Redacción – En Alta Voz
El fiscal general, Johel Zelaya, aseguró que afrontará con “serenidad” el inicio del juicio político en su contra, en un contexto marcado por tensiones políticas y posiciones encontradas entre distintos sectores del país.
En un comunicado público, Zelaya afirmó que comparecerá ante el Congreso Nacional “de manera directa”, con el propósito de responder a cada uno de los señalamientos. “Enfrento este proceso con tranquilidad y la certeza de haber actuado conforme a la ley”, expresó, subrayando que actuará con “dignidad y lealtad hacia el pueblo hondureño”.
No obstante, el fiscal también cuestionó el amplio consenso político que permitió avanzar el proceso, insinuando que su gestión ha incomodado a diversos sectores.
Un proceso impulsado desde el Congreso
El juicio político fue promovido por un grupo de diputados, entre ellos Jak Melem Uriarte Velásquez, Santos Isabel Pérez Rodríguez, Frank Anthony Alley Flores y Edgardo Rashid Mejía Giannini, quienes aseguran que existen acusaciones “serias y formales”, respaldadas por documentación de instituciones nacionales e internacionales.
Los legisladores enfatizan que la activación del juicio no constituye una condena anticipada, sino el ejercicio del control político contemplado en la Constitución. En ese sentido, destacan la obligación del Congreso de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa.
Asimismo, señalan que los hechos que originan el proceso no se limitan únicamente al fiscal general, sino que forman parte de un contexto electoral más amplio que involucra a otros funcionarios, por lo que consideran que la responsabilidad debe analizarse de manera integral.
Reacciones del oficialismo
Las reacciones desde el oficialismo han sido firmes. La ex candidata a la presidencia Rixi Moncada describió el proceso como un “golpe institucional”, acusando a una supuesta coalición del bipartidismo.
“Van por el poder absoluto para perpetuarse como lo hicieron en 2009, con golpes, fraudes, corrupción y crímenes de lesa humanidad, condenando al pueblo a la miseria”, afirmó, al tiempo que aseguró que el Partido Libertad y Refundación es la única fuerza que se opondrá a estas acciones.
En la misma línea, el exmandatario Manuel Zelaya denunció que las acciones en el Congreso buscan presionar a actores vinculados al proceso electoral, incluyendo al consejero del CNE Marlon Ochoa. Según afirmó, se trataría de un “golpe electoral” orientado a silenciar voces dentro del sistema. https://x.com/manuelzr/status/2035991647478051203?s=20
Voces que respaldan el juicio político
En contraste, diversos sectores consideran que el juicio político es un mecanismo necesario de control institucional.
La abogada Maribel Espinoza sostuvo que estos procesos son fundamentales para frenar abusos de poder y fortalecer el Estado de Derecho. Además, advirtió que la falta de sanciones ha contribuido a un clima de impunidad y cuestionó los retrasos en el sistema judicial.
Por su parte, la socióloga Julieta Castellanos señaló que el juicio político no debe interpretarse como persecución, sino como un procedimiento basado en hechos concretos. No obstante, consideró necesario mejorar los mecanismos para su correcta aplicación.
En tanto, Gabriela Castellanos directora del Consejo Nacional Anti Corrupción (CNA) fue más directa al afirmar que Zelaya debería ser de los primeros en enfrentar este tipo de procesos, al señalar presuntas prácticas de persecución política dentro del Ministerio Público. Aunque reconoció algunos avances, sostuvo que estos no eliminan los cuestionamientos y llamó al Congreso a asumir su responsabilidad.
Redacción – En Alta Voz
El fiscal general, Johel Zelaya, aseguró que afrontará con “serenidad” el inicio del juicio político en su contra, en un contexto marcado por tensiones políticas y posiciones encontradas entre distintos sectores del país.
En un comunicado público, Zelaya afirmó que comparecerá ante el Congreso Nacional “de manera directa”, con el propósito de responder a cada uno de los señalamientos. “Enfrento este proceso con tranquilidad y la certeza de haber actuado conforme a la ley”, expresó, subrayando que actuará con “dignidad y lealtad hacia el pueblo hondureño”.
No obstante, el fiscal también cuestionó el amplio consenso político que permitió avanzar el proceso, insinuando que su gestión ha incomodado a diversos sectores.
Un proceso impulsado desde el Congreso
El juicio político fue promovido por un grupo de diputados, entre ellos Jak Melem Uriarte Velásquez, Santos Isabel Pérez Rodríguez, Frank Anthony Alley Flores y Edgardo Rashid Mejía Giannini, quienes aseguran que existen acusaciones “serias y formales”, respaldadas por documentación de instituciones nacionales e internacionales.
Los legisladores enfatizan que la activación del juicio no constituye una condena anticipada, sino el ejercicio del control político contemplado en la Constitución. En ese sentido, destacan la obligación del Congreso de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa.
Asimismo, señalan que los hechos que originan el proceso no se limitan únicamente al fiscal general, sino que forman parte de un contexto electoral más amplio que involucra a otros funcionarios, por lo que consideran que la responsabilidad debe analizarse de manera integral.
Reacciones del oficialismo
Las reacciones desde el oficialismo han sido firmes. La ex candidata a la presidencia Rixi Moncada describió el proceso como un “golpe institucional”, acusando a una supuesta coalición del bipartidismo.
“Van por el poder absoluto para perpetuarse como lo hicieron en 2009, con golpes, fraudes, corrupción y crímenes de lesa humanidad, condenando al pueblo a la miseria”, afirmó, al tiempo que aseguró que el Partido Libertad y Refundación es la única fuerza que se opondrá a estas acciones.
En la misma línea, el exmandatario Manuel Zelaya denunció que las acciones en el Congreso buscan presionar a actores vinculados al proceso electoral, incluyendo al consejero del CNE Marlon Ochoa. Según afirmó, se trataría de un “golpe electoral” orientado a silenciar voces dentro del sistema.
Voces que respaldan el juicio político
En contraste, diversos sectores consideran que el juicio político es un mecanismo necesario de control institucional.
La abogada Maribel Espinoza sostuvo que estos procesos son fundamentales para frenar abusos de poder y fortalecer el Estado de Derecho. Además, advirtió que la falta de sanciones ha contribuido a un clima de impunidad y cuestionó los retrasos en el sistema judicial.
Por su parte, la socióloga Julieta Castellanos señaló que el juicio político no debe interpretarse como persecución, sino como un procedimiento basado en hechos concretos. No obstante, consideró necesario mejorar los mecanismos para su correcta aplicación.
En tanto, Gabriela Castellanos directora del Consejo Nacional Anti Corrupción (CNA) fue más directa al afirmar que Zelaya debería ser de los primeros en enfrentar este tipo de procesos, al señalar presuntas prácticas de persecución política dentro del Ministerio Público. Aunque reconoció algunos avances, sostuvo que estos no eliminan los cuestionamientos y llamó al Congreso a asumir su responsabilidad.
