Fosdeh

El sistema electoral en Honduras ha venido arrastrando fallas y debilidades estructurales que no han sido abordadas eficazmente por las autoridades, pese la evidencia empírica y estadística que demuestra la necesidad de normar reformas sustantivas como: la segunda vuelta, reelección, y el mismo cociente electoral, entre otras, muy a pesar de las reiteradas recomendaciones nacionales e internacionales. Las reformas realizadas recientemente no cumplieron con las expectativas ciudadanas, sólo las partidarias. Ante ello, cada cuatro años se realizan sendos gastos en procesos electorales que no satisfacen criterios mínimos de participación ciudadana, transparencia y principalmente de reflejar la voluntad verdadera de la población expresada a través de su voto. Aunque el gasto se ha venido incrementando de L134 millones en 2010 a L1,249 millones en 2017 y un presupuesto para el 2021 de L 2,369 millones, de los cuales se han ejecutado L 915 millones al 11 de octubre de 2021, no se logra dejar atrás los vicios y malas prácticas presentes en cada ejercicio electoral. De esto se desprende la evidencia para asegurar que el problema no radica tanto en el gasto sino en otros factores, como ser, para el interés de este análisis, el marco jurídico que consolida estructuras de corrupción y aún más, su persistente afán de proteger a los implicados en dichas estructuras.

Una de las grandes características de los últimos 3 períodos de gobierno es que, en su mayoría, la producción legislativa se ha enfocado en legalizar medidas para el blindaje de la corrupción que aborda normativas importantes para el desarrollo nacional, como ser, las vinculadas a las leyes y reglamentos de los elementos descritos en el párrafo anterior. Ahora bien, existe un punto particular de la historia conocido popularmente como “derrame legislativo” (también hay otros nombres más populares) dado a finales del año 2013 en donde se aprueba una serie de leyes que han favorecido a las élites corruptas del país; cabe resaltar que, para dicho entonces, incluso se legisló tras culminar la última legislatura del Congreso Nacional 2010-2014. Sin tomar en consideración que se tenía para ese período recomendaciones electorales post golpe de Estado, para mejorar las situaciones del sistema electoral y la democracia misma.

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