El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, afirma que la moción que presentó recientemente el diputado Denis Castro Bobadilla (foto en texto), sobre el “principio de inocencia”, es una nueva ley mordaza que busca proteger a los “peces gordos” de la corrupción.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), ha vuelto a encender las alertas, esto ante la nueva moción de ley que presentó el diputado Denis Castro Bobadilla, sobre la exposición de criminales ante los medios de comunicación.
Según el presidente del CPH, Dagoberto Rodríguez, esta institución ha catalogado esa iniciativa de ley como una “moción mordaza”, ya que aunque no es vinculante con el artículo 335-B, que recientemente fue derogado, ésta nueva ley vulnera el derecho de libre acceso a la información.
A criterio del presidente de los periodistas, el propósito es que la Policía no presente “a los personajes acusados de corrupción, entonces todo indica que esta iniciativa va orientada a proteger a estos sectores políticos que posiblemente sean acusados de corrupción, malversación de caudales públicos y otros delitos contra el Estado”.
Rodríguez amplia que básicamente se busca proteger la identidad de los “peces gordos”, y que es algo que ya se viene dando desde que se destapó el Caso Pandora, donde se observó “un tratamiento muy diferente, cuando se presentan los detenidos, pocos conocían quienes eran”.
“Esto lo que violenta es una garantía de acceso a la información de los periodistas y de los medios de comunicación, pero lo más grave es que trasgrede el derecho que tiene la ciudadanía a conocer, es decir se violenta el derecho de la sociedad el acceso a la información en este caso a través de los periodistas y medios de comunicación”, sentenció Rodriguez.
La moción presentada por Bobadilla refiere: “Que se exhorte al Fiscal General de la República a efecto de que gire instrucciones a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para que de oficio, realice las investigaciones necesarias para deducir responsabilidad penal a los miembros de la Policía Nacional y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) que hayan vulnerado el derecho al honor y la presunción de inocencia de personas capturadas por haber cometido delito”.
