Tegucigalpa, 2 de junio, 2022.- Registros de los hospitales públicos entre 2014 y 2019, precisan que el 30 % de las mujeres que fallecieron por complicaciones durante el embarazo y el parto, pudieron haberse salvado con la interrupción oportuna del embarazo, según investigación de la organización Somos Muchas.
Desde hace 40 años, la interrupción del embarazo es la segunda causa por egresos hospitalarios y aunque el aborto terapéutico es considerado un derecho básico en la mayoría de los países del mundo, en Honduras se prohíbe, negando a las mujeres el derecho a la salud y a la vida en contra de los derechos humanos y los compromisos internacionales suscritos por el país.


En ese sentido, la doctora Laura Gil de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) presentó esta mañana ante el Poder Judicial, un amicus curiae, instrumento jurídico que respalda el recurso de inconstitucionalidad que las organizaciones de mujeres, feministas y sociales, entre ellas la plataforma Somos Muchas, presentaron el 4 de junio del año pasado.
En esa petición, se solicita al Poder Judicial pronunciarse en contra del artículo 196 párrafo 1 del Código Penal que penaliza al aborto en cualquier circunstancia, y del artículo 1 del decreto legislativo 192-2020, ratificado por el decreto legislativos 3-2021 que reforma el artículo 67 de la Constitución prohibiendo el aborto constitucionalmente.


El Código Penal criminaliza a las mujeres que interrumpen un embarazo de alto riesgo hasta con seis años de prisión. Entre 2006 y 2018, cada año, cuatro mujeres en promedio, tuvieron que enfrentar un juicio por aborto. La mitad de ellas fueron denunciadas por el personal de salud, violentando el secreto profesional y el juramento que les obliga a cuidar de sus pacientes.

Las denuncias ocurren pese a que el personal médico conoce que existen más de 30 enfermedades y anomalías graves que hacen que el feto sea incompatible con la vida. Una ley discriminatoria no puede obligar a una mujer a continuar con el embarazo si se sabe que el feto no va a sobrevivir, y esto implica sufrimientos innecesarios y una tortura para ellas.

En 2017, según reportes de la Secretaría de Salud, una de cada 23 muertes maternas ocurridas en el país fue causada por un aborto, cifra que podría ser mayor, porque la criminalización obliga a las mujeres a ocultarlo. Por su parte, Human Rights Watch (HRW) revela que ese año, más de 8,600 mujeres fueron hospitalizadas por complicaciones relacionadas con abortos provocados o espontáneos.

Las mujeres necesitan que la interrupción del embarazo sea legal cuando su salud o su vida está en riesgo, si por una malformación el feto morirá al nacer, o si es producto de una violación. Estas razones se conocen como “tres causales”.

Está comprobado que este tipo de leyes restrictivas no reducen el número de abortos. Cada año, en América del Sur, unas 30, de cada mil mujeres entre 15 y 45 años, se practican abortos, en cambio, en países donde el aborto es legal, la cifra es de 8 por cada mil.

Hace dos semanas, la organización regional “Protegiendo los derechos de la salud reproductiva de las mujeres más vulnerables en Centroamérica y México (Ipas-CAM)”, presentó otro amicus curiae y hay muchas otras organizaciones sociales y académicas más que continuarán demandando este derecho. En caso de no recibir respuesta por parte de las autoridades correspondientes, se acudirá a instancias internacionales.

La FIGO es la mayor alianza mundial de sociedades nacionales de obstetricia y ginecología dedicada a la salud y el bienestar de las mujeres, las niñas y los recién nacidos.

La presentación del amicus fue acompañada por Regina Fonseca del Centro de Derechos de Mujeres, la abogada Karol Bobadilla de la organización regional de derechos sexuales y reproductivos de mujeres adolescentes, Optio.

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