Criterio HN

Tegucigalpa. El titular de la Secretaría de Seguridad, Ramón Sabillón, reveló que durante el gobierno del exmandatario Juan Orlando Hernández se instauró una red de espionaje ilegal que permitió ejecutar acciones criminales.

Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió a El Salvador investigar el espionaje a periodistas y activistas mediante el sistema Pegasus utilizado por servicios de inteligencias de algunas naciones incluido Honduras.

El programa espía Pegasus es de origen israelí desarrollado por la empresa NSO Group con el supuesto objetivo de combatir el crimen y el terrorismo, no obstante, se convirtió en un arma de control por parte de gobiernos contra la ciudadanía, entre estos, periodistas, funcionarios, activistas, adversarios.

Desde 2014, cuando JOH, como popularmente se le conoce a Hernández y quien enfrenta un proceso de extradición por narcotráfico, asumió la presidencia de Honduras contrató una empresa de espionaje pagando 355 mil dólares anuales, al igual lo hicieron los gobiernos de Chile, Colombia, México Ecuador, España, Panamá.

Además, el Congreso Nacional, bajo Decreto Legislativo 243-2011, aprobó la Ley Especial para la Intervención de Comunicaciones Privadas conocida como Ley de Escuchas creando la Unidad de Intervención de las Comunicaciones (UIC) al mando del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, estructura controlada por el presidente de la república.

Meses antes de las elecciones generales de 2017, que consumó la ilegal reelección de Hernández y dejó más de 23 civiles asesinados por elementos de las fuerzas de seguridad del Estado tras las masivas protestas, el gobierno británico autorizó la venta de un equipo sofisticado de espionaje a Honduras.

La tecnología de espionaje fue y es utilizada para interceptar, monitorear y rastrear correos electrónicos, teléfonos móviles y servicios de mensajería en línea siendo utilizados por agencias policiales relacionadas a secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

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El ministro Sabillón, develó en un foro de televisión que en Honduras se instauraron sistemas de espionaje desde el propio gobierno y también de estructuras criminales que permitió controlar acciones contra los opositores al régimen de Hernández.

Particulares y el Estado y cuando se sale del Estado de Derecho ya no es Estado pasa a ser una actividad criminal aun siendo funcionario público… Sí había escuchas de muchos grupos, desde el crimen organizado y del mismo Estado, no es que toda la institución estaba infiltrada pero sí se daban escuchas”, reveló.

Al ser consultado sobre quiénes instauraron estos sistemas de espionaje aseguró que tanto particulares como desde el mismo Estado se utilizó la estructura para perseguir a sus contrarios, entre los cuales se incluyó.

“Cuando se sale del Estado de Derecho ya no es Estado pasa a ser una actividad criminal aun siendo funcionario público”, añadió.

Rodolfo Dumas, representante en Honduras de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), no descartó que se hayan utilizado los mismos sistemas del Estado para ejecutar espionaje contra periodistas u opositores a Hernández.

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Por lo anterior, instó crear una estrategia nacional de ciberseguridad que proteja a la ciudadanía contra estructuras criminales inclusive al propio Estado al poderse vulnerar temas de seguridad nacional.

Por su parte, el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Osman Reyes, también considera que los comunicadores sociales, activistas políticos, organizaciones de sociedad civil, están siendo objeto de espionaje ilegal como acontece en El Salvador aunque el gobierno niega las acusaciones.

En tal sentido, Reyes sostuvo que es necesario se realicen investigaciones en Honduras al tiempo que aconsejó acudir a instancias nacionales e incluso organismos internacionales si alguna persona considera ser víctima de espionaje.

Cabe indicar que Reyes era gerente de comunicación del Sistema Nacional de Emergencias 911 operado por elementos militares y policiales de investigación e inteligencia, ente estatal señalado de espionaje y vigilancia social gubernamental.

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