TEGUCIGALPA, 14 de septiembre de 2026.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) insta al Estado de Honduras a traducir las lecciones del caso del defensor ambientalista Juan López en medidas efectivas que prevengan nuevos ataques contra personas defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos en el país.
OACNUDH reconoce importantes avances recientes en la investigación y judicialización de los responsables. Sin embargo, es importante que los esfuerzos se mantengan y permitan determinar la responsabilidad penal de todas las posibles personas involucradas y el esclarecimiento pleno de los hechos. Las responsabilidades individuales deben ser determinadas por las autoridades competentes, mediante investigaciones rigurosas, expeditas y exhaustivas y procesos judiciales independientes, imparciales y respetuosos del debido proceso. Además, las investigaciones deben de ser sensibles al contexto y a los patrones de violencia que subsisten en contra de personas defensoras de derechos humanos y en el Bajo Aguán. Asimismo, en el marco de la investigación, el Estado debe de proteger a los familiares, víctimas y testigos.
La falta de justicia y las demoras injustificadas favorecen la impunidad. Es fundamental que se fortalezcan la autonomía e independencia funcional del Ministerio Público y la independencia judicial.
“El legado de Juan López exige honrar su vida, acompañar a su familia en su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, y exigir el cese de las causas que hicieron posible su asesinato. Defender los derechos humanos no debe costar la vida”, afirmó Juan Carlos Monge, Representante de OACNUDH en Honduras.
La defensa de los derechos humanos es una actividad legítima y necesaria que debe ser reconocida y garantizada por el Estado. La Oficina insta a las autoridades del Estado a que se abstengan de hacer declaraciones o realizar actuaciones que desacrediten a quienes expresan preocupaciones sobre decisiones públicas, proyectos extractivos o impactos medio ambientales.
Las instituciones de seguridad y justicia deben distinguir entre conductas delictivas y el ejercicio legítimo de las libertades de expresión, reunión, asociación y participación.
El Estado debe regular, supervisar y socializar las actividades empresariales; asegurar transparencia y el cumplimiento de requisitos legales en el otorgamiento de permisos y licencias; garantizar evaluaciones ambientales rigurosas e independientes; facilitar información accesible y participación efectiva de las comunidades; y proteger a quienes presenten reclamos. Las empresas, por su parte, deben ejercer debida diligencia continua para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre sus impactos reales y potenciales, incluida la exposición de personas defensoras a represalias y ataques.
La prevención de conflictos relacionados con la tierra, el territorio y el medio ambiente requiere de abordajes estructurales, respuestas coordinadas de las instituciones y protección de personas defensoras. La utilización de medidas coercitivas, procesos de criminalización, desalojos o privaciones de libertad como respuesta principal a las demandas sociales no resuelve las causas del conflicto. Por el contrario, puede intensificar y producir graves impactos sobre las personas, las familias y las comunidades.
“Honrar la memoria de Juan López implica procurar que su caso contribuya a transformar las condiciones que ponen en riesgo a quienes de enden derechos. Esto requiere avanzar hacia la verdad y la justicia, fortalecer la independencia de las instituciones, garantizar una protección efectiva, promover una actuación empresarial responsable y asegurar decisiones públicas transparentes y participativas”, concluyó Monge
