Escrito por: Bladimir López, miembro del equipo de analistas del CESPAD

4 de mayo, 2020

Durante el período del 27 de abril al 3 de mayo en clave de derechos humanos y libertades políticas constitucionales, tres acontecimientos marcaron la coyuntura: i) Conmemoración del día del trabajador (a) entre despidos y suspensiones laborales, ii) Protestas por alimentos, trabajo y demandas por equipo de bioseguridad, y, iii) Ataques a la defensoría de derechos humanos ante una posible entrada en vigencia del nuevo Código Penal.

I. Los trabajadores(as) asediados por el gobierno y la gran empresa

El sector obrero sufre con fuerza los efectos negativos del COVID-19, mientras que es presa directa de las decisiones antidemocráticas del gobierno, debido a la ausencia de medidas económicas y laborales con enfoque de equidad. Sin olvidar, que la actual crisis laboral que golpea al país es producto de toda una serie de políticas laborales de corte neoliberal que precarizan el trabajo, expulsan a los trabajadores(as) del mercado laboral y violentan derechos laborales.

En una publicación del 1 de mayo, se estima que la contingencia sanitaria ha provocado la suspensión de unos 150,000 empleos en siete semanas que han pasado desde que fue declarado el Estado de excepción. Mientras que el total de personas despedidas en menos de un mes sobrepasa una cifra de 50 mil trabajadores, lo cual equivale al 2.5% de empleos formales, sin cuantificar el número de despedidos en el sector informal.

De igual forma se estiman que el segmento que más ha sido estremecido es el de las micro pequeñas y medianas empresas, solamente en el Valle de Sula han quedado en vilo 300,000 puestos y se estima que esta cifra se eleva a un millón a nivel nacional. Las proyecciones oficiales apuntan que la actual crisis provocaría la pérdida de por lo menos medio millón de espacios laborales, aunque los empleadores advierten que esta cifra será superada con creces por la población de trabajadores que serán sacrificados en el contexto post-COVID-19, debido al declive de la economía regional y mundial.

En ese contexto, es de importancia señalar que el 28 de abril el Congreso Nacional aprobó nuevamente un préstamo por una suma de 200 millones de dólares, orientado a la liquidez de la banca y al sector productivo. En ese punto es importante preguntarse: ¿Por qué se acrecientan los despidos y suspensiones en un país en donde el gobierno en el marco de la actual crisis ha centrado sus acciones en medidas económicas y financieras para reactivar el sector productivo?

En el marco del día del trabajador (a) organizaciones de derechos humanos, establecen que el actual escenario de suspensiones y despidos está generando un masivo proceso de mendicidad,  a la vez que se proyecta más trabajo infantil a causa de la pandemia.

En conclusión, lo que evidencia la creciente ola de suspensiones y despidos es la ausencia de una política económica sostenible desde el gobierno y el sector privado, orientada en tres vías: i) Asegurar el empleo de la clase trabajadora, ii) Medidas fiscales para amortiguar el impacto de la recesión económica y iii) Políticas públicas eficientes y de calidad para las MiPymes.

II. La persistencia de las protestas

Como todas las semanas las protestas no han cesado y en el período aquí comprendido se registraron un total de 14 protestas. En primera línea figuran las comunidades rurales y espacios urbanos que demandan alimentos y por los altos costos del recibo de la luz eléctrica. Lo anterior sucede en un marco de país marcado por la politización y sobrevaloración  en la entrega de alimentos y la intervención de alcaldías municipales por corrupción en la distribución de alimentos.

En segunda línea figura el personal de radiología y médico del sector salud quienes demandan equipo de bioseguridad y el pago de salarios. En un marco donde el Hospital Escuela no cuenta con insumos necesarios debido a los altos precios de los proveedores, ya que las empresas elevan desproporcionadamente los precios de utensilios de bioseguridad. Y por otro lado, la corrupción en el uso de los fondos públicos, en el cual el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), señala en su segundo informe que se sobrevaloraron precios en la compra de mascarillas generando un perjuicio de 57.5 millones de lempiras al Estado.

En la tercera línea, sobresalen sectores del rubro de transporte: mototaxis y taxistas. Mientras que los primeros demandan alimentos, los segundos piden un bono mensual ante las pérdidas millonarias (20 millones diarios), trabajo y que el gobierno les proporcione todas las medidas de bioseguridad que se necesitan. En ese marco el sector trasporte señala intensificar las acciones de protestas si el gobierno no les da respuestas eficientes a sus demandas.

En conclusión, lo que motivan las actuales protestas ciudadanas en el país es: i) La falta de planificación social desde un enfoque de política pública, ii) Ausencia de transparencia en el uso de los recursos públicos y en la entrega de ayuda humanitaria y, iii) Medidas de alivio social sin enfoque de equidad que no responden a las principales demandas de la población excluida.

III. Ataques hacia el sector periodista y defensores(as) de derechos humanos

El actual Estado de excepción tiene en la mira a periodistas y defensores(as) de derechos humanos, quienes en su labor de informar y de defensoría son víctimas de agresiones sexuales, estigmatización y persecución.  Todo eso sucede en un contexto marcado por la suspensión de las garantías constitucionales y por un hondo proceso de militarización de la sociedad que ha generado un mayor control y vigilancia de las fuerzas policías y militares sobre la población hondureña.

En ese contexto adverso, entra en escena la entrada en vigencia el 10 de mayo del nuevo Código Penal el cual beneficiará ampliamente a la élite política corrupta y violentará derechos humanos esenciales de todo sistema democrático: libertad de expresión y la protesta social. En ese marco las organizaciones de derechos humanos emprenden acciones para la ampliación de la Vacatio Legis, debido a una serie de contradicciones y socialización deficiente en la ciudadanía.

En el fondo, la entrada en vigencia del dicho código conllevaría por lo menos a cuatro grandes acciones en detrimento de los intereses de la sociedad en el actual contexto de país: i) Acciones penales contra aquellas sectores que ejercen protesta social pacífica ante la falta de alimentos, ii) Mayor blindaje de la élite política que ha sido señalada por actos de corrupción en la actual coyuntura, iii) Restricciones al trabajo de los periodistas y defensores(as) de derechos humanos y, iv) Incremento de la violencia intrafamiliar en los hogares ante la rebaja de penas en ese tema, considerando que en el actual contexto las denuncias se han incrementado considerablemente.

En conclusión, considerando la actual crisis de derechos humanos que golpea a la población, las acciones señaladas anteriormente refuerzan la idea de que los grandes costos políticos de la actual suspensión de las garantías constitucionales están llevando a una radicalización del actual modelo político autoritario, a la vez que blinda a la élite de actos de corrupción y expande su control sobre la sociedad hondureña.

IV. Puntos para la reflexión estratégica

Desde el CESPAD consideramos que es urgente que las organizaciones políticas y sociales del país enfoquen su capacidad analítica y estratégica en los siguientes puntos:

  1. La crisis laboral seguirá en crecimiento, y ante la ausencia de información poco creíble es importante que las organizaciones de derechos humanos pongan en marcha mecanismos de monitoreo en alianza con las centrales obreras para dimensionar el costo de la crisis laboral, comprender el impacto en las familias y en la economía y plantear propuestas contundentes desde la oposición social.
  2. A raíz del ascenso de las protestas ciudadana y el constante proceso de militarización y represión de la protesta social, es de importancia que la población se convierta en defensora y protectora de sus derechos. Para ello las organizaciones de derechos humanos en alianza con radios locales y comunitarias pueden difundir protocolos que guíen a la población ante acciones de represión que infraccionen derechos.
  3. Ante la posible entrada en vigencia del nuevo Código Penal, la oposición social deberá de conjuntar esfuerzos y avanzar en la construcción de un nuevo esquema programático de lucha contra la corrupción en tiempos de COVID-19 y post-COVID-19.

Descargar: Análisis2SemanalDDHH – CESPAD

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