“El tema de la construcción de la cárcel en las islas del Cisne ya es un conflicto, desde el momento que no hay acceso a información oportuna es un conflicto”, Lucia Vijil, asesora en materia de justicia ambiental y ecológica
Josué Mejía – En Alta Voz
La construcción de la cárcel en las Islas del Cisne se ha vuelto un punto central durante las últimas semanas, propuesta que nace por la crisis en materia de seguridad en el país.
La presidenta Xiomara Castro, en una acción para mitigar el impacto que ha tenido el crimen organizado, decidió entre una serie de medidas tomar este paraíso escondido, y convertirlo en un mega centro penal para los reclusos de alta peligrosidad.
Según datos del Instituto Nacional Penitenciario, en Honduras existen 25 establecimientos carcelarios, son más de 20 mil privados de libertad con una sobrepoblación del 55%, dando como resultado una ingobernabilidad, circulación de armas y economía ilegal.
Para la Socióloga Mirna Flores, el problema actual de las cárceles se ha agravado por la complejidad del significado de la criminalidad, “En más de una década los gobiernos anteriores han manejado la gobernabilidad de las cárceles con políticas de mano dura, es decir, en todo momento de emergencia en la criminalidad se aplican medidas de carácter coercitivo, más encarcelamiento, con limitación de los derechos y libertades de los ciudadanos, y la salida de los militares a las calles, estas han sido las medidas privilegiadas por los gobiernos frente a la complejidad que significa la criminalidad”.
El tema de las cárceles no es una situación particular en Honduras, sino de todo Centroamérica, pero según expertos la capacidad en las fuerzas del orden para mantener el control de las cárceles es una prioridad en esta problemática.
“En el país las cárceles han sido gobernadas por grupos o bandas criminales en donde las mismas fuerzas del orden, no han podido controlar la dinámica al interior de las cárceles, han dado como resultado, masacres y muertes continuas”, afirmó Flores.
Las islas el Cisne están conformadas por un archipiélago de 3 islas; Cisne Grande con una medida de 3km, Cisne pequeño con una longitud de 2km y el cayo pájaro bobo con 93 metros de extensión, de las cuales en años anteriores han sido, casa de especies de animales endémicos, utilizadas para la producción de cocos, centro para el pronóstico de huracanes y estación de cuarentena para ganado.
El archipiélago se encuentra aproximadamente a 250 km de tierra firme, con una particularidad de estar ubicado en una zona de alta actividad de fenómenos tropicales y de no contar con agua dulce.
La instalación de un proyecto en la isla tendría un impacto ambiental, así lo afirma Iliam Rivera, presidenta del Colegio de Biólogos de Honduras, “Entre los impactos ambientales a corto plazo, se encuentra la modificación ambiental de la zona, la introducción de especies exóticas que pueden llevar a la extinción de ciertas especies de la isla, fragmentación del paisaje, acumulación del sobrante de la construcción, daños físicos por las embarcaciones, desarrollo de infraestructura marino costera. A largo plazo, el desplazamiento de especies nativas, perdida de ecosistema y contaminación marinos por la producción de sustancias químicas u otros desechos.
Entre los desechos de mayor impacto, estarían; las descargas de aguas grises y las aguas negras, contaminantes que para los biólogos que están en contra de la construcción de la isla, son más difíciles de tratar y de regular.
Por el hecho de que no hay agua dulce en la isla, el gobierno tiene planeado utilizar una planta desalinizadora de agua, que según expertos esta planta necesita de energía, y pasa por un proceso que genera agua caliente con una temperatura alta que sería desechada al océano generando resultados negativos.
Hasta el momento según afirman ciertos funcionarios, esta construcción sería una medida temporal, con el fin de trasladar a la isla a 2,500 reos de alta peligrosidad.
Lucia Vijil, asesora en materia de justicia ambiental y ecológica, afirma que la construcción en la isla altera todas las dinámicas ecosistémicas, generando mayor dificultad para comprender el relacionamiento entre sociedad y naturaleza, ya que la isla no está en tierra firme y no se conocen los resultados de costo – beneficio, no son los mejores para esta situación ya que es temporal, pero, aunque fuese permanente el impacto negativo que se estaría generando en el archipiélago sería muy grave.
“Desde el enfoque de justicia socio ambiental, y más allá de los derechos humanos como tal, este conflicto está manifestando la necesidad de un abordaje de los derechos de la naturaleza, que nos permitan no solo identificar el conflicto donde hay humanos”, afirmó Vijil.
Organizaciones defensoras del medio ambiente se han pronunciado sobre el tema, mencionando la superioridad de la especie humana sobre los ecosistemas y exigiendo que no se dañe el medio ambiente con la construcción de esta cárcel en las islas del Cisne.
