Norma Rodríguez, madre de Keyla Martínez, vía zoom en el “Curso de Empoderamiento de Jóvenes y Mujeres para la transparencia y la justicia” impartido por OAH.
Por: Evelyn Alva
Keyla Martínez, una joven estudiante de enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), fue asesinada dentro de una celda en una Jefatura Policial en La Esperanza, Intibucá, el 7 de febrero de 2021, durante un estado de excepción decretado por la pandemia de COVID-19. Su madre recuerda que Keyla amaba su carrera y su trabajo como enfermera.
El sábado 6 de febrero de 2021, Keyla salió por la tarde para relajarse y escapar del estrés del confinamiento provocado por la pandemia. A las 11:45 pm, Keyla y su acompañante Edgar Velásquez fueron detenidos ilegalmente, presuntamente por violar el toque de queda impuesto bajo el Decreto Ejecutivo PCM 012-2021, durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández.
Durante su detención, a Keyla no se le permitió hacer ninguna llamada para informar a sus familiares sobre su arresto, lo que constituyó una violación de sus derechos desde el principio. Tras su arresto, del cual incluso se tomaron fotografías en la posta policial, fue ingresada en una celda. Allí sufrió violencia física y perdió la vida bajo la custodia de la Policía Nacional. Inicialmente, la policía alegó que Keyla se había suicidado con su suéter dentro de la celda.
El único policía acusado por el feminicidio de Keyla fue Jarol Rolando Perdomo Sarmiento. Las pruebas incluían la inspección judicial de la celda y dictámenes de vídeo forense que mostraban que el imputado permaneció en el recinto donde estaba recluida Keyla y luego se mantuvo afuera de forma sospechosa, sin retornar a su posición de asistente del comandante de la estación y encargado de las llaves de las bartolinas y custodia de los detenidos.
Además, la autopsia psicológica realizada por expertos determinó que Keyla no sufría ningún trastorno mental que la llevara al suicidio. El dictamen de patología forense reveló que la manera de muerte fue homicida y la causa de muerte fue asfixia por obturación de orificios respiratorios. La prueba documental, que incluía los libros de novedades decomisados por la ATIC en la posta y en las patrullas asignadas a la UDEP 10, demostró que hubo manipulación en la escena del crimen por parte del policía acusado.
La Policía Nacional, sin realizar una investigación adecuada, afirmó rápidamente en un comunicado de prensa que la muerte de Keyla fue un suicidio. Sin embargo, defensoras de derechos humanos y especialistas en medicina forense cuestionaron esta versión, señalando que las condiciones de la celda hacían imposible tal acto.
En septiembre de 2023, el Tribunal de Sentencia determinó que el agente de policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento había cometido el delito de homicidio imprudente por omisión. Esta nueva tipificación fue criticada por organizaciones de mujeres y feministas, que consideraron que al calificar el femicidio como homicidio imprudente se desestima la realidad de la violencia de género y las circunstancias sospechosas de la muerte de Keyla Martínez.
Desde el inicio, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) había dictaminado que la muerte de Keyla Martínez era un femicidio agravado. Con la nueva tipificación, la defensa de Jarol Perdomo solicitó la pena mínima de un año, argumentando el tiempo de detención preventiva del imputado. Tras salir en libertad, Jarol Perdomo sigue ejerciendo como policía.
El caso de Keyla Martínez está marcado por actos de manipulación y corrupción, evidenciando el abuso de poder de los entes de seguridad del Estado y la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia. Norma Rodríguez, madre de Keyla, continúa alzando la voz y exigiendo justicia, luchando para que cada implicado en el femicidio de su hija sea arrestado y castigado. A pesar del paso del tiempo, el caso sigue en manos de la Corte Suprema de Justicia, que hasta el momento no ha tomado acciones decisivas.
El caso de Keyla Martínez es un claro reflejo de la ineficiencia de las autoridades en Honduras y la falta de justicia para las víctimas de actos violentos. La manipulación de la escena del crimen, la rápida y sin fundamento declaración de suicidio por parte de la Policía Nacional y la posterior clasificación del feminicidio como homicidio imprudente, subrayan las graves deficiencias en el sistema judicial y de seguridad del país.
Este caso no solo evidencia el abuso de poder y la corrupción dentro de las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía, sino que también pone de manifiesto la vulnerabilidad y desamparo que enfrentan las mujeres en Honduras. La lucha incansable de Norma Rodríguez por justicia para su hija Keyla, es un testimonio de la resiliencia frente a un sistema que falla en su deber más básico: salvaguardar la vida y los derechos de sus ciudadanos.
