Las 16 organizaciones de mujeres y derechos humanos que presentamos una solicitud de acción urgente ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU por la desaparición forzada de la joven Angie Samanta Peña Melgares expresamos nuestra satisfacción por la reciente operación de las autoridades hondureñas con la cual se logró desmantelar una red de pornografía infantil, trata de personas y otros delitos contra mujeres jóvenes y niñas en las Islas de la Bahía.
Reconocemos el importante impulso a las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público desde la llegada de las nuevas autoridades del ente fiscal, así como la oportuna coordinación con la Secretaría de Seguridad para lograr la identificación de todos los miembros de esta estructura criminal y la captura de algunos de ellos. Confiamos en que la cooperación entre Estados permita que se someta ante la justicia a otros involucrados y, de esta forma, se envíe un mensaje claro de que no se tolerará más el flagelo de la trata de personas es sus diferentes modalidades.
Expresamos nuestra preocupación por el involucramiento de policías y servidores judiciales en este delito, lo cual ratifica la necesidad de realizar una profunda revisión y transformación de los mecanismos de acceso, permanencia y separación de los agentes estatales del sector justicia y seguridad, con el fin de evitar que algunos de sus miembros abdiquen de su obligación de garantizar los derechos y libertades de todas las personas, particularmente de las mujeres y las niñas, y formen parte de estructuras criminales responsables de este terrible crimen.
Aprovechamos la oportunidad para recordarle al Estado de Honduras que el 22 de enero de este año el Comité contra la Desaparición Forzada emitió una resolución en la que le requirió de forma urgente la adopción de todas las medidas necesarias con el objetivo de buscar y localizar a Angie Peña, e implementar una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para su búsqueda inmediata, así como la investigación exhaustiva e imparcial de su desaparición para judicializar y sancionar a las personas responsables. En todas estas acciones las autoridades tienen la obligación de garantizar la participación efectiva de la familia y sus representantes, y el acceso a la información pertinente.
En este sentido, valoramos positivamente la apertura del Fiscal General Johel Zelaya para reunirse con la familia de Angie Peña y las organizaciones representantes con el fin de impulsar las investigaciones, pero lamentamos la falta de respuesta del Secretario de Seguridad Gustavo Sánchez a las solicitudes de reunión que se le han presentado en dos ocasiones.
Finalmente, le reiteramos a la presidenta Xiomara Castro nuestra petición de crear urgentemente una Comisión de Búsqueda con la asistencia técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Honduras para abordar el fenómeno de las desapariciones en el país, como una muestra de su compromiso con los derechos humanos de las víctimas.
