Criterio HN

Tegucigalpa, Honduras.- El 15 de noviembre de 2022, se presentó en el Congreso de la República el dictamen del anteproyecto de decreto de la Ley de Colaboración Eficaz, que servirá como un instrumento que permitirá contribuir en las investigaciones con el propósito de desarticular organizaciones criminales y redes de corrupción, a través del intercambio de testimonios veraces, que serán canjeados con beneficios al imputado. 

Sin embargo, en el Legislativo continúan vigentes una serie de decretos, como el 116-2019, el 57-2020 y el 93-2021, que impiden que el Ministerio Público ejerza acción penal contra diputados investigados por corrupción, sin una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), y que además modificaron la figura de lavado de activos, constituyendo verdaderos pactos de impunidad para las diputadas y los diputados que cometen actos de corrupción. 

Desde que se instaló la Unidad Fiscal Especializada Contra la Impunidad de la Corrupción, en 2017, desde el Congreso, entonces presidido por el nacionalista Mauricio Oliva, se edificaron estos muros de impunidad que ahora, con Luis Redondo en la presidencia, se han preservado. 

Dichos pactos de impunidad han permitido que diputados implicados en casos de corrupción a gran escala, como Caso Pandora, Caso Red de Diputados y, más recientemente, Caso Arca Abierta, sean beneficiados con sobreseimientos o cartas de libertad, en una evidente obstrucción a la justicia. 

En este momento, por ejemplo, el Estado hondureño atraviesa un proceso de nominación y elección de las 15 magistraturas de la Corte Suprema de Justicia para el período 2023-2030, y para sorpresa de varios, seis de los 15 actuales magistrados, cuestionados por su andar al frente del sistema de administración e impartición de justicia, hacen uso del derecho constitucional que les permite reelegirse, y se han postulado ante la Junta Nominadora. 

Desgraciadamente, cuatro de esos magistrados son los responsables de que las personas imputadas por Caso Pandora y Caso Arca Abierta se hayan vistos beneficiados por la impunidad. Se trata de María Fernanda Castro, Jorge Zelaya Zaldaña, Edwin Ortez y Rafael Bustillo. 

El 25 de enero de 2023, las diputadas y los diputados del Congreso de la República elegirán, con un mínimo de 86 votos, a las quince personas que impartirán justicia entre 2023 y 2030, por lo que, aseguran los analistas, habrá nuevamente una especie de complicidad entre la corrupta clase política y los endebles impartidores de justicia. 

COMPLICIDAD ENTRE EL JUDICIAL Y EL LEGISLATIVO

A criterio del analista político y jurídico, Josué Murillo, la impunidad se fragua desde que se formulan las leyes y se materializa en el sistema de justicia. 

Josué Murillo, analista político

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“El Congreso es el máximo epicentro de corrupción y, desafortunadamente, son los  mismos diputados quienes generan las leyes con sus propias estrategias de blindaje, para escapar del castigo a nivel penal, y ser intocables por la justicia. La justicia, por su parte, para no meterse en problemas con quienes tienen el poder político y quienes son quienes les escogen, se hacen de la vista gorda como en todos estos casos de corrupción que ha presentado la Fiscalía”, explicó a Criterio.hn.

CICIH EN RIESGO

Por su lado, la representante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), Gabriela Blen, manifestó que las redes de corrupción no se pueden combatir con instituciones débiles y con una expresa voluntad del Congreso por mantener vivas leyes que no son más que pactos de impunidad. 

Gabriela Blen, de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia

“Consideramos que las redes de corrupción que operan en el país no se pueden combatir con mecanismos débiles y sin voluntad política para realmente frenar la corrupción”, expresó a este medio digital. 

Al mismo tiempo, recalcó que una de las condicionantes que ha puesto la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con miras a la instalación de una eventual Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) en Honduras, es justamente revisar y reformar el marco normativo nacional.  

“Si en un escenario dado las Naciones Unidas no ven voluntad del Congreso y del Gobierno, de generar el ambiente legal apropiado para que esta comisión opere en el país, podría complicarse su instalación”, añadió.

En el memorando de entendimiento entre el Gobierno y las Naciones Unidas, que todavía no se ha firmado, explícitamente se sugiere la derogación del decreto 116-2019, que ha blindado a diputados corruptos, y además la creación de otras leyes, entre las cuales está la Ley de Colaboración Eficaz, que ha sido alabada por algunos y cuestionada por otros. 

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