Por: Nancy Hernández (*)
FORO HUMANOS
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, se autoproclamó ganador de las elecciones presidenciales llevadas a cabo este 4 de febrero, aún sin datos oficiales de parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En su cuenta de X publicó: “De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea”.
Sin embargo, horas después de terminados los comicios, el ente colegiado declaró fallidos los conteos realizados la noche del 4 y madrugada del 5 de febrero, por tanto el 100 % de las urnas de elección legislativa serán nuevamente contadas voto a voto, así como el 29 % de las presidenciales.
La oposición política de El Salvador ha señalado irregularidades en el proceso de elección, entre ellos, la entrega tardía o no entrega de credenciales a miembros de Juntas Receptoras de Votos (JRV), el cierre de centros de votación en el exterior dejando numerosos ciudadanos sin poder emitir el derecho al sufragio y tardía entrega de equipos informáticos a las JRV, fallas de internet y suspensión del servicio eléctrico durante el conteo.
A esto se suman que la Junta Electoral Departamental (JED) de San Salvador aclaró al TSE y partidos políticos que no recibió ningún paquete electoral después del escrutinio preliminar, hasta el medio día del lunes los paquetes electorales no habían sido entregados para su depósito.
Uno de los eventos destacados del día de las elecciones fue la detención del escritor salvadoreño canadiense Carlos Busio Borja, tras leer en voz alta un artículo de la Constitución en un centro de votación de la capital, ante el hecho el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) exigió su liberación argumentando que la libertad de pensamiento y expresión no deben de ser penalizadas con detenciones arbitrarias.
Entre las claves que llevaron a Bukele a la reelección, se destacan el polémico Régimen de Excepción, aprobado por el pleno legislativo el 27 de marzo de 2022, en el marco del Plan Control Territorial (PCT), punta de lanza de la estrategia de seguridad del gobierno actual y mediante el cual han sido capturados más de 72,000 supuestos pandilleros.
Sin embargo, la suspensión de derechos y garantías constitucionales en procesos de captura y falta de un proceso penal apegado a las leyes establecidas, ha llevado a organizaciones sociales del país a registrar cerca de 5,600 víctimas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos y cerca de 200 muertos en las los centros penitenciarios, por falta de atenciones.
Jonathan Santos es un joven que, de acuerdo con sus familiares, forma parte de esas víctimas que fueron capturadas por militares, sin causa justificada, en el marco del Régimen de Excepción.
“Yo era uno de los que confiaban en esa situación de que el régimen estaba combatiendo a delincuentes, pero no es así”, dice Reynaldo Santos, padre del joven. Él votó por Nayib Bukele en las elecciones presidenciales de 2019, pero este 4 de febrero su decisión electoral cambió.
Después de buscar ayuda de forma desesperada para su hijo, Reynaldo pasó a formar parte de las familias que integran el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), su hijo fue detenido el 26 de diciembre de 2022, a meses de haber sido aprobada la ley.
Jonathan Santos, según el padre, trabajaba como auditor de calidad en una maquila ubicada en un municipio del oriente de la capital salvadoreña, no tenía antecedentes criminales ni pertenecía a ninguna de las pandillas que operan en el país.
“No tengo, nunca hemos tenido ningún vínculo con pandilla, solo vivir en una zona de alto riesgo, eso sí va, que lo único que aprendimos fue a sobrevivir”, afirmó Reynaldo Santos.
Esa situación social en que se veían involucrados los jóvenes, que si se negaban a formar parte de una pandilla eran asesinados o desplazados, cambió con el Régimen de Excepción que llevó al Estado a tomar ese rol de opresor, según Leonor Arteaga, directora de programa para La Fundación el Debido Proceso.
Arteaga asegura que, en el afán de lograr el control absoluto y el funcionamiento del régimen de excepción, al Gobierno poco le ha interesado proteger los derechos de la ciudadanía, sobre todo de aquellos más desprotegidos. Además, señaló que debe de preocupar a la sociedad y organizaciones el fenómeno de desapariciones forzadas a cargo de las autoridades salvadoreñas.
“Nuevamente el Estado está actuando de forma coordinada para desaparecer las personas. La Policía los captura, los fiscales no dicen nada, los jueces no dicen nada, los llevan a los Centros Penales, la gente de Centros Penales no dice nada. Se tortura, se les mata, se esconden los cadáveres. Entonces estamos viendo el resurgimiento de desaparición forzada”, advirtió Arteaga.
La detención de Jonathan es calificado como un accionar represivo de las autoridades salvadoreñas, puesto que, según el padre, un par de policías vestidos sin su ONI (Orden Numérico Institucional), ingresó a su vivienda, revisó dormitorios, pidió documentos de identidad del joven y la madre, y a pesar de no encontrar motivos para un arresto realizaron una serie de maniobras poco habituales, hasta que decidieron proceder con la detención.
“É (un policía) saca su teléfono y como que hace una llamada después viene y como que cancela la llamada y dice que va a quedar detenido. Viene y le pregunta la mamá cuál es la razón, porque para comenzar no había encontrado nada ilícito dentro de la casa e inclusive ni en los teléfonos ni en los datos que me supongo manejan ellos en los DUI (Documento Único de Identidad). Entonces, ella le dijo que no iba a permitir eso, pero le dijeron que si se oponía, a los dos se los iban a llevar y eso cambió todo”, comentó el padre.
Entre las modalidades implementadas durante el Régimen de Excepción para detectar ilícitos a los supuestos pandilleros, destacan la búsqueda según el DUI de la persona en una base de datos donde la Policía registra si el ciudadano pertenece o no a una organización criminal, además, la ley también avala que policías y militares revisen los celulares de las personas en la búsqueda de pruebas.
Desde el momento de la captura, los esposos Santos no han vuelto a ver ni hablar directamente con su hijo, puesto que a los detenidos por el régimen de excepción se les corta de forma total el contacto con familiares y probabilidades de un debido proceso.
“Desde esa fecha hasta hoy son casi un año con 40 días que yo no sé las condiciones de salud de él, si estará vivo. No sé nada”, dijo Reynaldo quien detalló, además, que los jueces no han valorado una serie de pruebas recabadas por la familia y abogados privados que pueden demostrar la inocencia de su hijo.
El ciudadano salvadoreño está claro que este tipo de accionar del gobierno socava la democracia, puesto que familias enteras han sufrido en carne propia el accionar represivo de las fuerzas de seguridad.
“Tendríamos que ser masoquistas (para votar por Bukele), no tener amor a nuestros familiares que están allí. Digo que no porque mire lo que nos ha causado, nos ha cambiado la vida económicamente, moralmente y socialmente porque también a veces somos discriminados porque la gente, aún los que no nos conocen, cree que nosotros somos familiares de pandilleros y no. Puedo decirle que casi todos hemos sido víctimas también de ellos, de una manera u otra”, declaró.
Ese Estado de Derecho, que se define como el régimen propio de las sociedades democráticas en el que la Constitución garantiza la libertad, los derechos fundamentales, la separación de poderes, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder, es justamente lo que según juristas y líderes de la sociedad civil se han perdido con el régimen de excepción e incluso, con el reciente proceso democrático que según diversas voces violó el mandato constitucional.
Para Eduardo Escobar, director de la organización Acción Ciudadana, la pasada elección se convirtió en una “ruptura con más de 90 años de tradición en El Salvador”, puesto que la reelección no se había contemplado en la joven democracia del país. “Se había respetado el tema de la alternancia, en el ejercicio de la Presidencia entonces eso sería (es) algo inédito”, remarcó, y es que algunos constitucionalistas afirman que al menos seis artículos de la Constitución prohíben la reelección inmediata.
Además, afirmó que en administraciones anteriores, aunque de forma lenta, pero se avanzaba en la consolidación del Estado de Derecho con el respeto a la separación de poderes, la garantía del ejercicio democrático y las libertades.
“En el sentido amplio del Estado de Derecho, ya no existe y de hecho podríamos hasta cuestionarnos si ha existido en algún momento en El Salvador”, sentenció.
Esa opinión es compartida por representantes de partidos políticos de oposición, pues afirman que no ha sido un proceso justo, debido a que el gobierno ha logrado configurar leyes secundarias que lo favorecen en una contienda electoral, además de diversas irregularidades que se dieron desde el inicio, en el proceso llevada a cabo por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Joel Sánchez, excandidato a la presidencia por el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), afirmó que se denunciaron irregularidades ante el TSE, pero que estas fueron ignoradas, debido a la falta de independencia del organismo.
“Es importante denunciar que todo se dio de una manera bastante atropellada. Creo que el Tribunal Supremo Electoral nos deja muchos mal sabores, creo que en ese silencio no nos permite a nosotros establecer su institucionalidad, habríamos querido tener un TSE un poco más arriba de la situación, atendiendo las denuncias, solventando las quejas, pero lo miramos muy pasivo, muy callado y en realidad nos llama mucho la atención. Nosotros lo que no queremos es que se instale una dictadura, nosotros lo que no queremos es que se viole la Constitución, lo que no queremos es tener un candidato ilegal”, dijo.
Por su parte Luis Parada, excandidato a la presidencia por el partido Nuestro Tiempo, criticó que Bukele apareciera en las papeletas de votación, puesto que según interpreta, es el presidente de la República.
“La mayor irregularidad que hay en esta elección es que en la papeleta aparece un candidato que es presidente de la República, que ha desempeñado la presidencia por más de seis meses, por lo tanto no debió haber sido inscrito como candidato, por tanto es un candidato inconstitucional, esa es la más grande irregularidad”, señaló.
El político fue más allá al asegurar que “Esta es la elección más importante en la vida de la historia de El Salvador, porque se está decidiendo no solo quien va a ser el presidente, sino qué modelo de país va a ser El Salvador. Va a ser una democracia bajo una Constitución con respecto a las leyes, a la dignidad y derechos de las personas o va a ser una dictadura en la bota de un dictador”, criticó.
Mientras que Óscar Ortiz, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aseguró que las elecciones actuales fueron un mal precedente para la democracia de El Salvador, porque desde los Acuerdos de Paz, son las elecciones con la “mayor violación a la institucionalidad”.
“Está clarísimo que la reelección no se puede y es una de las reglas esenciales que se ha cuidado, incluso cuando el país no ha gozado de los mínimos democráticos”, dijo.
La clase política opositora, señaló que es imposible luchar en contra del proceso político “viciado” que se gesta en El Salvador, puesto que organismos internacionales que tienen capacidad para presionar sobre el accionar del actual gobierno en materia de seguridad y electoral, actúan con tibieza y desinterés.
Para Escobar, la pasiva postura de la comunidad internacional responde a intereses diplomáticos y políticos, puesto que existen herramientas y procesos en el derecho internacional que podrían aplicarse a El Salvador como el artículo 20 de la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que establece la suspensión de participación de cualquier Estado en todas las instancias de la organización.
“Establece que en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”, acota.
También, Arteaga considera que por las vulneraciones a los derechos humanos durante el régimen, El Salvador puede ser incluido en la “lista negra” del capítulo cuatro del informe que presenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la OEA, además, de clasificarse como un Estado que comete crímenes de lesa humanidad.
En el contexto actual y tras la reelección de Bukele en el país centroamericano, la sociedad civil, oposición y organizaciones, esperan que en algún momento se respete el debido proceso judicial de las personas capturadas, que el sistema democrático se mantenga y no sea cambiado por un formato dictatorial y que se devuelvan las garantías constitucionales a la población para garantizar sus derechos.
Mientras esto ocurre, miles de padres como Reynaldo seguirán esperando el día en que vuelvan a ver a sus familiares vivos y que no formen parte de la lista de desaparecidos a cargo del Estado.
