Por: Carolina Alduvín

El próximo 15 de julio, es la fecha oficial de convocatoria a la Junta Nominadora, que deberá seleccionar al menos 45 abogados, candidatos a conformar la nueva Corte Suprema de Justicia, a entrar en funciones el año entrante y durante los siguientes siete años. El proyecto de Ley presentado al efecto por el Poder Ejecutivo, a propuesta del ministro de Transparencia, se dice que aún no pasa a consideración del pleno del Legislativo. No está dentro de mis competencias hacer un análisis jurídico del mismo, aunque he visto cualquier cantidad de observaciones hechas por profesionales capaces de detectar posibles inconvenientes al noble propósito de seleccionar a los 15 hombres y mujeres más capaces e idóneos para impartir justicia humana.

La principal preocupación de la sociedad –más allá de los tecnicismos— es que los votos del más alto tribunal de la nación, queden repartidos entre los partidos políticos y, de esa forma, la justicia cese de ser tal, para convertirse en una mercancía más, sujeta a las conveniencias políticas, cañonazos en efectivo y tráfico de todo tipo de influencias. Hasta donde alcanzo a ver, la propuesta tiene varios elementos con los que se propone minimizar el riesgo de que las inveteradas prácticas viciadas, vuelvan a consumarse; sin embargo, hay factores que no pueden atajarse mediante disposiciones jurídicas por sí solas. Haría falta que prevaleciera ética del más alto nivel entre proponentes, postulantes, nominadores y legisladores entre otros actores.

Sería sano que ninguna de las organizaciones representadas en la JN, avalara postulaciones, que los mecanismos de designación de representantes a lo interno de cada una de ellas, fueran tan democráticos y transparentes como fuese posible. Qué la única línea que llevaran para seleccionar, fueran los criterios de profesionalismo, idoneidad, honestidad e imparcialidad que deben distinguir a funcionarios de tan elevada dignidad y necesario desempeño. Las prácticas del pasado, se deben y pueden eliminar, debemos apostar y esperar por eso, prestando oídos sordos a los pesimistas de toda laya, quienes desde ya especulan sobre cuántos puestos obtendrá cada partido, basados en las composiciones tanto de la JN, como del CN.

La Junta, integrada por representantes electos por la actual CSJ, Colegio de Abogados, Consejo Hondureño de la Empresa Privada, claustros de las escuelas de Ciencias Jurídicas y confederaciones de trabajadores; más, la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos y un representante electo por las organizaciones de sociedad civil activas e inscritas legalmente en el registro respectivo. De estos dos últimos, el primero ya está nombrado y el segundo, plantea un proceso no muy claro. Se dice que existen cerca de 5 mil organizaciones con este tipo de denominación, no todas reconocidas; de hecho, algunas de ellas, favorecidas oficialmente. Se teme que funjan como juez y parte, que estén sesgadas y respondan a los intereses de quienes corren con su financiamiento.

En el presente año, surge la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia, integrada a la fecha por veintinueve agrupaciones de la sociedad civil, con objetivos y quehaceres diversos, algunas registradas, otras forman parte de instituciones más amplias, todas demandando que el anteproyecto de Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora sea turnado a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales para ser discutido y aprobado en pocos días. Igualmente, esperan que se constituya en el factor diferenciador que permita garantizar la selección de los mejores postulantes, para ocupar los altos cargos de Magistrados de la CSJ, eliminando los vicios del pasado, donde los grupos de poder, nominales y fácticos, han cooptado el proceso, generando estado de indefensión para los ciudadanos de a pie.

Esta ACTJ, se congregó en principio para apoyar el proceso de instalación de una CICIH, como una conquista ciudadana, más que una promesa de campaña, que algunos perciben, más bien, como un distractor, mientras los liebres, a espaldas del electorado cocinan una constituyente, con el objeto de perpetuarse en el poder. ACTJ, no confía en el sistema para impartir justicia, así que procura asesoría, vigilancia e intervención de extranjeros, en nombre del combate a la corrupción. Por ahora, han identificado y presentado ante las autoridades, las leyes a ser derogadas, reformadas o aprobadas para que la CICIH opere eficientemente.

carolinalduvin46@gmail.com

La Tribuna

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