“El 26 de abril el rio estaba claro, pero el 27 de abril inicio nuestro martirio, desde ese día Inversiones Los Pinares nos cambió la vida, tocaron la única fuente de agua de Guapinol, ver ese río hecho un lodo, debimos defender el rio desde mucho antes, pero esto nos ha impulsado a seguir en contra de este proyecto minero, que nos ha venido a poner en peligro a nosotras, a nuestras familias y a nuestro animales.”(Testimonio de defensora).
La Coalición Contra la Impunidad (CCI), luego del violento desalojo realizado el 27 de octubre contra las personas que pacíficamente se mantenían en resistencia en el “Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida”, en Tocoa, Colón, realizamos una visita in loco, los días 01 y 02 de noviembre del presente año, para el reconocimiento e investigación de la situación de derechos humanos, constatando las graves violaciones a los mismos, cometidas por funcionarios y personas particulares.
Esta misión estuvo conformada por 19 organizaciones de derechos humanos de los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Colón, La Paz, Atlántida, Choluteca y organizaciones internacionales. Se realizaron entrevistas con miembros de la institucionalidad formal, entre ellos la jefatura de la policía, la comandancia del 5to. Batallón de Infantería, el Alcalde y miembros de la corporación municipal, la representación del CONADEH, medios de comunicación, las comunidades en resistencia, con el Comité Pro Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, finalizando con una visita y asamblea con más de
200 habitantes de la comunidad de Guapinol, en su mayoría mujeres, que en viva voz exigieron el cierre de la minera Inversiones Pinares.
Las organizaciones parte de la Coalición Contra la Impunidad (CCI), nos pronunciamos en solidaridad con las luchadoras y luchadores, defensoras y defensores de la vida y:
- Reconocemos y valoramos la valiente lucha de las comunidades, especialmente de las mujeres en defensa del rio
- Establecemos que la concesión del proyecto extractivo minero ASP 1 y ASP 2 otorgado a favor de la empresa Inversiones Pinares, propiedad del señor Lenir Pérez, es producto de prácticas legislativas irregulares y corruptas para favorecer el despojo territorial por parte de empresas privadas. Es una ilegalidad suprema que el decreto 127-2012 que declaró como área protegida la montaña de Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, haya sido reformado mediante decreto 252-2013 presentado por el ex diputado nacionalista Ricardo Antonio Díaz Aceituno, ampliando la zona de amortiguamiento y dando acceso ilegal a la explotación
- Establecemos que las instituciones estatales, Instituto Hondureño de Geología y Minas (INGEOMINH), la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), han otorgado una licencia ambiental que vulnera el derecho al agua, al medio ambiente sano y a la salud de miles de
- Establecemos que el permiso de operaciones otorgado por la corporación municipal evidencia una vez más el irrespeto al derecho a la consulta que tienen las y los ciudadanos y la colusión de los funcionarios municipales en las redes de corrupción para implementar los proyectos de muerte y
- Declaramos que la resistencia ha sido pacífica por parte de diferentes comunidades y organizaciones de Tocoa, organizadas en el Comité Pro Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, con el objetivo legítimo de defender el agua y, ante la falta de respuesta a sus demandas, instalaron el “Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida”, siendo su única herramienta para evitar la destrucción de su río.
- Denunciamos las campañas de estigmatización organizadas por la empresa Inversiones Pinares, para deslegitimar la lucha legítima de las comunidades y organizaciones y personas que resisten a la voracidad y corrupción estatal y
- Denunciamos que el señor Juan Orlando Hernández presentó el proyecto de reforma a la Ley Especial de Órganos Jurisdiccionales con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal el cual fue aprobado por los diputados, incluyendo así el delito de usurpación en la competencia de estos juzgados, complaciendo a las elites empresariales que querían jueces especiales para criminalizar a las personas que luchan por la tierra, el agua y la vida equiparándolos al crimen
- Denunciamos al Ministerio Público y al Juez de Jurisdicción Nacional de San Pedro Sula, por la criminalización en el proceso penal 148-2018, por el delito de usurpación contra 18 luchadores y luchadoras sociales, defensores y defensoras de derechos humanos del “Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida”.
- Denunciamos la incursión bélica y la violencia extrema por parte de al menos 1,500 agentes policiales y militares el día 27 de octubre contra “Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida” cuando realizaron un desalojo
- Denunciamos la obstrucción a la labor informativa, las amenazas y la violencia contra las y los periodistas al momento de cubrir el ilegal
- Denunciamos la militarización de la zona para intimidar, vigilar y desmovilizar la lucha legítima contra la ejecución del proyecto minero de
- Exigimos investigar la existencia de grupos armados en la zona, que operan al margen de la ley, aun con la plena vigencia del decreto legislativo que prohíbe expresamente la portación pública de armas en el Departamento de Colón. Investigar las acciones constitutivas de delito de estos grupos armados, ponerlo a la orden de la justicia, deducir responsabilidad y brindar una justa reparación a las víctimas.
- Exigimos un alto a la violencia estatal y privada, la desmilitarización inmediata, el cierre del proceso penal, la investigación de las violaciones a derechos humanos, que se dé una respuesta rápida por parte de la Corporación Municipal encabezada por el alcalde Adán Fúnez a la demanda del Comité Pro Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, que se revoque la concesión ilegal.
- Afirmamos que la única forma de tratar los conflictos ambientales es respetando el derecho a la consulta previa libre e Todo proyecto impuesto en las comunidades tarde o temprano se expresará como una grave crisis social que entraña violaciones de derechos humanos. La transformación de este conflicto debe pasar necesariamente por la revisión del cumplimiento de este requisito y la efectiva participación de las comunidades.
Tegucigalpa, MDC. 14 de noviembre 2018.
Coalición Contra la Impunidad (CCI).
