Por: Lourdes Ramírez (*)
Integrante HUMANOS
A dos años de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, las estrategias de seguridad están concentradas en prorrogar un estado de excepción -una mala copia de las políticas de Nayib Bukele en El Salvador-, y en mantener a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana. El resultado: violaciones a los derechos humanos, estadísticas negativas en la lucha contra la extorsión y un debilitamiento de la democracia, que una vez más necesita de los hombres de “verde olivo” para sostenerse.
Honduras viene de un periodo de 13 años (2009-2022), donde prosperaron estructuras de corrupción y narcotráfico. A su vez, estas derivaron en altos niveles de violencia, al grado que San Pedro Sula llegó a ser considerada la ciudad más violenta del mundo en el 2011, según la organización mexicana “Seguridad, justicia y paz”.
Aunque la situación ha ido mejorando, esta ciudad y Tegucigalpa aún seguían dentro de las 50 ciudades más violentas en el ranking de 2022 (hecho público en febrero de 2023). Como conclusión, el anterior presidente de la República, Juan Orlando Hernández, está siendo juzgado en Nueva York por delitos de narcotráfico. En las cortes estadounidenses se ha llegado a denominar a Honduras como un narcoestado.
UNA MEDIDA “EXCEPCIONAL”
QUE SE VOLVIÓ PERMANENTE
En diciembre de 2022, tras 10 meses de gobierno, el consejo de ministros, presidido por la presidenta Castro, aprobó el estado de excepción “en virtud de la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados, que operan como mafias”,
según el decreto PCM-29-2022 publicado en La Gaceta el 3 de diciembre de 2022.
Esas mafias ponen en riesgo la vida y los bienes de las personas, ejecutando delitos de extorsión, asesinatos, robos, tráfico de drogas y secuestros, enfatiza el documento. Mediante ese decreto se suspendieron garantías constitucionales contenidas en los artículos 69 (derecho a la libertad), 78 (derecho de asociación y reunión), 81 (derecho de locomoción), 84 (derecho a no ser detenido sin motivo), 93 (derecho a fianza) y 99 (inviolabilidad del domicilio). De acuerdo con el artículo 187 constitucional, numeral 4, la suspensión de garantías constitucionales no podrá exceder a los 45 días, por lo que desde aquella fecha se ha prorrogado al menos 8 veces y se ha ido extendiendo geográficamente hasta cubrir a 17 de los 18 departamentos del país.
El doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, advierte que como su nombre lo indica el estado de excepción debería ser “excepcional”, pero en Honduras y El Salvador se ha convertido en una situación permanente y así “se desnaturaliza esa herramienta que tienen los Estados democráticos para enfrentar problemas graves”. Cuando la suspensión de derechos se vuelve una norma, se evidencia un grave riesgo para la democracia y una debilidad del Estado de poder luchar contra la violencia con las herramientas que la ley y la institucionalidad le proporcionan, asegura Mejía, quien es investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric, de la Compañía de Jesús). De acuerdo a un comunicado
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el contexto del estado de excepción han recibido informes de detenciones ilegales, uso excesivo de la fuerza, abusos durante allanamientos de morada sin orden judicial y desapariciones forzadas, especialmente cometidas en contra de jóvenes de estratos sociales de bajos recursos.
Joaquín Mejía Rivera, abogado Derechos Humanos
RESULTADOS NO COMPENSAN
LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOSNelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ, no gubernamental), advierte que en El Salvador la restricción de garantías significó en el último año una reducción histórica en la tasa de homicidios, pero al volverse una medida permanente, tanto en ese país como en Honduras, hay un fuerte impacto en los derechos de los ciudadanos, por arrestos y detenciones sin justificación, allanamientos de morada a cualquier hora y sin causa aparente y otras violaciones. “Es una medida que puede tornarse bastante negativa, porque se puede instrumentalizar para dar persecución a aquellos que no están conformes o que auditan el quehacer del gobierno”, dijo Castañeda. “Es preocupante la situación de la sociedad civil, el debilitamiento del espacio cívico”, añadió. En el caso de Honduras también ha habido una reducción gradual en la tasa de homicidios, desde aquel lejano 2011 en el que alcanzó una tasa de 86.5 por cada 100,000 habitantes,
hasta el 31.14 con que cerró el 2023. Un avance importante pero no suficiente, pues sigue siendo el país más violento de Centroamérica, muy distante del 2.14 de El Salvador el año anterior. Donde la estrategia queda a deber es en el tema de extorsión, uno de los problemas que se proponía combatir el estado de excepción.
Según un informe de ASJ, esa modalidad criminal pasó de afectar al 8.5 por ciento de hondureños en el 2018 al 11.1 en el 2023.El informe, elaborado a partir de una encuesta nacional, revela que el 52 por ciento se sienten igual que antes del estado de excepción, el 23 por ciento se sienten menos seguros, y un 15 por ciento perciben mayor seguridad. Dentro del plan de las autoridades para combatir la extorsión estaba el cumplimiento de 30 medidas, pero hasta la presentación del documento, en diciembre de 2023, solo se habían cumplido 3. Es decir, los resultados no son los óptimos, “y el debilitamiento del Estado de derecho; la imagen internacional del país se ve muy afectada con este tipo de medidas. Creo que hay suficiente capacidad para buscar otras medidas que no generen este tipo de violaciones a los derechos de los hondureños”, refirió Castañeda.
Joaquín Mejía Rivera añade que el estado de excepción le da amplia discrecionalidad para actuar a la Policía Militar del Orden Público (Fuerzas Armadas, Secretaría de Defensa) y a la Policía Nacional (Secretaría de Seguridad), dos entes que en la actualidad están siendo severamente cuestionados por presuntamente haber colaborado en el trasiego y protección de cargamentos de drogas al aliarse con políticos corruptos. Además, han estado al servicio de grandes corporaciones para criminalizar a defensores del medioambiente y de derechos humanos. “Por tanto siempre va a haber un riesgo de que se entregue tanto poder a fuerzas de seguridad del Estado que no han rendido cuentas por sus crímenes, que no han sido depuradas. Es un grave riesgo porque el estado de excepción le da a la Policía Nacional y a la Policía Militar la libertad de determinar a quién va a detener y a quién no”, acotó Mejía, quien en diversas ocasiones ha representado a víctimas ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).LAS MUJERES, VÍCTIMAS SILENCIOSAS
Y FALTA DE ACCIÓNOtro de los graves problemas de inseguridad en Honduras son las muertes violentas de mujeres.
De acuerdo con un informe de la plataforma “Informal Economy”, basado en datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y ONU Mujeres, Honduras ocupa el quinto lugar en el mundo en muerte en femicidios, solo después de Sudáfrica, Jamaica, Botswana y Namibia. Según el Centro de Derecho de Mujeres, en el 2023 se registraron
383 muertes violentas de mujeres. Esta situación refleja una arraigada cultura machista y de discriminación contra la mujer, según opina el abogado Joaquín Mejía Rivera. Señala que, aunque se han logrado avances legales, en la práctica persisten la violencia doméstica, crímenes sexuales y una enorme brecha de género. “Los hombres somos los principales victimarios, no sólo de mujeres sino también de otros hombres”. No solo se requieren leyes contra la violencia, “también es necesario un cambio cultural y eso pasa por la acción, por la educación formal e informal con el objetivo de que los hombres nos construyamos de otra manera”. Ante la gravedad, Mejía plantea que el Estado debería decretar emergencia nacional por los femicidios. También destaca los altos índices de violencia sexual y la desaparición de miles de mujeres, vinculadas en algunos casos con redes de trata y complicidad de agentes estatales. De igual forma, el analista Carlos Urbizo apunta a factores culturales y sociales como causas de la violencia contra la mujer, incluido el machismo y los celos. Considera que se requiere un liderazgo que aglutine esfuerzos del gobierno, empresa privada y sociedad civil para enfrentar esta problemática. Sin embargo, son pocos los esfuerzos enfocados en esta temática, y las políticas de seguridad tampoco tienen una propuesta ante este problema. El 7 de febrero de 2024
la Conferencia Episcopal de Honduras, que aglutina a los obispos de la Iglesia Católica, emitió un comunicado, donde advirtió que “frente a una ‘indiferencia práctica’, sin respuestas profundas, nos sigue conmoviendo la violencia que sufren muchas personas y, especialmente, muchas mujeres en Honduras”. Dicen saber que “la violencia es un drama complejo, que lejos de disminuir, pareciera extenderse más. Frente a ello, todos estamos llamados a elevar nuestra voz, no solo ante hechos que jamás deberían existir, sino también ante estructuras sociales y conceptos machistas que favorecen esta repudiable violencia, que tiene su más dramática expresión en el feminicidio”.
Carlos Urbizo Solís, economista y ex miembro del Partido Nacional de Honduras
DESMILITARIZAR, UNA PROMESA OLVIDADA
En el año 2013, cuando Juan Orlando Hernández Alvarado era presidente del Congreso Nacional, se aprobó el
decreto 168-2013 mediante el cual se dio vida a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), entidad a la que se le asignó un presupuesto propio, se autorizó a las Fuerzas Armadas a aumentar en 5.000 el número de efectivos, y se asignó un presupuesto de 24.5 millones de lempiras (1 millón de dólares aproximadamente) para su equipamiento. Cuando el partido de la presidenta Castro (Libertad y Refundación, Libre) andaba en campaña política, previo a las elecciones de noviembre de 2021,
presentaron el Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026, donde plantearon “la temporalidad de la ley de Policía Militar del Orden Público que militariza el orden civil y contamina a la fuerza armada con una función ajena” (página 11). Además, criticaron que la política de militarización impuesta por el gobierno de ese momento (Partido Nacional) “no ha dado resultados positivos en ningún lugar del mundo” y lamentaron que el presupuesto de Defensa aumentó en 303.4 por ciento desde el año 2009 hasta el 2020, y el de Seguridad aumentó en 152 por ciento en el mismo periodo. “Mientras la población vive en zozobra y se ve forzada a huir del país”. Prometieron “desmilitarizar la seguridad ciudadana”, asegurar la “separación precisa y respeto de las funciones propias de las fuerzas armadas y la policía”. Al asumir el poder en enero de 2022, Castro comenzó un tímido proceso de desmilitarización de las cárceles, bajo control de las Fuerzas Armadas desde el 2019; mientras que la Policía Militar continuó en labores de seguridad. Esta situación tuvo un giro repentino el 20 de junio de 2023, cuando
un grupo de pandilleras ejecutó una masacre en una cárcel de mujeres, que dejó 46 víctimas.
El entonces ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, fue separado y los policías militares fueron enviados nuevamente a controlar las cárceles, donde continúan. Mejía Rivera explica que el proceso de militarización en Honduras comenzó en el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006) y se ha mantenido desde entonces en todos los gobiernos en mayor o menor medida. En ese periodo, fuentes del gobierno estadounidense estimaron que Honduras se convirtió en
paso obligado de casi un 80 por ciento de la droga enviada a aquel país. “Entonces los militares o han sido cómplices o han sido incompetentes. Si no han sido capaces de proteger las fronteras para evitar que la droga pase por el territorio nacional ¿por qué confiamos en darle facultades para la seguridad interna?”, se preguntó el doctor en derechos humanos.
Señala que cuando el poder de fuego del crimen es tan intenso que requiere una intervención militar, esta debe cumplir ciertos requisitos, como: estar bajo control civil; ser evaluados permanentemente por los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la misma ciudadanía; de antemano debe acotarse el periodo de intervención en seguridad ciudadana; se debe trabajar en una respuesta integral a los problemas económicos, sociales y culturales de los ciudadanos para atacar las causas, no solo las consecuencias. Nada de esto se hace en Honduras. Enfatiza que la intervención militar denota una debilidad de las instituciones democráticas y que en países como Honduras se tienen muy cerca los golpes de Estado, lo que inclina a gobiernos como el de Xiomara Castro, a buscar la lealtad de los militares porque son ellos quienes tienen el control directo de las armas, que son instrumentos de represión. Sin embargo, esa supuesta lealtad no es gratuita, sino que implica darles más poder, más presupuesto, más armas y hacer gestiones para mantener contentas a las cúpulas militares. “Y obviamente eso debilita gravemente la democracia”, acotó. Alejandra Fuentes, coordinadora del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción, de ASJ, manifestó que siguen con preocupación la militarización de la sociedad pues existen dos instituciones, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ejecutando una misma función mientras que los niveles de inseguridad se siguen incrementando.
Alejandra Fuentes, coordinadora del centro de asistencia legal anticorrupción de la Asociación por una Sociedad más Justa, ASJ
UNA DEMOCRACIA
CERCANA AL AUTORITARISMO
Fuentes señala que las actuaciones de los funcionarios denotan una democracia frágil y que marcan un retroceso en la institucionalidad. Recordó que en
el Índice de Democracia de 2022 de The Economist, Honduras fue calificada como una “democracia híbrida”. Este es un concepto para designar a países que tienen características de democracia, pero también de autoritarismo. “Son democracias demasiado frágiles, que necesitan urgentemente una reconstrucción, un fortalecimiento, principalmente por representantes del Estado, pero acompañados por la participación de diferentes sectores del país”, dijo Fuentes. El empresario y analista político Carlos Urbizo Solís, quien en el pasado integró las filas del Partido Nacional, advirtió que no existe una filosofía clara de gobierno que nos lleve a una meta específica. La administración de Xiomara Castro se hace llamar de “socialismo democrático” pero en dos años de gobierno no ha tomado medidas en ese sentido, y pareciera que lo existente es un “híbrido” con facetas de tipo libertario, fascista, socialista, capitalista y mercantilista, advirtió. “Lo que sí le puedo asegurar es que no es (un sistema) democrático”. A su criterio se necesitan una serie de reformas de tipo electoral, pero también cambios que garanticen la libertad individual, la soberanía popular, derechos civiles y políticos.
INTOLERANCIA A LAS CRÍTICASEn el comunicado de la Conferencia Episcopal, arriba citado, los obispos sugieren “crear una cultura del encuentro” que “nos permita escuchar a la población de manera profunda, respetando las ideas de los otros y el derecho a disentir con las posiciones oficiales”. Demandan un diálogo y “apertura de las instituciones hacia todas aquellas voces que puedan diferir de nuestras opiniones”.
Agregan que es necesario “avanzar en la vía de la democracia y recuperar con urgencia la credibilidad en las instituciones del Estado, mantener la separación de poderes que garantice el equilibrio entre los mismos y los debidos contrapesos en las instituciones; es conveniente orientar el discurso hacia el encuentro entre los hondureños, eliminando tonos confrontativos”. De inmediato, representantes del gobierno, como el ministro de Desarrollo Económico, Fredis Cerrato, pidieron
“dejar la discusión política a los políticos”. Mientras que
el diputado oficialista Sergio Castellanos refirió “no sé a qué le llaman ellos independencia de poderes”.
Agregó que “si para ellos confrontación es señalar a aquellos que estuvieron involucrados en actos de corrupción, si para ellos confrontación es defendernos de los ataques injustos a la presidenta Xiomara Castro, entonces que renuncien a la Biblia”. Más recientemente, el 30 de enero de 2024, la ASJ (ONG capítulo Honduras de Transparencia Internacional) p
resentó el Índice de Percepción de la Corrupción, donde se manifiesta que Honduras mantiene estancado su puntaje por tercer año consecutivo. Esto la ubica como el segundo país más corrupto de Centroamérica y dentro de los primeros cinco de Latinoamérica. La respuesta de los funcionarios fue descalificar a la organización, y a sus representantes, acusándolos de complicidad con el expresidente Juan Orlando Hernández, cuyo juicio por narcotráfico está previsto inicie el 20 de febrero. Nelson Castañeda, de ASJ, señaló que el informe “ha sido un tema muy sensible para el gobierno actual”. Explicó que lo vienen realizando cada año desde el 2012 y su propósito no es atacar, sino servir como herramienta para crear estrategias, metodologías y mecanismos que permitan mejorar la situación del país. “La reacción no fue la esperada, sabíamos que íbamos a generar cierto debate, pero no esa réplica agresiva que se recibió por parte del gobierno”, acotó.El abogado Joaquín Mejía Rivera recordó que, al principio del periodo de gobierno, los funcionarios convocaban a mesas para escuchar a la gente, pero “ahora no escuchan a nadie. Cuando hay una crítica, aunque sea constructiva, se nos señala como si fuéramos enemigos, cachurecos, y no sé qué más”. Mejía Rivera es un ejemplo de la intolerancia desde el oficialismo. Por su larga trayectoria y conocimientos, el gobierno lo postuló para ocupar una de cuatro plazas disponibles de comisionados a la CIDH, a ser electos en junio de 2024 para el periodo que concluye en 2027. Sin embargo, sus posturas públicas siempre han sido enfocadas a señalar la realidad que viven los hondureños, lo que causó incomodidad y
terminaron retirando su candidatura, bajo el argumento de que no se alcanzarían los votos necesarios dentro de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
Nelson Castañeda, director de seguridad y justicia Asociación por una Sociedad más Justa ASJ
INVERSIONES Y REFORMAS
PARA MEJORAR LA SEGURIDAD
El 31 de enero de 2024, la Secretaría de Seguridad anunció la adquisición de diez carros Black Mamba Sandcat para ejecutar operaciones contra el crimen organizado.
Según reportes de prensa su costo por unidad rondaría los 500,000 dólares. El 7 de febrero de 2024 el Congreso Nacional aprobó un
préstamo de 50 millones de dólares para modernizar la Policía Nacional en tres grandes áreas: formación policial, tecnología y estructuras físicas. La viceministra de Seguridad, Semma Julissa Villanueva, considera que están trabajando para darle respuesta a las demandas de la población. Bajo ese enfoque, los recursos económicos de la Secretaría de Seguridad y de los otros operadores de justicia deben encaminarse donde están las mayores falencias, en el caso de seguridad, es la prevención del delito y el combate a la impunidad, reconoció. Considera importante también invertir en la investigación del delito para evitar la impunidad, “que vemos cuando (la investigación) ha sido inefectiva”. Reconoce que para mejorar el ambiente de seguridad deben ejecutarse reformas estructurales, principalmente enfocadas a tener leyes fuertes que permitan actuar a la policía. Para la funcionaria, el tema de seguridad es responsabilidad no solo de la Secretaría sino también de la sociedad y las respuestas deben ser integrales ante el crimen, que es multidimensional (homicidios, robo, violencia intrafamiliar, extorsión, secuestro, etcétera). “Si tenemos una estrategia en contra de todos estos flagelos, podremos recuperar la sociedad y lo que buscamos, que es sentirse en paz y en convivencia”, aseguró. Mientras esas estrategias hacen efecto, los hondureños continuarán sus vidas en la incertidumbre.
Julissa Villanueva, viceministra de seguridad
