulsiones masivas de la administración Trump.
Una detención abrupta y un futuro incierto
La historia de Génesis y su madre, Karen Guadalupe Gutiérrez Castellanos, de 26 años, es un complejo entramado de miedo, burocracia y sueños truncados. Karen llegó a Estados Unidos desde Santa Cruz de Yojoa (Honduras) en 2018, buscando escapar de la pobreza. En 2019 recibió una orden de deportación administrativa, pero permaneció en el país. Un año después nació su hija Génesis, automáticamente ciudadana estadounidense.
La vida, aunque marcada por el temor constante a las redadas de ICE, había logrado cierta estabilidad. Karen trabajaba como limpiadora y había solicitado una visa U, un estatus migratorio para víctimas de crímenes como la violencia doméstica —de la cual ella misma fue víctima—. Su aplicación, como las de decenas de miles de personas, estaba en la cola de espera de un sistema saturado.
El desenlace llegó a principios de enero. Según relató Karen al Guardian, después de una discusión doméstica en su casa, la policía de Austin acudió al lugar y, al revisar los antecedentes, encontró «una orden activa de ICE». Los agentes federales no tardaron en llegar. «Les decía una y otra vez: ‘La niña nació aquí’. No les importó. Agarraron a la niña, le pusieron un suéter y me dijeron que subiera al auto con ella», contó Karen.
Procedimientos cuestionados y derechos vulnerados
Lo que siguió fue una serie de acciones que defensores de migrantes y analistas consideran violatorias de procedimientos básicos. Madre e hija fueron trasladadas a un hotel en San Antonio, a 80 millas de su hogar, donde permanecieron detenidas casi una semana sin acceso a un abogado ni a una audiencia ante un juez.
«La incapacidad de localizar a las personas en el sistema, y el hecho de que los abogados no puedan contactarlas para brindarles una representación adecuada, desafortunadamente está ocurriendo cada vez más, y socava directamente los derechos de los inmigrantes», declaró al Guardian Kathleen Bush-Joseph, analista del Migration Policy Institute. Incluso cuando un abogado de inmigración intentó intervenir en este caso, los agentes de ICE alegaron que no podían localizar a Karen y Génesis en su base de datos, un problema que algunos atribuyen a la práctica de usar hoteles como centros de detención no oficiales.
Tras ese periodo de confinamiento, ambas fueron puestas en un avión hacia Honduras, un país que Génesis solo conocía por historias.
Una decisión desgarradora para una madre
Desde su llegada a Honduras, viven con la madre de Karen. Frente a un futuro incierto y con la determinación de que su hija no pierda las oportunidades que ella buscó, Karen ha tomado una decisión desgarradora: enviar pronto a Génesis de regreso a Estados Unidos, acompañada de otro familiar.
«Ella tiene su escuela allí, sus tíos, sus primos, toda su vida, porque nació allí y no quiere estar aquí», explicó Karen, agregando que nunca antes se habían separado. «El día que me separe de mi hija será el más doloroso de mi vida, pero lo haré por su futuro». Entre lágrimas juró no rendirse. «Buscaré ayuda, abogados, todo. Lucharé hasta que Dios me diga: ‘Ya es suficiente, Karen’».
Un patrón preocupante y el contexto político más amplio
El caso de Génesis no es aislado. En mayo del año pasado, también en Austin, una madre y sus tres hijos, dos de ellos ciudadanos estadounidenses, fueron detenidos y deportados a México. Los activistas ven estos episodios como parte de un patrón más alarmante bajo las políticas de deportación masiva de la administración Trump.
En su primer día de gobierno, Trump firmó una orden ejecutiva que busca poner fin a la política de ciudadanía por nacimiento, vigente por más de 150 años. Sin embargo, jueces en todo el país han emitido mandamientos judiciales bloqueándola, argumentando que viola la Constitución, la ley federal y los precedentes de la Corte Suprema. Se espera que el máximo tribunal revise el caso este año.
Según estimaciones del Migration Policy Institute, de los 6.3 millones de niños menores de 18 años que viven con al menos un padre inmigrante sin autorización en Estados Unidos, 5.3 millones son ciudadanos estadounidenses. Esta cifra pone de relieve la escala del dilema humano que se está desarrollando.
«Las familias enfrentan decisiones extremadamente difíciles sobre si quedarse juntas o no», señaló Bush-Joseph. Y añadió, en vista del enfoque en las deportaciones masivas: «Lamentablemente, anticipo que habrá más de estas situaciones muy difíciles en las que los padres serán deportados y sus hijos quedarán atrás o serán arrancados de la vida que conocían en EE. UU.».
El caso de Génesis, la ciudadana estadounidense de kindergarten que fue deportada, es un crudo recordatorio de las consecuencias humanas de las políticas migratorias y de las difíciles encrucijadas a las que se ven forzadas miles de familias en la sombra de la ley.
