José Hernán Serpas Garza

La corrupción no es un problema cultural y tampoco está en nuestro ADN; mucho menos es una condición humana que debamos domar a latigazos.

Para reducir la corrupción necesitamos entenderla mejor, y para entenderla mejor necesitamos describirla, ilustrarla y medirla con mayor precisión. No sólo se trata de dar seguimiento a los grandes escándalos de corrupción política que estallan semana tras semana (lo cual es importantísimo), sino también de analizarla desde su dimensión social, sin miedo a caer en el simplismo fatalista de concluir que la corrupción es “un problema cultural”.

La corrupción es un problema sistémico que se construye sobre la base de situaciones cotidianas e interacciones entre servidores públicos, entre servidores públicos y ciudadanos, y entre ciudadanos que, con el paso del tiempo, se convierten en intrincadísimas redes de complicidad donde no siempre es fácil distinguir a la víctima del victimario, ni identificar cuando los actos de corrupción son transacciones de mutuo acuerdo, sin víctimas ni victimarios. (Introducción: publicado en Animal Político, MX, por Gustavo Rivera)

Para detener la corrupción en Honduras, es necesario un compromiso ciudadano entre todos los sectores:

Es necesaria la promoción de una nueva cultura ciudadana, que comprenda que la corrupción afecta a toda la hondureñidad; afecta directamente la administración de los recursos públicos que deben ser utilizados en los programas de reducción a la pobreza, proveer el acceso a los servicios básicos, promover una educación de calidad y garantizar el acceso a la salud pública como lo manda la Constitución de la República.

Afecta los empleos, los derechos humanos, minando las oportunidades para el desarrollo de las comunidades más vulnerables, lo que genera un alto grado de conflictividad.

Es la corrupción generalizada la que impacta en la migración forzada de miles de familias hondureñas, porque los fondos que no se invierten en desarrollo social son la causa de los problemas sociales de Honduras. Según el Consejo Anticorrupción, se pierden más de 65 mil millones de lempiras en manos de los corruptos.

La ciudadanía debe participar en la veeduría social de los diferentes programas y proyectos para garantizar la transparencia en el uso de los recursos, entendiendo su grado de responsabilidad en la acción u omisión en la vigilancia que se debe ejercer sobre la administración de éstos recursos.

¿Gobierno abierto o cerrado?

Por otra parte, el gobierno debe actuar con intolerancia ante la corrupción e incentivar mayores controles en la administración de los recursos, priorizando en las necesidades urgentes de la población.  Compromisos suscritos por el Gobierno de Honduras permiten la conformación de alianzas con las Organizaciones de la Sociedad Civil como garantes del cumplimiento ante la comunidad internacional.  Pero, ¿Qué rol juega la sociedad civil?

“La corrupción en Honduras es de carácter estructural y sistémico; afectando las esferas pública y privada, y manifestándose de diferentes formas y en todos los niveles. Hoy por hoy, la corrupción es el mayor obstáculo para el desarrollo social, económico, institucional y democrático del país” según la Carta de Intenciones entre GOBH y Transparencia Internacional. http://www.scgg.gob.hn/es/node/76

¿Qué hace la ciudadanía?

La transformación social en Honduras es responsabilidad de toda la población, la ciudadanía debe sumarse a las diferentes acciones de la sociedad civil y aportar sus ideas o apoyar las de otros, para tomar las mejores decisiones en beneficio de toda la población.

¿De qué forma está participando la ciudadanía? El respaldo que necesitaba la Misión de Apoyo Contra la Impunidad (MACCIH) no fue suficiente. Se diluyó la marcha de las antorchas que dio vida a la MACCIH, en opinión de muchas personas porque “se politizó” y aquellos políticos que no tienen capacidad de convocatoria masiva se aprovechaban de estas marchas.

Igualmente, la ciudadanía en general, no participa en los diálogos con los diferentes sectores para contribuir a incrementar la transparencia y anticorrupción. Las protestas se realizan en las redes sociales donde se desahogan señalando lo malo, pero estas protestas no tienen ningún impacto.

La ciudadanía no entiende, que el cuidado y buen uso de los recursos públicos es responsabilidad de todas y todos, no se acercan, no preguntan, cómo son, o cómo deben ser utilizados estos recursos en beneficio de su comunidad y de los sectores más vulnerables a nivel nacional. Existe una Ley de Acceso a la Información Pública que no se utiliza para demandar transparencia en el uso de los fondos para los proyectos o programas de desarrollo.

¿Honduras cumple con sus compromisos de gobierno abierto?

El gobierno de Honduras estableció 20 compromisos en su primer plan de acción, 14 compromisos en su segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016, los cuales debían estar orientados a tres de los grandes desafíos de la AGA:

  1. Aumento de la Integridad Pública,
  2. Gestión efectiva y eficiente de los recursos públicos y
  3. Mejora de los servicios públicos. Los avances han sido sustanciales.

El 30 de junio de 2016 se llevó a cabo la presentación de las evidencias que acreditan 26 hitos cumplidos, 12 con un avance sustancial y el resto de acciones en proceso de cumplimiento, mismas que han fortalecido el accionar del Gobierno de la República de Honduras en transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana y 4 compromisos totalmente cumplidos según el gobierno, siendo estos: el compromiso 2: por el respeto al derecho ciudadano a obtener información de los archivos públicos; el compromiso 3: ética en el servicio público por medio del Reglamento del Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos y el mecanismo de quejas o denuncia; el compromiso 6: empoderamiento ciudadano sobre el presupuesto y el compromiso 10: Conociendo la EITI y sus resultados.  ¿Quién da fe que esto es cierto?, ¿Quién garantiza este cumplimiento?

En el III PAGAH 2016-2018, Honduras establece 13 compromisos, de los cuales 9 son nuevos y 4 son compromisos en curso.

Los compromisos están agrupados por temas: Control de la Corrupción, Acceso a la información, Gasto Público, Compras, Recursos Naturales y Ambiente, Servicios Públicos y Gobierno Digital.

 Los compromisos responden a los desafíos de:

i) Aumento a la integridad pública;

ii) Gestión eficiente y eficaz de los recursos públicos,

iii) Mejora de los servicios públicos; y

iv) Creación de comunidades más seguras.

En relación al avance de este último PAGAH, en el Informe de Autoevaluación de Gobierno de Medio Término – III PAGAH 2016-2018” (Versión español e inglés), teniendo como resultados a medio término un 20% de metas cumplidas, 47% con avance sustancial, 13% con avance limitado y un 20% sin iniciar.

http://www.scgg.gob.hn/es/node/79

Mediciones internacionales reprueban al gobierno de Honduras

Los resultados de la encuesta Latino barómetro 2018, muestran dos actores en situación de calamidad: Los liderazgos políticos y las instituciones públicas.

Esto queda evidenciado con indicadores como el bajo nivel de aprobación presidencial otorgado a Juan Orlando Hernández de tan solo 41%, cuando en el 2015 fue de 62% (el más alto de los últimos tres presidentes constitucionales desde Ricardo Maduro).

También se muestra en la baja confianza en las instituciones públicas, la cual no supera el 25% de las personas encuestadas.

Asimismo, en la alta percepción de que los diputados están involucrados en actos de corrupción, con 4 de cada 10 hondureños afirmando esto, y engavetar procesos por actos de corrupción de los diputados y diputadas que manipularon fondos destinados a supuestas organizaciones no gubernamentales.

Todo esto desemboca en una Honduras que se sitúa dentro de los principales países que no se consideran democracias, junto con Venezuela, Nicaragua y sorprendentemente, El Salvador. En 2020, este índice de percepción es aún más negativo, al negarle la continuidad a la MACCIH.

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