La Coalición Contra la Impunidad, en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19 informa lo siguiente:

  1. Consideramos que en nuestro país la letalidad de la pandemia del coronavirus se ve aumentada por la debilidad del Sistema de Salud provocada por la privatización, la reducción dramática de su presupuesto, la precarización de las condiciones laborales del personal de salud, la corrupción y la ineptitud dolosa de funcionarios públicos que se han dedicado en la última década a mermar drásticamente el goce efectivo del derecho a la salud.
  2. Denunciamos que mediante el decreto de Emergencia Sanitaria PCM 005-2020 del 10 de febrero de 2020, a la Secretaría de Salud y la Comisión Permanente de Emergencias (COPECO), les fue asignada una partida inicial de 110 millones de lempiras y se les dio discrecionalidad para el uso de los presupuestos institucionales para prepararse con los insumos médico hospitalario necesarios para enfrentar la pandemia, y a casi dos meses de ello no se han realizado las gestiones necesarias.
  3. Nuestra Constitución Política y el Código de la Salud reconocen el derecho humano a la vida y a la salud. La Sala de lo Constitucional establece que la salud tiene una doble naturaleza en tanto derecho humano y servicio público, y que, por estar íntimamente ligado a la dignidad humana y a que su afectación compromete otros derechos fundamentales como la vida y la integridad física, psíquica y moral, se eleva y adquiere jerarquía o “carácter de derecho fundamental” que merece protección constitucional mediante la garantía de amparo.
  4. Es así que varias personas miembras de nuestra plataforma han presentado el día de ayer 03 de abril de 2020 un recurso de amparo colectivo contra el Presidente de facto Juan Orlando Hernández Alvarado, quien ostenta ilegalmente la titularidad del Poder Ejecutivo, contra Alba Consuelo Flores, Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, y contra Gabriel Alfredo Rubí Paredes, director de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), en favor de la población del Estado de Honduras para que se garantice el derecho a la salud y a la vida.
  5. El amparo tiene como finalidad de que se ordene el suministro de todo el equipo médico al sistema de salud y hacer accesible a los pacientes de TODOS los hospitales, clínicas y/o centros de salud pública del país los medicamentos y equipo médico que sean necesarios en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus y que se garanticen todas las medidas de bioseguridad a las y los trabajadores de la salud.
  6. Por lo anterior exigimos:
    Que de manera urgente la Sala de lo Constitucional realice las sesiones virtuales necesarias para que emita la correspondiente resolución ordenando las medidas cautelares peticionadas para proteger de manera inmediata el derecho a la salud y la vida de la población hondureña y garantice los equipos de bioseguridad para las y los trabajadores de la salud.
    Tegucigalpa M.D.C. 04 de abril de 2020

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