Por Lourdes Ramírez
Para la escritora y doctora en humanidades y comunicación, Coral Herrera Gómez; “Ningún hombre nace violento: les enseñamos a serlo. La violencia masculina no es innata, no es natural, su origen no es biológico ni genético. Los niños aprenden el machismo y la violencia en casa, en la calle y en la escuela, y lo interiorizan a través de los chistes, los refranes, las canciones, los juguetes, los anuncios publicitarios, los cuentos, las noticias y los programas de televisión, las series infantiles, las películas, el porno, los videojuegos, los vídeos de YouTube y Tiktok, y las redes sociales. No está en el ADN masculino: vivimos en una cultura patriarcal que mitifica y ensalza al macho violento, y que no nos ofrece apenas ejemplos de masculinidades no violentas”. #LaViolenciaNoEsNatural #ElMachismoSeAprende
Juana se casó con un hombre mayor que ella, durante muchos años sufrió sus humillaciones y acusaciones infundadas basadas en celos machistas. Ella es una mujer graduada universitaria con honores y destacada en círculos intelectuales, aun así, siempre ha estado sometida al servicio de su esposo, procurando no emitir ninguna frase u opinión que pueda provocar su malestar o recibir un grito de su parte, siempre moderando la voz y hablándole con sutileza, anteponiendo todas sus decisiones a los deseos y aprobación de él.
En Honduras, muchas mujeres como Juana son víctimas silenciosas de la violencia de género, algunas en su mayoría, no conocen los diferentes tipos de violencia, otras, justifican la violencia, buscando razones por las cuales son agredidas físicamente por su pareja. Frecuentemente escuchamos a las mujeres diciendo; “el me golpeó porque estaba borracho, cuando anda bueno no es violento”, en ese caso, la mujer culpa a la bebida, no al hombre que la agrede.
En 2020, fueron asesinadas 325 mujeres, según datos de la Policía Nacional de Honduras. En ese mismo período y en el contexto del confinamiento por el Covid19, la línea oficial de emergencia 911, recibió más de 103 mil denuncias de violencia doméstica e intrafamiliar, de las que solo un 5% fueron atendidas por la policía.
En 2021, la tendencia en las muertes violentas de mujeres y femicidios está en aumento, durante el mes de mayo, una mujer fue asesinada por día, según monitoreo de éste diario digital. Según el Centro de Derechos de Mujeres, 122 mujeres han sido asesinadas hasta el mes de mayo, de acuerdo a las denuncias en el 911, en el mismo periodo 21,862 llamadas de emergencia se recibieron.
En una reciente publicación sobre la muerte violenta de una joven se lee; salió de fiesta con unos amigos y la hallaron muerta, Hondureña salió de fiesta con unos amigos y la hallaron muerta con signos de tortura y violación | HRN (radiohrn.hn) se justifica el hecho violento en el titular, salió de fiesta y por eso la mataron.
Según la abogada Gracia María Bertrand, ex jueza de sentencia y vicepresidenta del Colegio de Abogados de San Pedro Sula, “El alto índice de muertes violentas de mujeres es multifactorial; el machismo, la violencia estructural, pobreza, falta de oportunidades, migración, antivalores, la escasa formación desde temprana edad, de respetar a la mujer, una sociedad violenta que no controla la ira, la mujer siempre será un grupo vulnerable a la violencia, la prostitución, la trata de personas, la promiscuidad y la impunidad”.
La togada asegura que, las instituciones como la Fiscalía de Ministerio Público hacen su trabajo, la Policía y los Juzgados hacen su trabajo, pero de forma mecánica donde no se pretende reparar el daño a la mujer, sino únicamente enjuiciar al responsable, la mujer violentada no recibe terapia y el agresor no es obligado atender un tratamiento psiquiátrico.
“Las debilidades del sistema son múltiples, se re-victimiza a la mujer, la tratan como expediente, la humillan o ridiculizan en las oficinas estatales y no les toman las pruebas que ellas aportan. Hay fortalezas, porque existe personal capacitado en género, pero es muy poco, para juzgar este tipo de casos se requieren jueces y fiscales con una perspectiva de género”, agrega Bertrand.
Las mujeres que son víctimas de violencia se quejan porque tienen que ir en taxi a la posta policial, después al Ministerio Público, después a Medicina Forense, después al Juzgado y nadie les brinda protección u apoyo psicológico para enfrentar y controlar el miedo que tienen al interponer una denuncia porque no confían en las instituciones operadoras de justicia. En muchos casos las víctimas tienen que seguir viviendo con el agresor y tienen temor de denunciarlo.
Generalmente las mujeres tienen mucho miedo, no hay protección a testigos. Las mujeres que sobreviven a la violencia prefieren no denunciar por miedo, los testigos también tienen miedo de sufrir consecuencias si se presentan a declarar. Los fiscales se quejan de que los testigos no colaboran, pero ellos no ofrecen protección, no garantizan seguridad. En su mayoría, la pobreza les impide buscar otros sitios para trasladarse a vivir. “Las víctimas son tratadas como expedientes y no como seres humanos”
La ex jueza asegura que las pruebas que presenta el Ministerio Público no son suficientes, y muchas veces las mujeres no llegan a declarar y siguen viviendo en el mismo lugar que el agresor, algunas son víctimas de violación de vecinos cercanos.
El 911, es un instrumento de denuncia, pero con escasa utilidad, por su tardanza no es eficiente y no logra atender las denuncias infraganti con celeridad, provocando impunidad, generalmente las víctimas son remitidas a una posta de policía y el 911 sólo se lava las manos, el trámite de denuncias es lento, con la pandemia se empeoró porque muchas oficinas gubernamentales sólo estaban funcionando con el 25% de su capacidad por el Covid-19.
Rosa escuchó pasos en el techo de su casa, dos hombres estaban ingresando desde el techo de una casa vecina, ella no podía llamar por teléfono porque pensaba que los delincuentes escuchaban y seguían sus movimientos, ella escribió a la página del 911 en Facebook, les dijo lo que estaba pasando, no atendieron su denuncia, le pidieron que llamara por teléfono, algo que ella no podía hacer en ese momento. Se sintió huérfana, desprotegida. Los hombres se fueron al ver que encendió todas las luces de su vivienda, simuló conversar con alguien más y así logró que evitar que se atrevieran a ingresar.
Es alarmante la cantidad de denuncias que se recibieron en 2020 y que no tuvieron la respuesta estatal y eso se le denomina impunidad. En 2021, las muertes violentas de mujeres van en incremento. El caso reciente de Keyla Martínez, la enfermera asesinada en una posta policial, es el ejemplo más claro del temor que generan las instituciones que se supone deben proteger a la ciudadanía, su madre y hermana siguen exigiendo y esperando justicia, no tienen protección estatal.
“Recientemente juzgamos un caso de esos, el caso de una joven que fue asesinada por cuatro hombre con machete, de esos casos hay miles en impunidad, se debe a varios factores; el Ministerio Público presenta sus casos mal preparados, no lleva vaciados telefónicos, ni la prueba pericial, quieren convencer al juez con la palabra de la víctima y cuando ésta no llega por miedo, se cae el caso, tiene una pésima investigación científica no hay capacitación, ese tipo de caso es para hacer un mapa a seguir en ese tipo recolección de pruebas, lo fiscales no manejan el Código Penal, no estudian y no preparan sus tesis acusatorias” lamenta Bertrand.
El Estado de Honduras ha firmado todos los tratados internacionales en materia de protección a la mujer, pero no se respetan, están en papel mojado, “nos encontramos en un estado de indefensión, en Honduras no se respeta la Ley e incluso hay casos de primeras damas que han sido víctimas de violencia doméstica. Existe un patrón de violencia, de corrupción y de impunidad, es duro ser mujer en Honduras. Un país donde no existe el Estado de Derecho, se normaliza que se incrementen las muertes violentas de mujeres, porque somos un segmento históricamente vulnerable”.
La vicepresidenta del Colegio de Abogados agrega que hace falta educación en género, existe normativa, pero nadie respeta la Ley, empezando por el presidente de la República, el mismo Código Penal aprobado por diputados corruptos, disminuyen las penas en casos de muertes de mujeres.
Merly Eguigure, coordinadora del Movimiento Visitación Padilla, alzó la voz en representación del movimiento feminista en Honduras y exigió una respuesta estatal a la ola de violencia. “Esto es el resultado de toda la descomposición social que hay en este país donde el respeto a la vida es un bien que no protege el gobierno”, declaró Eguigure a periodistas en Tegucigalpa. Señaló que la ola de violencia contra las mujeres se ha incrementado en tiempos de pandemia.
Ninguna mujer debe permitir actos de violencia en su vida, la violencia debe ser vista como un tema de interés público, las frases “la ropa sucia se lava en casa” quedó en el pasado. Ante la violencia no podemos guardar silencio, eso nos hace cómplices de tantos hechos de violencia contra las mujeres y contra la niñez.
La violencia contra la mujer debe ser un tema de interés público
La violencia contra la mujer no es un tema que se defina por tener o carecer de formación académica ni condición social. Abogadas, doctoras, maestras, ingenieras, periodistas y psicólogas son víctimas de la violencia. Es un tema sociológico, de autoestima y educación que comienza en el hogar y en la convivencia social y debe ser visto como un asunto de interés público.
Según la psicóloga colombiana con maestría en Intervención Social y Sicoterapia Gestáltica, Rossana Morales Ferrera, la violencia contra la mujer es un tema de interés público. Es importante trabajar en dos niveles. En un nivel más amplio, macro social y meso social, con las representaciones sociales que existen acerca de la violencia dentro de las familias.
Muchas veces se piensa que es un problema interno “doméstico” y entonces las personas, los vecinos y la gente en la calle que observa este tipo de situaciones de maltrato, pero erróneamente se mantienen al margen. La violencia es un tema de interés público, creen que se están metiendo en un asunto privado y parte de lo que hay que trabajar es en desprivatizar la violencia que ocurre dentro de las familias. Este no es asunto privado, es una cuestión que nos concierne a todos y hay una corresponsabilidad en la sociedad al seguir permitiendo y normalizando estas situaciones de ultraje.
La Colectiva de Mujeres Hondureñas, CODEMUH, realizó la cuarta Auditoría Social sobre las múltiples violencias contra la mujer y femicidios en el contexto del Covid19 de enero a diciembre de 2021.
De la investigación realizada por CODEMUH, según María Luisa Regalado, Directora de la Organización, se concluyó que: el confinamiento de la ciudadanía perjudicó a las mujeres y las niñas en casa, pues la violencia en el hogar aumentó, presentándose en 2020 más de cien mil denuncias al 911.
La permanencia en casa incrementa las tareas domésticas y los servicios de los cuidados a la familia, que recaen sobre las mujeres ya que también son las primeras en atender la emergencia en el área de la salud y otras necesidades, porque se fortalecen los roles de género e incrementa la vulnerabilidad, cansancio y estrés.
Con el confinamiento, las mujeres han estado más expuestas a la violencia sexual, pues el 60% de los agresores son conocidos, es decir que están en la casa y en el vecindario. El riesgo más frecuente para las mujeres durante la pandemia en las comunidades es por la violencia y no hay transporte para movilizarse a interponer las denuncias
Para las mujeres líderes, las fiscalías del Ministerio Público no son funcionales porque tardan demasiado en atender por distintas razones. Eso las hace más vulnerables a la violencia en la casa y en la calle. Asimismo, las estadísticas que presentan las instituciones del Estado son un subregistro. No contar con información oficial unificada contribuye a incrementar la impunidad.
Las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) no cuentan con el presupuesto para contratar el personal necesario, ni la logística para atender a las mujeres y las instancias operadoras de justicia no estaban funcionando totalmente, la asesoría y atención era limitada. Por otra parte, la falta de credibilidad y confianza en las instituciones operadoras de justicia también se presenta en los procesos de demanda de alimentos.
El Estado no toma en cuenta el incremento en la violencia, al aprobar los presupuestos para las instituciones del Estado. El Poder Judicial no capacita a su personal en muertes violentas de mujeres y femicidios, así como la falta de credibilidad y confianza en las instituciones operadoras de justicia de parte de las mujeres.
Las mujeres exponen que el 911 no funciona o tarda demasiado en responder. Hay casos de agresiones sexuales contra mujeres que iban caminando a su vivienda y fueron víctimas de violencia sexual. Desde el inicio de la pandemia hasta cinco meses después, no se pudo citar a los agresores porque la mayoría de las oficinas estaban cerradas o sólo estaban atendiendo casos de emergencia, por lo que fue imposible el seguimiento a las denuncias, incrementándose la mora judicial.
El Ministerio Público muestra algunos avances en la judicialización de casos de femicidios, sin embargo, requiere de la contratación de más fiscales e investigadores, así como logística para realizar las investigaciones con mayor diligencia.
Ministerio Público no cuenta con recursos suficientes
Durante el 2020, se siguió trabajando en los casos, pero durante casi un año no se realizaron audiencias preliminares para dar seguimiento, audiencias de proposición de prueba en juicio oral y público, y audiencias de juicio reprogramadas. Eso dio como resultado impunidad por el cambio de medidas a los imputados.
“El debido proceso consiste en una justicia vinculada al respeto de los derechos humanos. No podemos imaginar ni decir ‘como estuvimos en pandemia, usted va a seguir recluido en el Centro Penal por tres años’.
Las cifras de violencia, tanto en pandemia como en emergencias climatológicas, ha sido la misma. El criminal ha seguido actuando”.
El factor indispensable es el trabajo en conjunto de la sociedad civil, organizaciones feministas y entes de justicia para obtener resultados favorables.
En 2020, las muertes violentas de mujeres en San Pedro Sula fueron 58. Los requerimientos fiscales por muertes violentas de mujeres son del 10% y el estándar de sentencias condenatorias es del 50%.
Hay un error en el registro porque se da muerte a una persona en un municipio y la reportan como si hubiera ocurrido en otro.
Se requiere contratar personal especializado: un fiscal especializado en violencia de género o una fiscal experta en juicios orales y públicos. Hasta la fecha no se cuenta con ninguno de ellos porque no hay partida presupuestaria. Se debe dar seguimiento a los testigos de los casos judicializados.
“No solo Tegucigalpa existe o que puedan equilibrar Tegucigalpa y San Pedro Sula. Existen El Progreso, Puerto Cortés, Yoro, Ceiba, etcétera. Es necesario equilibrar ese recurso. No podemos hablar de entidades especializadas cuando cuentan con tres fiscales y en Tegucigalpa cuentan con diez. Si no vamos a la Policía, ¿cuántos investigadores hay de muertes violentas de mujeres en San Pedro Sula? Créame que en Tegucigalpa va a haber el doble o triple. Un elemento vital es el seguimiento que se da a las víctimas. Qué bonito sería darles seguimiento a esas mujeres víctimas de agresiones”. Declaraciones y aportes del abogado Eduardo Figueroa, Fiscal Especial de la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios de la zona norte de Honduras.
Es urgente habilitar los centros para la denuncia y atención en línea.
El impacto en la salud física y mental es grande. Las mujeres y niñas son las más vulnerables. Se deberá actuar de inmediato. Se deben potenciar las líneas de atención en apoyo psicológico y como asesoría jurídica en línea. Esto no debería esperar que termine la pandemia. Recordemos que no todas las mujeres tienen acceso a internet, por lo que se deben emplear otras vías, como los SMS. Todos los hondureños deberíamos recibir información de prevención de la violencia a través de este medio y disponer de un par de mensajes al mes para solicitar ayuda.
La Policía y los entes judiciales deben movilizarse a las comunidades, dando prioridad a los incidentes de violencia contra las mujeres y las niñas, evitando que los agresores queden impunes. Todas las empresas privadas y gubernamentales deben prestar más atención a la violencia contra la mujer, compartiendo información con su personal. Educar a las niñas y mujeres es fundamental. No debemos bajar la guardia y continuar educando.
En la investigación realizada por la CODEMUH, en el 2020 el Estado de Honduras no estableció políticas públicas eficiente para atender la demanda de las denuncias presentadas por las mujeres víctimas de la violencia, concluyendo que:
Es necesario fortalecer con personal especializado y presupuesto a las Oficinas Municipales de la Mujer, para que las mujeres sean atendidas, escuchadas y respaldadas. Además, es importante establecer conexiones entre las OMM, los juzgados y la Policía.
La Unidad de Investigación y Seguimiento a las Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios debe contar con personal especializado en temas de género y contratar más fiscales e investigadores para atender los múltiples casos y reducir la mora.
Las mujeres deben cambiar su conocimiento sobre los estereotipos de género en un sistema que les impone como tarea exclusiva los roles domésticos a las mujeres. Los gobiernos locales deben incorporar en sus planes de desarrollo municipal, protocolos de género e inclusión para atender a la población de forma igualitaria.
Crear canales de comunicación para la denuncia de casos de violencia contra las mujeres, mediante señales de alerta que permitan atender las emergencias. Considerar la violencia doméstica un problema de país, que no solo afecta a las mujeres, si no también, a las familias y sociedad. Integrar a las organizaciones de mujeres en las mesas de toma de decisiones
Construir una estrategia integral con la participación de las organizaciones feministas, mujeres y todos los sectores para reducir la vulnerabilidad de las mujeres en emergencias. El sistema 911 debe priorizar denuncias de violencia doméstica porque es la diferencia entre vida y muerte.
Brindar asistencia profesional a las mujeres afectadas psicológicamente por la violencia y garantizar que las casas refugio estén funcionando con todos sus servicios para albergar a las mujeres víctimas de violencia. El concepto de “quédate en casa”, debe incluir “mujer, quédate en casa segura y a salvo”, informando a las mujeres sobre los riesgos que enfrentan.
El Estado de Honduras debe crear canales de comunicación para la denuncia de casos de violencia, mediante señales de alerta que permitan atender las emergencias y evitar que las mujeres pierdan la vida.
Estrategias gubernamentales insuficientes durante 2020
El INAM detalló los datos comparativos de enero a octubre sobre los casos atendidos por el INAM a través de Ciudad Mujer, de forma directa o en alianzas con otras organizaciones en cumplimiento del Decreto Legislativo 99-2020, que ordenó: “Medidas especiales de difusión, prevención y atención de la violencia contra la mujer y acciones para garantizar la igualdad de género durante la vigencia de la emergencia nacional declarada a raíz de la pandemia COVID-19”.
En atención a los indicadores de medición de resultados de la campaña iniciada en las cadenas nacionales de radio y televisión con mensajes relacionados con la problemática de violencia contra la mujer, aseguran que realizan monitoreo del sistema de emergencia 911, considerando las cantidades de denuncias por violencia doméstica, para tomar acciones por medio de las OMM a nivel nacional e instituciones del Estado cuya competencia es atender la problemática de la violencia, entre ellos; El Comisionado Nacional para los Derechos Humanos, (CONADEH), Ministerio Público y Secretaría de Seguridad.
El presupuesto del Instituto Nacional de la Mujer ha disminuido en los últimos años.
*Datos en millones de lempiras
En el marco de la pandemia, durante el 2020, el gobierno de Honduras a través del Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER) al trasmitir las cadenas nacionales de radio y televisión, emitió mensajes del Instituto Nacional de la Mujer y la Familia (INAM) relacionados con la temática de violencia contra la mujer, estos mensajes según múltiples consultas realizadas durante la auditoría social de la Colectiva de Mujeres Hondureñas, no fueron efectivos.
Alexa Aragón, abogada y defensora de derechos humanos se refiere al tema; “Considero que es muy interesante la estrategia de publicar en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales la información sobre la violencia doméstica. Considero, por experiencia, que la mejor forma de hablar a una mujer de los diferentes sectores se basa en los ejemplos que se viven, explicarle sin tecnicismo jurídico de qué se trata la violencia doméstica, quiénes pueden ser víctimas de violencia doméstica, quiénes están obligados a denunciar la violencia doméstica, cuáles son las medidas de seguridad”.
“Hay que ver qué tipo de contenido tienen estas cápsulas informativas, porque eso de dar solo cifras de denuncias, qué realmente va a alimentar. Solo si hay casos. Pero no se crea conciencia a la mujer como tal. Entonces considero que presentarles casos a las mujeres en medios tradicionales, presentarles mecanismos de defensa, presentarles qué tipo de violencias hay, ante qué instituciones se pueden abocar, qué profesionales están obligados a interponer denuncias, que en este caso sería el personal de la salud, qué tipos de violencia se pueden determinar, aparte de los que dictamina la ley, allí sí se podría hacer incidencia, definitivamente. Creo que sería increíble también colocar a profesionales del derecho, mujeres en lucha, al frente de estas cápsulas porque somos las que vivimos día a día estas experiencias y tenemos conexiones con las víctimas”.
De nada sirve que Honduras tenga tratados internacionales si no se están aplicando de forma correcta, si los jueces fiscales no tienen la empatía de ayudar a las víctimas. No solo es el tema legal. Estamos hablando de que una víctima de violencia doméstica necesita apoyo psicológico, moral, espiritual y médico.
En cuanto al empoderamiento a causa de conocimiento propio, una de las cosas por las cuales la mujer sigue siendo víctima es no tener independencia económica. Puede tener herramientas legales, conocimiento legal, pero hay que darle empoderamiento psicológico y moral de que puede emprender sola. El camino no es fácil, pero hay herramientas para obligar al padre de las niñas o niños a cumplir con la pensión alimenticia o saber que es posible emprender sola.
A veces, esa cultura patriarcal que nos meten, esa cultura de transgresiones que vivimos las mujeres en Honduras, nos hace ser sumisas y cohibidas. Todo eso es un contexto en el cual hay que trabajar con las víctimas de violencia doméstica. Es necesario no solo para víctimas de violencia doméstica, sino también para las víctimas de violencia en general. Hay víctimas que sufren violencias cuando van a parto y esta violencia no se reconoce en ninguna ley.
Podría decirle en conclusión que la Ley de Violencia Doméstica necesita una reforma urgente del Congreso Nacional, leerla nuevamente y hacer cambios. En el nuevo Código Penal ya se está hablando de algunos avances muy interesantes, pero se necesita definitivamente una reforma y dar más información sobre los tipos de violencia a nivel nacional, no solo en cifras, sino también con testimonios reales, y cómo hay organizaciones de mujeres sin fines de lucro dispuestas a apoyar a las mujeres de Honduras para sacarlas adelante. También cómo los colegios de psicólogos pueden apoyar a las mujeres, cómo puede haber más organizaciones, no solo la de la paz, sino también otro tipo de organizaciones que las apoyen moralmente porque el proceso de la violencia en general hace que la mujer tenga una baja autoestima, que se sienta sola y deprimida y tome decisiones que tienen consecuencias muy fuertes”.
Tipos de violencia contra la mujer
La violencia de género comprende todo acto sexista que produce un daño físico, psicológico o emocional a una persona. No consiste solamente en el maltrato físico o verbal hacia una mujer, sino también incluye otras formas de violencia que suelen estar más ocultas y efectuadas en espacios más privados.
Uno de los pasos fundamentales para acabar con la violencia de género es el reconocimiento público de las diferentes formas en las que esta se manifiesta. Por esta razón, aquí te presentamos los siete tipos más comunes de violencia contra la mujer. Fuente; RPP Noticias
- Violencia física: Comprende toda acción empleada sobre el cuerpo de la mujer que le produce un daño o sufrimiento físico, como heridas, lesiones, hematomas, quemaduras, empujones o cualquier otro maltrato que afecte su integridad física.
- Violencia psicológica: Equivale a toda conducta que busca degradar o controlar sus acciones y decisiones mediante la amenaza, el acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento de la mujer; que producen un daño emocional en ella, la disminución de su autoestima, perjudican y perturban el pleno desarrollo personal e incluso la pueden llevar al suicidio.
- Violencia sexual: Es todo acto que amenaza o vulnera el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su sexualidad, abarcando toda forma de contacto sexual. Incluye el uso de la fuerza o intimidación dentro del mismo matrimonio u otras relaciones vinculares o de parentesco, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.
- Violencia económica: Este tipo de maltrato busca ocasionar una pérdida de los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de la limitación, retención o pérdida de sus bienes y derechos patrimoniales. Incluye todo acto que genere limitaciones económicas encaminadas a controlar sus ingresos, o la privación de los medios económicos indispensables para vivir.
- Violencia simbólica: Abarca todos los estereotipos, mensajes, valores, íconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
- Violencia laboral: Comprende la discriminación hacia la mujer en los centros de trabajo mediante medidas que obstaculizan su acceso al empleo, ascenso y estabilidad en el mismo. También constituye discriminación de género en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual salario por igual trabajo.
- Violencia institucional: Equivale a las acciones realizadas por funcionarios, autoridades y profesionales pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, cuyo objetivo es retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan sus derechos.
Si eres víctima o testigo de algún tipo de violencia de género, recuerda que puedes llamar gratuitamente a la Línea de emergencia 911 y denunciar el hecho.
