• Cinco de cada 10 hondureños no pueden costear la canasta básica.
• Los fondos asignados al pago de costos de deuda sobrepasa lo presupuestado para educación o salud.
Tegucigalpa, 21 de septiembre 2022. La administración eficaz de las finanzas públicas es un reto vigente para la creación de condiciones que permitan el desarrollo y bienestar de los hondureños y, pese a los avances, Honduras sigue siendo uno de los países más pobres de la región, que necesita adoptar acciones encaminadas a la generación de empleo, mejoras en el ambiente de negocios y sistemas tributarios de la mano con la lucha anticorrupción, señaló este miércoles la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
En el noveno foro de la serie “Estado de país: Honduras 2022”, la ASJ analizó los principales desafíos y posibles soluciones ante la situación de la economía y finanzas del Estado hondureño, destacando oportunidades de mejora.
El análisis, que abarca la última década, apunta que además del débil Estado de derecho que ha caracterizado al país, la pandemia de covid-19, desastres naturales (como los huracanes Eta y Iota) y el contexto internacional actual, han deteriorado aún más las condiciones y perspectivas para la economía y finanzas del país.
Entre los problemas señalados por la ASJ destacan los altos niveles de pobreza. En 2019, 14.8 % de la población hondureña vivía con menos de USD 1.90 al día. Para 2021, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, el 54 % de la población hondureña no podía adquirir la canasta básica de alimentos, ubicándola dentro del margen de pobreza extrema.
En lo que va del año se ha visto un incremento acelerado de la inflación. Cabe señalar que el 40 % de la inflación ha sido “importada”, principalmente mediante el incremento al precio de los combustibles, insumos de producción como fertilizantes y plaguicidas, e incremento en los precios de los alimentos importados (COHEP, 2022).
Por otro lado, Honduras ha sido el país de Centroamérica con mayor porcentaje de empleo informal con relación al empleo total.
En 2020, 81.4 % de la población se encontraba en condiciones de desempleo o subempleo y en 2019, 85 % de hombres en edad de trabajar participaban en la fuerza laboral, pero solo 47 % de mujeres lo hacía. (Michel y Walker, 2019).
En 2018, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que 80.2 % de empleos en el país estaban fuera el sector formal, lo que -a criterio de expertos consultados- dificulta la movilidad social, perpetuando ciclos multigeneracionales de pobreza, pues estos trabajadores carecen de protección social, acceso al crédito y oportunidades educacionales.
Adicionalmente, Honduras es el país de Centroamérica que más deja de recaudar impuestos por exoneraciones y concesiones fiscales. A pesar de estos privilegios que usualmente son justificados con el argumento de que aumentarán la cantidad y calidad de empleos para los hondureños, los empleos siguen siendo en gran parte precarios y las tasas de pobreza altas.
En general, el crecimiento económico no ha sido sostenible y no se ha visto reflejado en la reducción de la pobreza, a causa de retos estructurales que desincentivan, distorsionan o limitan la inversión, la habilidad de hacer negocios y creación de empleos de calidad.
Este es el caso del sistema judicial, lento y poco transparente, así como la corrupción, presente en varios aspectos de la administración y contratación pública, mientras el crecimiento de la deuda no ha representado mejoras en niveles de pobreza; sin embargo, los costos de servicio de deuda han sobrepasado lo que se presupuesta cada año para educación o salud.
A lo anterior se agrega la amenaza climática. Solo en 2020, los huracanes Eta y Iota causaron pérdidas y daños valorados en alrededor de USD 1,900 millones, reduciendo el producto interno bruto (PIB) del país en casi uno por ciento (Muñoz-Pogossian y Chavez-González, 2021).
La CEPAL ha calculado que el impacto negativo del cambio climático en el PIB de Honduras es más significativo que en el Salvador o Guatemala y se estima que se triplique para 2030.
