Más de tres mil armas de fuego que fueron decomisadas en operativos de seguridad, podrían ser destruidas en Honduras, sin antes haber cumplido con un proceso técnico y certificado de su origen, uso como prueba o evidencia de un crimen o verificación, en donde se descarte que no hayan sido reutilizadas para otros delitos, cuando quedaron al resguardo de la Policía Nacional o del Ministerio Público (MP).
Decenas de armas de fuego y municiones son decomisadas a diario a nivel nacional por parte de agentes de la Policía Nacional, Dirección Policial de Investigación (DPI), Policía Militar del Orden Público (PMOP) y miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público (MP), la mayoría van a parar a las bodegas o Almacén Central de la Secretaría de Seguridad en el barrio “Casamata”, en Tegucigalpa, pero también a bodegas del MP y del Poder Judicial.
Gran parte de estas armas no han pasado por un proceso de peritaje, en donde se determine o descarte su reutilización, incluso la histórica sospecha, tanto por funcionarios de la Secretaría de Seguridad como MP y hasta el Poder Judicial es que al no existir un perfil técnico-científico de cada arma almacenada sujeta a destrucción, podrían haberse utilizado en hechos delictivos una y otra vez.
De las armas sujetas a destrucción en 2017, se encuentran más de dos mil armas largas, al menos 820 armas cortas que corresponden a artefactos entregados voluntariamente por la Compañía Agrícola de Centroamérica (Cadeca), fusiles entregados por decreto 101-2003, armas entregadas por la Procuraduría General de la República de Honduras (procesos judiciales con sentencia firme) y armas decomisadas por diferentes faltas, según información policial a la que tuvo acceso exclusivo LA TRIBUNA en el marco de la iniciativa de periodismo de investigación y datos de Internews.
La Policía Nacional hizo desde febrero un inventario de armas a destrucción, pero a la fecha se desconoce detalladamente si cada una de esas armas puede ser destruida a falta de un peritaje técnico-científico en que debiera de conocerse cómo ingresó al país y quiénes son los dueños, ya que muchas no tienen número de serie, otras aparecen como reseñas nombres que no existen, usurpación de identidades para poder registrarlas, algunas aparecieron en operativos sin tener una marca e incluso existe una cantidad considerada de armas que fueron robadas a agentes policiales y militares.
FUSILES, REVÓLVERES Y LANZAGRANADAS
El aumento de la circulación de armas por los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) mantiene en alerta a las instituciones de seguridad de los mismos y según reportes hondureños, circulan en el territorio nacional, entre 600 a 700 mil armas, especialmente fusiles, armas de guerra y “caseras”.
Para el caso, el número de armas decomisadas relacionadas con delitos entre el 2013 al 2017 fueron mil 576, de las cuales predominan “armas hechizas” 727; modificadas 208; encontradas en escenas de crimen 272; y uso en robos y asaltos 172.
Asimismo, armas prohibidas 53: encontradas en centros penales 39; involucradas en secuestros 13 y para amenazas o extorsión 92. A estas se suman las robadas o extraviadas a miembros de la Policía Nacional, al menos 96.
Solo en el primer semestre de 2017 se han decomisado mil 551 armas de fuego, fusiles tipo AK-47, M-16, AR-15, Fusil Automático Liviano (FAL), subametralladoras Uzi y Mini Uzi y 21 mil 299 proyectiles de diferente calibre. Además otro material balístico y armamentista como 93 granadas de alto poder destructivo, según el último reporte de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (Fusina).
Cabe aclarar que cifras de la Secretaría de Seguridad, específicamente de la Dirección Policial de Investigación Criminal indican que el decomiso de armas fue de 1,576 desde el 2013 a 2017.
Si bien estas armas fueron decomisadas por razones legales, es decir que entre las causas de los decomisos figuran portación ilegal, involucramiento en un hecho delictivo o criminal, armas robada o decomisada al portador por estar en estado de ebriedad, entre otros, en muchísimos casos la mayoría de estas armas son adquiridas por la vía legal y muestra de ello es que en menos de ocho años más de 112 mil armas han sido registradas en la DPI, cumpliendo los requisitos, según el Sistema de Estadística Policial en Línea (Sepol) .
DESTRUCCIÓN DE UZIS, MINI UZIS Y AMETRALLADORAS
Las armas en bodega para destrucción este año, según estadísticas de la Dirección de Logística de la Policía Nacional a las que LA TRIBUNA tuvo acceso, son 24 armas tipo Uzi, Mini Uzi y subametralladora calibres 9 y 40 milímetros; 396 revólveres calibres 22, 32 y 38 milímetros; 744 pistolas calibres 3.80, 9, 22 y 25 milímetros, entre otros.
Referente al protocolo que la Policía Nacional pone en práctica a las armas decomisadas, la Secretaría de Seguridad refiere que en el caso de ser una falta administrativa que conlleva a sanción estipulada en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares, realizado el decomiso es remitida a la Unidad Policial de su jurisdicción y esta al Almacén de Armas en comiso ubicado en el barrio Casamata.
En el caso que la tenencia de arma constituya una acción penal, sea esta por portación ilegal, arma de un uso prohibido o que hayan participado en algún ilícito, esta se remite al Ministerio Público (MP).
Sobre quiénes son los responsables de la custodia de armas decomisadas, la respuesta que se obtuvo fue que es responsabilidad del Almacén de Armas en comiso dependiente de la Dirección de Logística de la Policía Nacional en caso de falta administrativa que conlleve a sanción estipulada en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares.
Los decomisos tras hechos delictivos, especialmente de armas prohibidas el juez determinan donde puede estar esa arma, sea en Casamata o en la Fiscalía en la Unidad de Evidencias (bodega del MP), se informó en la DPI.
ANTECEDENTES DE LAS DESTRUCCIONES
El 24 de septiembre de 2013 el Ejército hondureño destruyó tres mil armas de fuego decomisadas al crimen organizado con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el marco del Programa Asistencia para el Control de Armas y Destrucción de Municiones en Centroamérica.
Las armas destruidas fueron fusiles tipo AK-47, AR-15, lanzacohetes, ametralladoras, y según reportes oficiales en ese entonces a falta de una máquina especial de destrucción de armas, este armamento fue destruido con sierra eléctrica, en medio de la ceremonia a la que asistieron como veedores del proceso las autoridades en ese entonces de la Secretaría de Defensa, Marlon Pascua, el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, general René Osorio, y la embajadora de la OEA en Tegucigalpa, Claudia Barrientos.
El 23 de mayo de 2014, el gobierno de los Estados Unidos por medio de la embajadora Lisa Kubiske, donó a Honduras dos máquinas para la destrucción de armas de fuego, municiones y explosivos. Una de estas máquinas se destinó a las Fuerzas Armadas (FF AA) y la otra a la Policía Nacional (Casamata).
El objetivo de esta donación fue que el armamento no volviese a caer en las manos de los criminales a quienes se les había despojado, al mismo tiempo de que Honduras ordenara su inventario retirando las armas obsoletas y piezas reutilizables para armas caceras.
Según la información de la embajada norteamericana, las cortadoras tipo guillotinas hidráulicas fueron un componente más en el programa de destrucción de armas financiado por el gobierno de los Estados Unidos, ejecutado por MAG Internacional, una Organización No Gubernamental (ONG) británica que ha realizado programas de manejo de armas y municiones, así como proyectos de destrucción en varios países de África y Centroamérica.
El programa también incluyó el mejoramiento de la seguridad en los sitios de almacenamiento de armas en Honduras y capacitación para la Policía Nacional de Honduras, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público (MP), se informó en ese momento.
Las máquinas donadas tienen la capacidad de destruir más de 50 mil armas cada uno, que permitirían al gobierno de Honduras reducir considerablemente el número de artefactos que tienen en exceso en sus almacenes la Policía Nacional, las FF AA y el MP.
El 3 de junio de 2014 la Policía hondureña comenzó otro proceso de destrucción de armas, esta vez unas 7 mil pistolas, fusiles AK-47, ametralladoras; además de 5 mil municiones decomisadas a bandas del crimen organizado.
De todas estas armas destruidas no existe un registro detallado o base de datos en donde estén incluso clasificadas, fechas de entrada y salidas de bodegas o si por medio de rastreo automático aparecieron de repente en otras escenas de crimen o en manos de personas que fueron detenidas, posteriormente a haber permanecido en custodia.
Tampoco, si la cantidad de armas destruidas hasta la fecha y las que se van a destruir concuerdan con el número detallado de lo que se registró en decomisos, para poder hacer una comparación real de las estadísticas.
A pesar de esto, según fuentes a lo interno de la Policía Nacional, se han realizado procesos de destrucción de miles de armas desde el 2013, la cifra supera los 12 mil 500, sin contar con las actuales 3 mil en proceso de destrucción al 2017.
ARMAS PUEDEN SER RASTREADAS CON SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y ATF
Según expertos en balística forense del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses adscrito al Ministerio Público (MP), existen procedimientos en Honduras que desde hace varios años se realizan para el rastreo de armas de fuego, incluso Estados Unidos por medio de USAID ha donado tecnología de punta y capacitado a expertos en balística para evitar la impunidad en el tema de armas de fuego y municiones.
Para el caso, hay huellas de tipo mecánico que imprimen los cañones y mecanismo de percusión de cada arma que podrían revelar por medio del rastreo digital la vinculación de esa pieza de evidencia o artefacto, en homicidios y otro tipo de delitos.
Es decir que, el tipo de análisis que se debería de aplicar para descartar la reutilización de las evidencias decomisadas, sería la identificación del arma y su funcionamiento mecánico y operativo.
Asimismo, la obtención de patrones y pruebas de disparo, rastreo digital externo (Sistema E-Trace) para determinar su procedencia, rastreo automático de correlación con el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), para determinar su participación en crímenes registrados en las bases de datos y restauración de series.
Para este proceso se requeriría además; establecer un protocolo de trabajo en donde la cadena de custodia por cada arma, el embalaje de las mismas y nuevos almacenamientos, serían fundamentales para asegurar los resultados de la investigación de cada pieza que no deja de ser una evidencia en cualquier etapa en la que se encuentre la judicialización del caso.
Los expertos balísticos forenses, explicaron que los sistemas de rastreo tienen registros desde mediados del 2012 por tanto los crímenes podrían seguirse o investigarse automáticamente hasta 2017 con evidencia de años anteriores.
Para el caso, el método de “E-Trace” rastrea armas de fuego que pasaron por Estados Unidos (importación) o que fueron fabricadas por ellos, o bien armas que fueron rastreadas por otro usuario a nivel internacional, y permite identificar la procedencia desde el fabricante.
Los resultados son proveídos por ATF (Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos u Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que en promedio, los resultados son enviados entre dos a cinco días desde la solicitud.
En cuanto al uso en Honduras de los sistemas IBIS, estos han sido alimentados en su mayoría con información y evidencia de la zona centro-sur, por lo tanto la probabilidad de éxito en el rastreo de las armas es elevada para crímenes cometidos en dichas zonas, según los expertos hondureños.
Por otro lado, se debe considerar qué pasará legalmente si los sistemas identifican una correlación automáticamente después de haberse destruido el arma, ya que solo se tendrán las muestras patrón y debe evaluarse el peso de los mismos de cara a un proceso de juico que impliquen múltiples homicidios con una misma arma de fuego, como si ha ocurrido con armas en la que se han solicitado peritajes por determinado caso investigativo en el MP. ( Saraí Alvarado)
