Por: Carolina Alduvín
Se acerca el final del año, temporada en la que los colaboradores más cercanos al presidente acostumbran poner sus cargos a disposición, y en la que los medios de comunicación levantan encuestas para que la población califique a los ministros. Hay reporteros que indagan desde antes; allá, entre marzo y abril, uno de ellos me preguntó: ¿A su juicio, ¿quién es el mejor ministro? Sin titubear y antes que encendieran la cámara, respondí: el de Recursos Naturales y Ambiente; el muchacho se detuvo en seco y expresó que le parecía una respuesta muy extraña. Ignoro qué esperaba escuchar y expliqué que, con todo y lo prematuro de la pregunta, el indicador determinante en aquel momento fue su disposición a escuchar las demandas de la población.
La Coalición Ambiental de Honduras, esa misma que se opuso con argumentos técnicos, financieros y pragmáticos a la insensata y absurda idea de construir una cárcel de máxima seguridad en una isla a 250 km de tierra firme, y se le terminó dando la razón. Esa misma objetó el nombramiento del Sr. Juan Carlos Ramos como director del Instituto de Conservación Forestal, por no cumplir un requisito conforme a la Ley Forestal; así el ciudadano Asfura demostró no estar dispuesto a imponer mediante ilegalidades a persona alguna y ganamos todos. El ICF es apenas el brazo ejecutor de SERNA, no la Secretaría a cargo de la política ambiental del país, el funcionario hoy ocupa un puesto de mayor rango y los pendientes en materia ambiental, mayor probabilidad de resolverse con la debida participación de la ciudadanía.
Es preciso recordar que esta dependencia fue la más inoperante en el gobierno anterior; a cargo de un bravucón ideologizado que se limitó a paralizar todo tipo empresa o desarrollo mediante la negación indefinida de las requeridas licencias ambientales, que canceló y destruyó el medio de vida de muchos pequeños empresarios por mero capricho y contó con la complicidad de dos inoperantes subalternos, uno vergüenza total para el gremio de los biólogos y el otro con todo el conocimiento de campo sobre las irregularidades, delitos ambientales y destrucción en nuestras áreas protegidas, jamás movieron un dedo o la boca para proponer o aplicar correctivos. El titular se dedicó a usurpar las funciones del ministro de Seguridad primero y luego a dirigir la campaña proselitista que resultó en apenas un 19 % del voto popular para su impresentable candidata.
No hay que ser genio para entender lo abrumador del volumen de expedientes acumulados que el nuevo equipo debe atender, con toda la carga heredada que representan los oficinistas que se acostumbraron a vegetar. La mora en licencias ambientales se está resolviendo paso a paso, distinguiendo entre las que solo requieren de buenas prácticas, de aquellas que necesitan de evaluaciones de campo, de posibles impactos ambientales y otros requisitos para garantizar el uso sostenible de los recursos a ser utilizados. Paralelamente, se ha dado seguimiento a los desembolsos asignados a esa secretaría en el caso de los proyectos que sí se promovieron aun siendo nocivos al ambiente, a los componentes de nuestra diversidad biológica o a las comunidades aledañas, a las que poco suele consultarse, aun cuando así lo dispone la ley.
También hemos tenido noticias del uso festinado de los recursos, de licencias ambientales otorgadas a discreción por parte del irresponsable mencionado, a proyectos cuestionables desde el punto de vista de la conservación y uso sostenible de los ecosistemas, como la tristemente célebre cárcel de máxima seguridad que, por su pretendida ubicación, más que reclusorio, parecía estar destinada a operaciones clandestinas, al estar el archipiélago en mención justo en mitad de la ruta entre Caracas y la península de Yucatán. La SERNA finalmente ha podido reiniciarse en el cumplimiento de su mandato constitucional y regularizar las operaciones que se interrumpieron por motivos ideológicos, o que se torcieron a conveniencia de la ñangarada.
Esta administración escucha los argumentos técnico-científicos que afectan al ambiente y los recursos, regula la prestación de servicios ambientales, actúa conforme a la ley y socializa los proyectos de desarrollo. ¿Y el peor ministro? El que sigue sin nombrarse.
