A las y los funcionarios públicos responsables del acceso a la justicia, la seguridad y la garantía de los derechos humanos de las mujeres en Honduras:· Fiscal General de la República· Presidenta de la Corte Suprema de Justicia· Congreso Nacional de Honduras· Secretaría de Seguridad· Presidenta de la República
El Foro de Mujeres por la Vida como articulación de organizaciones de mujeres y feministas defensoras del territorio cuerpo y el territorio tierra, ante la visible falta de responsabilidad de las diversas instituciones del estado encargadas de garantizar justicia, seguridad y apoyo a las mujeres y niñas del país, nos pronunciamos, exigimos y demandamos:
- Condenamos el trato deshumanizante y los largos tiempos de espera a los que son sometidas las mujeres que denuncian en la policía. Por ejemplo el Centro Integrado ubicado en la Primera Estación de Policía de San Pedro Sula, debería brindar atención inmediata a mujeres en situación de violencia; no puede escudarse en días feriados ni horarios para negar auxilio. Muchas mujeres acuden en condiciones extremas, desafiando amenazas e intimidaciones, y no encuentran respuestas ni protección.
- La denuncia de las mujeres no garantiza protección del Estado. Las mujeres, incluso presentando pruebas, siguen siendo responsables de su propia seguridad, recurriendo a métodos personales para resguardar sus vidas porque el Estado no cumple con su deber
- La institucionalidad no puede delegar en las mujeres la responsabilidad de notificar a sus agresores. Eso las pone en un mayor riesgo. Exigimos que las citaciones sean inmediatas, invocando el carácter especializado y urgente de la Ley Contra la Violencia Doméstica.
- Las mujeres agredidas no cuentan con una ruta clara para denunciar. Deben trasladarse de una institución a otra, bajo sus propios recursos, sin acompañamiento ni orientación adecuada. Esto constituye una barrera de acceso a la justicia.
- En la práctica, no existe claridad sobre quién vela por el cumplimiento de las medidas cautelares, y la falta de respuesta institucional ante su incumplimiento pone en mayor riesgo a las mujeres, reforzando un mensaje de impunidad.
- Las instituciones del Estado no cuentan con traductores ni personal capacitado en lenguas originarias como el garífuna. Esta omisión vulnera gravemente el derecho de acceso a la justicia de las mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes enfrentan barreras lingüísticas, culturales y territoriales que las dejan aún más expuestas a la impunidad.
- A pesar de que muchas mujeres sí denuncian, el pacto patriarcal sigue vigente: los agresores son protegidos por una institucionalidad dominada por hombres, mientras las mujeres son constantemente revictimizadas.
- El Estado no ha creado mecanismos efectivos para investigar ni sancionar a funcionarios que obstruyen o niegan el acceso a la justicia a las mujeres. Esto también es violencia institucional.
- Recordamos que la violencia contra las mujeres no es un tema “de pareja” ni un asunto privado. Es una violación a los derechos humanos y es responsabilidad del Estado generar condiciones seguras para nuestras vidas.10. Rechazamos con firmeza que la Secretaría de la Mujer reconozca públicamente a hombres denunciados por violencia y por incumplir sus deberes parentales. Este tipo de acciones normaliza la impunidad y traiciona la lucha de las mujeres hondureñas.
- Exhortamos a periodistas y medios a ejercer su labor con ética y perspectiva de derechos humanos. Informar no es revictimizar ni caer en el amarillismo. Los medios tienen la responsabilidad de informar con respeto, veracidad y compromiso.
Estos vacíos institucionales son parte de un sistema de negligencia que ha contribuido directamente a los más de 120 femicidios registrados en Honduras en lo que va del año 2025.
¡Basta de omisiones, revictimizaciones y pactos patriarcales!
Exigimos una respuesta urgente, efectiva y sostenida.
¡Nosotras No Olvidamos!
