CESPAD

Por Gustavo Irías, Director Ejecutivo del CESPAD.
23 de enero, 2022

El 28 de noviembre pasado, el pueblo hondureño asistió masivamente a las urnas para dar fin a doce años de gobiernos del Partido Nacional, calificado por la oposición como un régimen autoritario, corrupto y con vínculos con el crimen organizado, el último señalamiento, de acuerdo con las investigaciones de la Misión de Apoyo contra la Corrupción (MACCIH) y los juicios ventilados en la Corte Sur de Nueva York. Este triunfo fue posible por la alianza entre el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), el Partido Salvador de Honduras (PSH) y otros partidos menores que, por primera vez en la historia del país, colocaron en la presidencia de Honduras a una mujer: Xiomara Castro Sarmiento.

Los resultados electorales de noviembre del 2021, han generado grandes esperanzas y expectativas de cambio en la mayoría del pueblo hondureño, en el sentido que la instauración de la democracia puede significar el desmontaje del modelo autoritario, incluidos los pactos de impunidad que protegen a la élite corrupta, así como transformaciones sociales sustantivas que reduzcan la desigualdad mediante el acceso a empleo, a activos productivos a sectores campesinos y pueblos originarios (tierra y créditos), y a servicios públicos de mayor cobertura y calidad, como la educación y salud.

Sin embargo, la presidenta electa Xiomara Castro aún no ha tomado posesión de su cargo y este 23 de enero estalló una crisis constitucional en torno a la conformación de la directiva del Congreso Nacional, surgiendo dos directivas: la primera, promovida por los votos mayoritarios de los derrotados Partido Nacional y Partido Liberal, que han colocado en la cabeza del Congreso a diputados disidentes de LIBRE (Jorge Calix, presidente). Y la segunda, conformada por las fuerzas políticas de la Coalición política triunfante el 28 de noviembre, es decir, LIBRE y el PSH (Luis Redondo, presidente).

¿Qué factores explican la actual crisis?

Si revisamos la historia, suele ocurrir que, en estos procesos de transición del cambio de un régimen autoritario a un régimen democrático, las fuerzas derrotadas no están dispuestas a perder sus privilegios y los marcos jurídicos que las han protegido. De allí que no sea casual que, en Honduras, el Partido Nacional está utilizando todos los recursos disponibles para evitar el éxito del nuevo gobierno en el desmontaje de la institucionalidad heredada y, en especial, de los esfuerzos anunciados en la lucha contra la corrupción, para el caso la conformación de una nueva Comisión Internacional en la lucha contra la corrupción.

Pero, también, los factores y actores en el campo de las fuerzas de la oposición suelen desempeñar en estos procesos de transición a la democracia, un rol a favor o en contra en la constitución y consolidación de un nuevo gobierno.

Teniendo como marco explicativo las líneas anteriores, es posible aproximarnos a una explicación de la actual crisis institucional. Tres elementos son claves para entender este momento.

El primero, las dificultades de LIBRE para construir consensos internos. Este es un partido políticamente muy diverso; es un hecho que los diputados disidentes no estuvieron a favor de la Coalición de oposición que sumó al PSH y mucho menos con el acuerdo inter partidario en la distribución de cuotas de poder, en caso que ganaran la contienda electoral. La dirigencia de LIBRE no aseguró el debate interno ni la construcción de un enfoque único y compartido de cómo asumir la reconstrucción del país. Esto es un tema más de fondo, tiene que ver con procesos de formación política internos, lecturas colectivas y compartidas sobre la realidad compleja del país, igualmente, con el modelo alternativo de país a construir.

El segundo, la conspiración de la derecha contra el gobierno electo, con su principal arma: el número de votos en el Congreso Nacional (la sumatoria del Partido Nacional y Liberal representa el 51.5% del total de legisladores). No cabe duda que el sector disidente fue seducido por el fácil acceso a la directiva del Congreso, sin que eso implique compartir ese poder con el PSH. Además, un dato duro es que la sumatoria de los representantes de LIBRE y el PSH no alcanzaba la mayoría simple para acceder a estos puestos directivos. Con esto, la derecha ha pretendido dividir la Coalición de oposición y crear una crisis de gobernanza, algo ha avanzado en esta dirección. Pero la pregunta de fondo es ¿qué negoció la derecha con los disidentes para entregar tan fácilmente la conducción del Congreso?

El tercero, la participación de otros actores poderosos como el crimen organizado y sectores del gran capital nacional, que se sienten amenazados con el programa de cambios comprometidos por la Coalición (revisión de contratos, derogación de leyes y emisión de nuevos marcos jurídicos). Es probable que dinero proveniente de estos sectores haya circulado para comprar conciencias, no tenemos pruebas al respecto, pero en Honduras la corrupción en el sistema político está tan arraigada, que ha sido una práctica recurrente en este tipo de elecciones.

Por el momento se ha instalado una crisis constitucional con efectos impredecibles para la frágil democracia hondureña, dando paso al debate entre legalidad y legitimidad, una arista muy difícil de resolver en un país que, en los últimos cuatro años, ha contado con un gobierno marcado por la ilegalidad (reelección violatoria de la Constitución de la República), y la ilegitimidad (con bajo respaldo de la opinión pública y reiteradamente cuestionado por amplios sectores sociales).

Un punto clave: la toma de posesión presidencial del 27 de enero

Teniendo como contexto la crisis constitucional, la toma de posesión de la presidente electa Xiomara Castro Sarmiento se presenta como un punto esencial en esta coyuntura. En un país en el cual este tipo de crisis han sido gestionadas por la fuerza y la violencia, teniendo como actor central a las Fuerzas Armadas, un riesgo que no es posible desconocer es la posibilidad de su irrupción en esta coyuntura y resolver la disputa a favor de las fuerzas de la derecha.

Sin embargo, en esta ocasión tanto las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de cara a la compleja situación del poder legislativo, han hecho pronunciamientos públicos que aseguran la toma de posesión presidencial.

El alto mando de las Fuerzas Armadas, llamando a los políticos a mantener la paz y calma, ha expresado que “con base a los artículos 244 y 272 de la Carta Magna, garantiza la juramentación como presidenta de Honduras y comandante general de las Fuerzas Armadas a la ciudadana Xiomara Castro Sarmiento el próximo 27 de enero de 2022” 1.

Por su parte, la Policía Nacional ha manifestado que “reconoce la figura de la excelentísima Señora Presidenta Constitucional Electa, Iris Xiomara Castro Sarmiento, como Alto Mando Policial; por tanto, reiteramos nuestra subordinación y respeto”.

Mientras tanto, la presidenta electa, el 22 de enero, llamó a una vigilia ciudadana en los bajos del Congreso Nacional para defender la institucionalidad y la voluntad popular expresada en las urnas, teniendo como respuesta una amplia afluencia de simpatizantes, especialmente jóvenes. Durante esa noche, realizó su primer acto de gobierno al ordenar a la Policía Nacional a derribar los muros de metal en el Congreso Nacional, los que en estos años de régimen autoritario han impedido el ingreso de las organizaciones populares a presentar demandas y ejercer la presión ciudadana. Simbólicamente podría interpretarse como la voluntad de la presidenta electa de desmontar el modelo autoritario instalado y consolidado en estos últimos 12 años. En las últimas horas, el liderazgo de Castro se ha fortalecido y ha logrado una fuerte adhesión ciudadana, en medio de la crisis.

En relación con el controversial tema de la conformación de la Junta Directiva del Congreso Nacional, Castro ha expresado que reconoce “la Presidencia del Congreso encabezada por el Diputado Luis Redondo”, y le invitó a su Juramentación el 27 de enero. Esto podría interpretarse como la invitación a Redondo a entregarle la banda presidencial que, de acuerdo con la Constitución hondureña (artículo # 244), le corresponde al presidente del Congreso Nacional. En la actual crisis, este es un aspecto decisivo en el debate, en torno a la legalidad y legitimidad, pero también el punto más crítico en el riesgo de una ruptura constitucional que impida o invalide la toma de posesión presidencial.

En tal sentido, el papel de la cooperación internacional podría ser relevante. Si el acto de juramentación de Xiomara Castro, con la presencia de Luis Redondo, es respaldado por la presencia de altos mandatarios de los países del mundo, especialmente de este continente, estarían respaldando, por lo menos simbólicamente, no solamente el ascenso al gobierno de la primera mujer presidenta, sino también la vigencia de la Junta Directiva encabezada por Redondo en el Congreso Nacional. En todo caso, sería una toma de partida de la cooperación internacional en contra de las redes de corrupción y del crimen organizado, que son las mayores amenazas a la democracia, a la vigencia de los derechos humanos y del Estado democrático de derechos en Honduras.

Sin elite democrática, no hay transformación democrática

Los procesos de transición a la democracia son complejos, preñados de incertidumbre y de una tenaz lucha entre la herencia del viejo régimen y el nuevo régimen democrático que, aunque instalado formalmente, sólo se consolida a lo largo de los años y en la medida que es capaz de mantener un vigoroso respaldo social.

Los aprendizajes de la actual crisis obligan a las fuerzas que integran la Coalición triunfante a incorporar y/o fortalecer métodos y estilos de conducción efectivamente democráticos, promotores del diálogo, respetuosos de las diferencias y con capacidad de construir consensos básicos. Por supuesto, con la activa participación de los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y la ciudadanía en general.

Solamente una sólida nueva mayoría, con vocación democrática, podrá hacer frente a las enormes tareas de la instalación de la democracia, el desmontaje del modelo autoritario y corrupto, y resolver la enorme deuda social del Estado con los sectores sociales históricamente excluidos en la toma de decisiones.

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