El 14 de septiembre de 2024, fue asesinado Juan López, defensor del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, reconocido a través de su lucha por la protección del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.
A pesar de las amenazas constantes contra su vida y de haberse confirmado la existencia de un riesgo grave a su integridad, la Oficina ha constatado que el Estado no implementó medidas eficaces para salvaguardarlo. Esta omisión reveló la persistente falta de acción efectiva en la protección de personas defensoras, así como la urgencia de abordar las causas estructurales de su situación de riesgo, incluidas las dinámicas de corrupción e impunidad.
A un año de su partida física, la Oficina se une a la conmemoración y al reclamo de justicia. Si bien existen avances en el proceso penal contra presuntos autores materiales, el derecho a la verdad, la justicia y la reparación exige también identificar y enjuiciar a los autores intelectuales y garantizar medidas de no repetición. Solo así la sociedad hondureña podrá avanzar en el combate a la impunidad y en la consolidación de la justicia ambiental, condición fundamental para generar un entorno propicio para la defensa de los derechos humanos en el país.
“El legado de Juan López nos recuerda que la defensa del medio ambiente es inseparable de la defensa de los derechos humanos. Su lucha sigue siendo un faro de esperanza para las comunidades y para Honduras. Honrar su memoria implica garantizar justicia plena, proteger a quienes defienden los bienes comunes y asegurar que nunca más se repita una tragedia como la suya.” expresó Juan Carlos Monge, Representante a.i. de OACNUDH en Honduras
La Oficina resalta que el Decreto 18-2024, que asegura la protección y restauración del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, constituye un resultado concreto de la lucha de Juan López y de quienes defienden los bienes comunes. Sin embargo, su efectiva implementación integral y transparente es una deuda pendiente del Estado; seguir postergándola limita el avance en la garantía del derecho al medio ambiente y aumenta los riesgos para las comunidades y defensores.
En ese sentido, la Oficina insta al Estado de Honduras a avanzar de manera ágil, imparcial, exhaustiva e independiente en la investigación que permita identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales, así como a las estructuras de corrupción y crimen organizado que pudieron haber participado en el asesinato de López. Además, exhorta a implementar el Decreto 18-2024 y las medidas de protección a favor de las personas defensoras de derechos humanos, sus familiares y demás víctimas vinculadas al caso.
