Juan Ramón Martínez

No cabe duda que para principios de 1982, el general Gustavo Álvarez Martínez tenía claro que los civiles no contaban con la competencia para manejar la crisis económica y política de Honduras. De igual manera consideraba que, estando encargado de la seguridad nacional, no sólo tenía la tarea de mantener la ley, el orden y defender nuestras fronteras», sino que debía ir más allá, creando las condiciones económicas y de control sobre las fuerzas opositoras, mediante el estímulo a la generación de riqueza y la movilización de todas las fuerzas nacionales en dirección a lograr el progreso del país. Y que, para crearse una base de poder suficiente, que le permitiera su objetivo de convertirse en el hombre fuerte de Honduras y de la región, necesitaba de una superestructura que fuera más allá, mucho más allá, especialmente por su organización y disciplina, hasta donde habían llegado los partidos políticos hondureños.

Como pensaban de igual manera los empresarios, consideró que el paso que tenía que dar era crear una fórmula organizativa en que él, en representación de los militares y con el talento de los industriales y los comerciantes, pudiera aportarle al gobierno de Roberto Suazo Córdova, orden, dirección e ideas prácticas para ejecutarlas en el corto y mediano plazo.

Es de estas consideraciones de donde nace la idea de crear la Asociación para el Progreso de Honduras (APROH). Esta mezcla de empresarios y miembros de las Fuerzas Armadas es inédita en la historia nacional. Sin embargo «Varios analistas han advertido en la membresía de la APROH y en la forma de ligarse a los círculos del poder económico, político y militar, un rasgo firme de las organizaciones de tipo corporativista, cuyo modelo más caracterizado en el continente se dio en la Argentina».

El mismo Presidente de la República, que no percibió que con la organización, Gustavo Álvarez Martínez le estaba creando una paralela que le impediría a su gobierno el ejercicio autónomo del mando, tal como lo señalan las prácticas democráticas, reconoció que la iniciativa es «una innovación muy creativa por el hecho de que personas con tantas responsabilidades e intereses se asocien en su carácter individual no como representativas de gremios, porque eso les permite ponerse de acuerdo sobre objetivos comunes, lo que no necesariamente sucede cuando se representa a gremios en los cuales en muchas ocasiones existen intereses encontrados».

Esta afirmación del Presidente Suazo Córdova, se confirmó en la integración de la Junta Directiva que quedó conformada de la forma siguiente: Presidente Gustavo Álvarez Martínez, militar; Vicepresidente, Miguel Facussé, industrial; Secretario, Oswaldo Ramos Soto, Rector Universitario; Tesorero, Bernard Casanova, industrial; Presidentes de Divisiones: Finanzas y Membresía, Rafael Ferrari, medios de comunicación; Desarrollo Económico, Paul Vinelli, banquero; Asuntos Educativos, Laborales, Campesinos, Leonardo Callejas, empresario y dirigente político conservador; Organización y Relaciones Públicas, Osmond Maduro, empresario; Vocales: 1. Roy Smith, banquero; 2. Carlos Calderón, medios de comunicación; 3. Mario Belot, industria de la carne; 4. Gilberto Goldstein, industria del azúcar; 5. Miguel A. Mejía, banquero; 6. René Becerra, banquero; 7. Juan Marinakys, empresario y comerciante importador; 8. Aquiles Izaguirre, banquero; 9. Eduardo Aragón, trasnacional United Brands; 10. Armando Erazo, industria de la carne; 11. Emin Abufele, industrial; 12. Emilio Larach, comerciante importador, 13. Rafael Valle, burocracia sindical; 14 Francisco Guerrero, burocracia sindical; 15. Marcial Solís, técnico y asesor de cooperativas; 16. Andrés Víctor Artiles, burocracia sindical; 17. Matilde Manueles, cooperativista; 18. Armando Fuentes, cooperativista; 19. Ángel Martínez Reyes, cooperativista; 20. Rafael Cruz López, pequeña industria; 21. Israel Rodríguez, dirigente gremial; 22. Adán Benítez, burocracia sindical; Secretario Ejecutivo, Benjamín Villanueva, dirigente político conservador; Asesores: Abraham Benatón ex-Ministro de Economía, acusado de recibir en 1974 un soborno de la trasnacional bananera United Brand; Ronald Barahona, banquero; Asesores para cuestiones específicas: Edgardo Sevilla, funcionario de la empresa privada; Emín Barjun, industrial; Roberto Pacheco, abogado.

En el mes de enero, el gobierno del Presidente Suazo Córdova le entregó la personería jurídica a la organización animada y dirigida por el Jefe de las Fuerzas Armadas, Gustavo Álvarez Martínez. Desde ese momento, hasta su muerte por inanición, confirmada en el momento de la caída de Álvarez Martínez del cargo número uno de la jerarquía militar hondureña, APROH se convirtió en el centro de importantes iniciativas, en las que se mezclaban los proyectos económicos, la atracción de inversiones, cabildeo ante las autoridades de los Estados Unidos, la forja de consensos alrededor de los principales problemas nacionales, el impulso a las ideas centrales sostenidas por Álvarez Martínez en relación al peligro del comunismo, la amenaza de Nicaragua, la supresión violenta de la oposición, el menosprecio a los partidos políticos y la superioridad de los militares en el escenario nacional.

En algunos momentos, APROH fue severamente criticada tanto por las alianzas que intentó establecer con el coronel Bo Hi Park, –a quien le tuvo que devolver un donativo de cincuenta mil dólares– como por el hecho que asumió para sí misma, la representación de los intereses hondureños y la expresión más acabada de la voluntad nacional. La devolución a que se hace referencia, se hizo en un clima de crítica bastante generalizada en el que la Iglesia Católica llegó a pronunciarse en contra de Causa Internacional, organización de fachada de la Iglesia de Unificación, dirigida y financiada por el Reverendo Moon.

(FUENTE: Oficio de Caníbales, Juan Ramón Martínez, 2006, Editorial Guardabarranco)

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