Por Alejandra Alvarado de Reportar Sin Miedo
Tegucigalpa, Honduras. La justicia hondureña parecía haber dado un paso firme a favor de las poblaciones LGBTIQ+, pero el sector fundamentalista y los políticos conservadores le torcieron el brazo y la obligaron a echarse para atrás. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló hoy a las 8:00 p.m. el memorando 02-2026, que instruye a registrar la identidad de género autopercibida, unas horas después de haberlo emitido. La orden establece también que los jueces y juezas de la república debían considerar el nombre social de las personas involucradas en los procesos judiciales.
La anulación se da luego de que el Poder Judicial de Honduras se hallara en medio de un acalorado debate público tras la divulgación del memorando No. 02-2026, emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La magistrada Rubenia Esperanza Galeano, quien estuvo detrás del memorando, afirmó que las y los magistrados deben estar en contra de la discriminación.
“Esto no va para cuestiones de sólo hombres y mujeres, es para toda la población, para toda persona que es parte del sistema de justicia. Nosotros como jueces y juezas de la República no podemos generar ni ser discriminatorios de ninguna manera”, aseguró Galeano.
La medida, impulsada desde los sectores defensores de los derechos humanos como un paso hacia la inclusión y la dignidad de las personas trans y de la diversidad sexual, generó una inmediata ola de rechazo de grupos conservadores y cúpulas religiosas del país. Estas instituciones incluyen la Fraternidad Evangélica, que a través de un comunicado rechazó la medida, alegando que va contra los valores tradicionales de las familias hondureñas.
“Consideramos que el Poder Judicial se ha extralimitado en su actividad administrativa con este memorándum al pretender incorporar una ideología que contradice el pensar de más del 95% de las familias hondureñas”.
¿Qué alcance tendría el Memorándum 02-2026?
La disposición judicial busca que las y los operadores de justicia adapten las comparecencias y registros internos al reconocimiento de la identidad con la que las personas se identifican. Esto se da de manera independiente respecto a los datos que figuran en su documentación legal vigente.
Como ejemplo, en caso de que una persona trans testifique en un proceso de violencia, se consignará tanto su nombre legal —que figura en su documento de identificación— como su nombre social, promoviendo así un trato digno e inclusivo.
Quienes respaldan la medida argumentan que esta práctica se alinea con compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Honduras en materia de derechos humanos y no discriminación. De ese modo se busca el acceso a la justicia con enfoque de género e interseccionalidad.
El rechazo de los sectores opositores
El anuncio provocó una reacción coordinada de diversos sectores que perciben el memorándum como una imposición ideológica. Organizaciones como la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), el bloque Movimiento por Nuestros Hijos y el Congreso Nacional de Honduras manifestaron públicamente su enérgico rechazo, alentando a los magistrados a dejar sin valor ni efecto el oficio.
Honduras es una nación soberana con valores profundamente arraigados en la fe, la familia y la justicia. No permitiremos que, por vía de memorandos administrativos, se subvierte el orden constitucional que nos pertenece a todos los hondureños.一Movimiento Por Nuestros Hijos a través de sus redes sociales
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, también se pronunció sobre el oficio y solicitó a los magistrados que lo revisen o lo dejen sin valor ni efecto.
“De la manera más respetuosa, presidente, compañeros magistrados, si lo pueden revisar dentro de sus facultades, sería importante llevar a cabo esa revisión o dejarlo sin valor y efecto”, aseguró Zambrano.
Sociedad polarizada
El debate generado por el Memorándum No. 02-2026 pone en evidencia la profunda polarización y la brecha ideológica latente en la sociedad hondureña respecto a los derechos de las poblaciones LGBTIQ+.
Mientras las organizaciones de la diversidad consideran que esta orden judicial dignifica la interacción del ciudadano con el sistema penal y civil, los sectores conservadores la catalogan como un quiebre institucional que atenta contra los valores tradicionales.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia enfrenta ahora una creciente presión política y social para definir el futuro y la aplicación real de esta controvertida directriz en el sistema judicial.
