Criterio HN
Tegucigalpa. –Inmediatamente que dejó la presidencia de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue juramentado este jueves por el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Hernández se integra de manera automática al organismo, cuestionado por acoger a funcionarios corruptos de la región.
El expresidente hondureño, que evitó participar hoy en la toma de posesión de su sucesora, Xiomara Castro, apareció detrás de una pantalla en una ceremonia virtual donde las autoridades del Parlacen le tomaron la promesa de ley para asumir el cargo.
En las últimas horas la congresista demócrata, Norma Torres, envío una carta a la fiscalía estadounidense pidiendo al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acusar inmediatamente y solicitar la extradición de Hernández de Honduras al término de su mandato el 27 de enero.
En su carta, Torres dice que Hernández “ha sido una figura central en socavar el estado de derecho en su propio país y en proteger y ayudar a los narcotraficantes a mover sus materiales a través de Honduras y los Estados Unidos”.
En varios juicios celebrados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Hernández ha sido identificado como co-conspirador, de hecho, ha sido identificado con el código de CC-4.
Cabe señalar que la inmunidad parlamentaria que otorga el Parlacen a sus miembros no es efectiva ante el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos.
Actualmente, el Parlacen es presidido por el nicaragüense Guillermo Daniel Ortega Reyes, quién es férreo defensor del gobernante Daniel Ortega y ha permanecido a lo interno de ese órgano durante los últimos 15 años. Antes de presidir el organismo regional, Ortega Reyes, se desempeñaba como pastor de la iglesia evangélica. Actualmente, ejerce su cuarto periodo.
Juan Orlando Hernández y Daniel Ortega, mantienen una fuerte relación que va más allá del trato de jefes de gobierno, a tal grado, que en Honduras se especula que, ante el temor a la extradición a Estados Unidos, Hernández estaría planificando refugiarse en Nicaragua como lo han hecho los expresidentes de El Salvador, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, prófugos de la justicia salvadoreña.
OTROS CORRUPTOS QUE BUSCAN INMUNIDAD
En las últimas semanas, los líderes del Partido Nacional, Mauricio Oliva y Ricardo Álvarez, fueron integrados como diputados al Congreso Nacional. Ambos casos entraron de manera agónica como parte de las planillas del proceso electoral de noviembre de 2021.
Oliva, expresidente del Congreso Nacional por dos periodos consecutivos (2014-2018 y 2018-2022) logró colocarse pese a que la Ley Electoral se lo prohibía, pues participó como precandidato presidencial del Partido Nacional y perdió frente a Nasry Asfura.
Mientras tanto, Álvarez fue integrado por decisión del Congreso Nacional, ya que la Ley Orgánica del Parlacen, estipula la integración automática de los presidentes que vacan en sus periodos y de los vicepresidentes o en los países donde existe la figura de designados, que el Congreso designe a uno de ellos.
Oliva y Álvarez, han sido salpicados por la corrupción. Oliva influyó para que la desmantelada Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), suspendiera un proceso de investigación en su contra porque no se le había notificado.
La investigación se efectuaba con el acompañamiento de la también fenecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) que, en enero de 2018, reveló que Oliva era el líder de una red de diputados corruptos dedicada al saqueo de fondos públicos.
Por su parte, Ricardo Álvarez, aunque no ha sido acusado, desde el 2016, el Ministerio Público informó que investigaba irregularidades en el proyecto Trans-450, construido durante su gestión como alcalde capitalino.
