En el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) expresa su profunda preocupación ante el deterioro sostenido de la libertad de prensa en Honduras. Durante el primer cuatrimestre de 2026 se registraron 41 alertas de agresiones contra periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos, lo que representa un incremento del 46.4 % respecto a las 28 agresiones reportadas en el mismo período de 2025. Esta escalada de violencia evidencia la vulnerabilidad del gremio periodístico y la ausencia de garantías estatales para el ejercicio informativo.
El análisis de las alertas registradas revela una diversificación de las formas de agresión. Estos hechos no constituyen incidentes aislados, sino que configuran un patrón recurrente de restricciones: intimidación en un 44 % (18 alertas), judicialización de la crítica en un 17 % (7 alertas), obstrucción informativa en un 24 % (10 alertas) y estigmatización desde el poder u otras agresiones en un 15 % (6 alertas). Esta tendencia genera un entorno adverso para el ejercicio del periodismo en todas sus formas, afectando tanto a periodistas y comunicadores de medios privados, comunitarios, digitales y tradicionales, como a quienes ejercen la comunicación desde espacios independientes.
Entorno de censura
La criminalización de actores clave en la defensa de los derechos humanos también se registra en las grandes ciudades. Christopher Castillo, coordinador general de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), fue judicializado por supuestos delitos de injurias y calumnias, en un proceso interpuesto por Joseph Walter Brenes, propietario de la empresa Avícola El Cortijo. Cabe señalar que ARCAH ha denunciado durante ocho años la presunta contaminación del río Choluteca como consecuencia de desechos industriales avícolas, señalando impactos negativos en la salud de comunidades cercanas, particularmente en la aldea Loarque y sectores aledaños de Tegucigalpa.
Todo lo anterior compromete no solo la labor informativa en sus distintas expresiones, sino también el derecho ciudadano a acceder a información plural, oportuna y de interés público. Estas prácticas configuran, en conjunto, un entorno de censura indirecta: uno en el que la expresión no se prohíbe formalmente, pero se crean las condiciones para inhibirla.
Uno de los elementos más preocupantes es la reiterada participación de agentes estatales en las agresiones documentadas: obstrucción a la labor periodística por parte del director de transporte en Choluteca; uso excesivo de la fuerza por cuerpos de seguridad para disolver manifestaciones ciudadanas; y amedrentamiento de comunicadores sociales por parte de diputados, como ocurrió con la Asociación de Prensa en Islas de la Bahía.
Las conductas documentadas contravienen obligaciones claras del Estado hondureño en materia de derechos humanos:
- La Constitución de la República de Honduras garantiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa.
- La Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13) establece que la libertad de expresión no puede ser restringida por vías indirectas, incluidas presiones o abusos de poder.
- La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión del sistema interamericano señala que el uso del aparato judicial para intimidar a periodistas por informaciones de interés público constituye una forma de censura indirecta.
- Finalmente, el registro de 41 alertas en un periodo de pocos meses constituye una señal inequívoca de una alerta nacional, respecto a que Honduras enfrenta un momento crítico en materia de libertad de expresión, donde la respuesta institucional será determinante para definir si se consolida un entorno de restricción o se retoman los principios democráticos que garantizan el derecho a informar y ser informado.
C-Libre advierte que la continuidad de estas prácticas representa un riesgo real para la democracia hondureña, al debilitar el debate público, restringir el acceso a la información y generar autocensura entre periodistas y medios. El deterioro de la libertad de expresión no afecta únicamente a quienes ejercen el periodismo, sino a la sociedad en su conjunto, que ve limitado su derecho a informarse y participar en asuntos de interés público.
De igual manera, la amenaza de querellas, la estigmatización y la presión institucional representan, en consecuencia, violaciones directas a estos principios y comprometen la responsabilidad internacional del Estado.
