Tegucigalpa, 18 de mayo de 2022.- La organización regional “Protegiendo los derechos de la salud reproductiva de las mujeres más vulnerables en Centroamérica y México (Ipas-CAM)”, presentó hoy ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un amicus curiae, instrumento jurídico que respalda el recurso de inconstitucionalidad presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por la penalización absoluta a la interrupción del embarazo y la ampliación a su prohibición a través de una arbitraria reforma a la Constitución de la República.

El 21 de enero de 2021, en sesión virtual y en un solo debate, el Congreso Nacional aprobó el decreto de ley promovido por el diputado nacionalista Mario Pérez, que cierra toda posibilidad de legalizar la interrupción del embarazo, aun cuando la vida de una mujer está en riesgo, por una malformación del feto que morirá al nacer o cuando el embarazo es producto de una violación, razones conocidas como “tres causales”.

En Honduras, la interrupción del embarazo es la segunda causa de hospitalización. En 2017, la tasa de mortalidad materna fue de 73 por cada 100.000 nacimientos; una de cada cuatro niñas ha estado embarazada al menos una vez antes de cumplir los 19 años y la posibilidad de que las menores de 15 años mueran por un embarazo, es dos veces mayor que el de una mujer adulta.

Para defender el derecho a la salud, la vida y la dignidad de las mujeres y las niñas, la plataforma Somos Muchas que aglutina a más de 20 organizaciones de mujeres y feministas, junto a otras organizaciones sociales, presentó un recurso de inconstitucionalidad, que aunque fue admitido el 4 de junio de 2021, todavía sigue ignorado.

Bajo argumentos sólidos relacionados con salud pública y evidencia científica basada en el derecho internacional que ampara los derechos humanos en el ámbito de la salud, el amicus expresa cómo esta prohibición vulnera el estado de bienestar general de salud garantizado también por la Constitución, y las implicaciones que tiene para los sistemas de salud.

El documento presentado por la abogada Marisol Escudero, asesora de políticas de IPAS-CAM, señala que la negativa de brindar a las mujeres un servicio de salud reproductiva determinado para salvaguardar la salud y la vida de las mujeres y las niñas, en este caso, la interrupción segura del embarazo, es una medida discriminatoria y por tanto, viola las obligaciones internacionales suscritas por Honduras.

La presentación del amicus estuvo acompañada por un plantón frente a la CSJ. Esta actividad fue acompañada por expresiones artísticas y la presencia de mujeres defensoras de los derechos integrales de las mujeres y las niñas entre ellas, Neesa Medina de Somos Muchas, Regina Fonseca del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), y Claudia Herrmannsdorfer del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos.
Este es el primero de una serie de amicus que presentarán ante la CSJ, organizaciones internacionales y nacionales que apoyan esta medida discriminatoria fundamentada en prejuicios contra las mujeres.

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