Cejil org
San José, 14 de agosto de 2019.- Ante la inminente entrada en vigencia del Código Penal en Honduras el próximo 10 de noviembre, la Articulación 611, alianza integrada por múltiples organizaciones de sociedad civil que se ha formado para analizar la nueva normativa, denunció el día de hoy que éste “contiene muchas disposiciones claramente lesivas para los intereses de la sociedad hondureña”.
En ese sentido, refirió que tipos penales como asociación terrorista, injurias y calumnias, delitos a través de medios de difusión y reuniones y manifestaciones ilícitas constituyen disposiciones que “podrían ser utilizadas para perseguir, reprimir y criminalizar la protesta social”.
Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) nos sumamos a estas preocupaciones por los efectos que la inadecuada regulación de estas conductas podría tener en la criminalización de la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos, pues estas permiten que se realice un uso arbitrario del derecho penal para limitar derechos fundamentales, como ya ha venido ocurriendo en los últimos meses en el país.
Coincidimos con lo señalado por la Articulación respecto a que la criminalización del aborto en cualquier circunstancia, permite la vulneración de los derechos de las mujeres, y contrasta con la reducción de penas en delitos graves como la corrupción, malversación de fondos, fraude o lavado de activos.
En este sentido, preocupa que el Estado de Honduras continúe criminalizando severamente conductas en perjuicio de los derechos de las mujeres mientras sanciona con benevolencia delitos cometidos por funcionarios en contra del erario público.
Expresamos también nuestra preocupación por la redacción abierta del delito de usurpación pues esta incrementa la posibilidad de su uso arbitrario por parte de las y los operadores de justicia en contra de las personas defensoras de derechos humanos. Recordamos que este tipo penal ha sido sistemáticamente utilizado en contra de quienes defienden la vida y el territorio; así se observó en las causas penales incoadas en contra de habitantes de Guapinol en Colón, indígenas del pueblo tolupán de San Francisco de Locomapa y también comunidades integradas al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en Intibucá.
El nuevo Código Penal fue aprobado en 2018, pero su redacción final se dio a conocer hasta mayo del presente año. Recordamos que desde el proceso de reformas a la regulación penal que se realizó en 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) habían expresado preocupación por la ambigüedad de tipos penales como el de “terrorismo”, pues podía conllevar a “tergiversaciones deliberadas del término para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos”. Dicha advertencia fue ignorada, manteniéndose la inadecuada regulación.
En consideración a lo anterior, la OACNUDH y la CIDH, en un comunicado emitido el 12 de julio, recomendaron al Estado: “revisar las normas durante la vacatio legis del Código Penal aprobado, de acuerdo a los estándares y compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por Honduras”.
Desde CEJIL nos sumamos a este llamado e instamos al Estado hondureño a revisar las normas referidas, así como a promover y garantizar un proceso transparente y participativo de consultas con sociedad civil, para con estos insumos adecuar íntegramente el texto aprobado con el derecho internacional de los derechos humanos.
