Lourdes Ramírez – En Alta Voz
Más de dos años han pasado desde la desaparición de Belkis Suyapa Molina Gómez, el 22 de julio de 2022. Desde esa tarde en que subió a su camioneta no se supo más de su paradero. Como Belkis, también Angie Peña sigue desaparecida desde el 1 de enero del mismo año 2022 y aunque se ha especulado en múltiples ocasiones sobre su supuesta ubicación, estás informaciones no han pasado de encender las esperanzas para su familia.
Ante ese índice alarmante de desapariciones forzadas de niñas y mujeres jóvenes, la organización Calidad de Vida realiza la socialización de la “Alerta Morada” para recibir el respaldo de todos los sectores y que el Congreso Nacional de Honduras apruebe en el menor tiempo posible esta nueva Ley que podría incidir en la disminución de los delitos de trata.
En San Pedro Sula y otras ciudades, la Asociación Calidad de Vida ha presentado esta propuesta a operadores de justicia, para escuchar sus apreciaciones sobre su implementación en Honduras, ya que en otros países ha logrado reaccionar en corto tiempo ante los casos de desaparición de las personas.
Operadores de Justicia y representantes de organismos humanitarios en la socialización de la Alerta Morada.
¿Existe voluntad política?
Desde la Comisión Interinstitucional de seguimiento a las investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios se realizó la solicitud al presidente del Congreso Nacional, pero no hubo respuesta. Entonces el movimiento de mujeres y feministas entregaron la propuesta de Ley para la “Alerta Morada” a través de la Comisión de Género del Congreso Nacional. La propuesta fue compartida al pleno legislativo y se espera que se apruebe y que también simultáneamente, se asignen los presupuestos correspondientes.
Ana Cruz, directora Asoc. Calidad de Vida.
“Con esta Alerta Morada se espera que disminuya la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. A las 12 horas del reporte de ausencia comienza la alerta morada, estará involucrada la familia y toda la población en general en la búsqueda” asegura Ana Cruz, directora de la Asociación Calidad de Vida, quien conoció como funciona la “Alerta Amber” en México.
“Como Calidad de Vida seguimos haciendo incidencia para que se restituyan los derechos de las mujeres víctimas de las múltiples violencias y atendiéndolas como corresponde” agregó Cruz.
“La Secretaría de Seguridad tendría que estar trabajando a la par de todas las organizaciones de mujeres y feministas, como parte de la Comisión Interinstitucional y nosotras como Calidad de Vida continuaremos denunciando y haciendo incidencia para que se cumplan las leyes y se respete la vida y los derechos humanos de las mujeres” enfatizó Ana Cruz.
Para Fabricia Osorio del área psicosocial del Juzgado contra la violencia doméstica de San Pedro Sula, “es una buena iniciativa, ante los altos índices de femicidios y desapariciones, especialmente de niñas menores, nosotros como operadores de justicia siempre tratamos de sumarnos a la aplicación de justicia, tratamos de trabajar, no solo en la ejecución de sentencias, sino también en la parte preventiva, nos sumamos a esta propuesta y esperamos que sea aprobada en corto tiempo. Desde las familias, patronatos y demás sectores, deben conocer esta alerta morada, levantar la voz, para saber qué hacer, dónde acudir”.
Fabricia Osorio, Juzgado contra la Violencia Doméstica en San Pedro Sula
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) ha contabilizado cerca de 2000 mujeres desaparecidas en los últimos cinco años en Honduras. Entre los años 2018 y 2022, se reportaron un total de 1,979 desaparecidas, de las cuales 75 resultaron asesinadas. La situación de violencia contra las mujeres y niñas es cada vez más frecuente, y es crucial que se implemente una respuesta interinstitucional para abordar este grave problema.
UNA ALERTA QUE SACUDE
La Alerta Amber funciona como una herramienta de difusión masiva que favorece la pronta localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser víctimas de un delito por desconocimiento de su localización. Actúa de manera independiente a la denuncia o proceso penal que inicien las autoridades competentes .
Este mecanismo se activa a través de la difusión inmediata de un formato único de datos con fotografía en todos los medios de comunicación disponibles. El Gobierno federal puede activar una alerta nacional o internacional, o coordinar la activación de una alerta estatal. Para activarlo se necesitan los siguientes datos:
- Datos generales del menor (nombre, edad, sexo).
- Señas particulares, padecimientos, discapacidades y vestimenta que portaba al momento de la ausencia.
- Foto reciente.
- Ruta o zona donde pudiera localizarse.
- Descripción de las circunstancias de los hechos, las personas y vehículos involucrados.
- Cualquier otra información relevante.
Una vez activada, la Alerta Amber se difunde a través de medios digitales, redes sociales, televisión, radio, periódicos y revistas para movilizar a la población en la búsqueda y localización del menor desaparecido. La evaluación y activación de la Alerta Amber en México está a cargo de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).
Esta alerta se activa en coordinación con las compañías telefónicas y las alertas se reciben en todos los celulares dentro del perímetro de desaparición y posterior búsqueda.
¿En qué países se usa la Amber Alert?
Aunque el sistema surgió de un caso estadounidense y los primeros en adoptar esta alerta fueron los estados de dicho país, ahora son varios los países que se han sumado a este mecanismo de alerta temprana, funciona en: México, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Francia, Alemania, Holanda, Malasia y Grecia.
CONTEXTO NACIONAL
Estadísticas de Desaparición.
El fenómeno de las desapariciones de mujeres en el país carece de estadísticas oficiales, y es difícil identificar el sub registro. Entre 2008 al 2019, según el Ministerio Público reportó 3037 mujeres como desaparecidas.
A mayo de 2022, no se conoce de registros publicados, tampoco de los resultados de las investigaciones por los casos anteriores ocurridos, principalmente porque existían leyes que obligaban a la confidencialidad, como sucedió con la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional (2014), hoy derogada (2022). Esta Ley no permitía una adecuada veeduría social, en cuanto al acceso completo a los resultados de las investigaciones y los logros obtenidos en la ubicación de las víctimas.
Actualmente no existe un marco normativo que brinde pronta respuesta a las mujeres víctimas de desaparición y a sus familiares, tampoco existen delitos, ni procedimientos claros, expeditos, que garanticen la protección, resguardo y seguridad de las niñas, adolescentes y mujeres.
La desaparición de una mujer, adolescente y niña es un fenómeno multicausal y multidimensional vinculado a la violencia basada en género, en la que se les expone a condiciones de violencia sexual, trata de personas, desplazamiento forzado por razones de violencia, explotación, sexual, laboral, femicidio entre otras formas de violencia, por lo que se hace necesario contar con leyes que establezcan mecanismos de búsqueda ante una desaparición.
El Informe Anual 2021 de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) refleja que las víctimas identificadas en el 2021, las Mujeres y las Niñas representan un 74%.
Según reportes de CDM (2022), Honduras, registró en el primer trimestre de 2022, 149 femicidios, por lo que cada 29 horas con 17 minutos muere una mujer de manera homicida, previo a causarles la muerte, estas desaparecen de sus casas, centros de trabajo y de estudio y luego se les encuentra sin vida, el 72% de las muertes, ocurre en vía pública, lo que revela que las calles no son seguras, principalmente para las mujeres jóvenes de edades comprendidas entre 20 a 24 años, donde se presenta la mayor incidencia.
Debido a la crisis causada por la pandemia del Covid-19 y los huracanes ETA e IOTA, en noviembre de 2020, aumentó la vulnerabilidad de la población en general, incrementándose el riesgo de ser víctima de desaparición forzada.
Es fundamental seguir visibilizando esta problemática y apoyar los esfuerzos de las organizaciones y familias que buscan justicia y respuestas para las mujeres desaparecidas en Honduras.
