SIP
Miami (26 de abril de 2024) – El régimen cubano detuvo a la corresponsal del diario español ABC, Camila Acosta, cuando se dirigía a la municipalidad de Cárdenas para entrevistar a familiares de presos políticos. Acosta expresó que “las historias de los presos políticos son temas sensibles y están evitando a toda costa que yo haga mi trabajo”.
En Paraguay, el diputado oficialista Yamil Esgaib agredió a las periodistas Fiona Aquino y Rocio Pereira Da Costa cuando le consultaron sobre la contratación de su hija, quien trabaja en la embajada paraguaya en Reino Unido. Posteriormente, la mayoría parlamentaria bloqueó una moción de censura contra el legislador.
En México, la organización Artículo 19 informó que en 2023 se registraron 22 casos de acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación y, en Costa Rica, una diputada solicitó al gobierno del presidente Rodrigo Chaves desistir de sus actitudes agresivas frente a los cuestionamientos de la prensa.
Por otro lado, la ministra de Comercio Exterior de Perú le arrebató el micrófono a Néstor Larico, periodista de Nueva TV Nacional, al ser cuestionada sobre su aceptación del cargo. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú condenó el hecho y sostuvieron que “ese nivel de intolerancia es impropio de quien ejerce función pública”.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) informó en Colombia que al menos 13 periodistas fueron agredidos durante protestas en contra del presidente Gustavo Petro. “Los reporteros de RTVC, Juan Maza BQ, El Tiempo, Cofradía para el Cambio, Tras Este Visor y El Tamal News fueron víctimas de agresiones físicas y verbales, obstrucción al trabajo periodístico y amenazas, lo que los obligó a interrumpir la cobertura para salvaguardar su integridad”, dijo la organización a través de un comunicado.
En Argentina, la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, mencionó a 20 periodistas con los cuales el presidente Javier Milei ha protagonizado enfrentamientos en los últimos meses.
En Estados Unidos, como parte del juicio criminal contra el expresidente Donald Trump, el director del tabloide neoyorquino National Enquirer difundió detalles sobre la práctica de eliminar informaciones comprometedoras sobre personalidades públicas a cambio del pago de dinero a las fuentes. La práctica, conocida como “catch and kill”, no constituye un delito expreso pero representa una grave afectación para el ejercicio del periodismo libre e independiente.
En torno a la grave crisis en Nicaragua, un informe de la ONG “Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más“, desde 2018, al menos 253 periodistas nicaragüenses viven en el exilio por razones de seguridad.
El documento se publicó durante el sexto aniversario de la muerte del periodista Ángel Gahona, cuyo asesinato sigue sin resolverse. Esta semana, su caso fue destacado por la SIP en la campaña “Voces que Reclaman Justicia”, una iniciativa que busca combatir la impunidad y rescatar la memoria de periodistas asesinados.
