Jerson Ramírez
A lo largo de la historia, Honduras ha sido el escenario de una lucha continua por la tenencia de la tierra, una batalla que ha perdurado a través del tiempo. El tema de acceso y distribución de la tierra ha sido un elemento central en los conflictos sociales, económicos y políticos en el país.
La doctrina internacional de los derechos humanos aun no reconoce el derecho a la tierra como un derecho fundamental, pese a que el acceso a la tierra es un factor determinante para gozar de otros derechos fundamentales como el derecho a la alimentación y a la vivienda, el derecho a la vida, el derecho al trabajo y a la libertad.
Es responsabilidad de los Estados regular el acceso a la tierra a través de una administración efectiva y la promulgación de normativas claras que aborden la tenencia, la compraventa y la transferencia de tierras, así como la protección de las reservas naturales. Esta regulación debe estar enfocada en satisfacer las necesidades de las comunidades rurales, sin favorecer a empresas transnacionales o a aquellos que históricamente han acumulado grandes extensiones de tierras.
Propiedad privada
En septiembre de 2022 el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) denunció por medio de un comunicado, el aumento en las invasiones de tierras privadas. Agregan que la ocupación ilegal de tierras y el robo de cosechas es un problema que afecta a todos los hondureños.
Según la empresa privada en Honduras las invasiones de tierras violan directamente el derecho la propiedad privada, que es un derecho fundamental.
Por su parte en abril de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalo que en Honduras a incrementado la violencia y criminalización en contra de comunidades campesinas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente.
Gobierno de Xiomara Castro
La presidenta Xiomara Castro anuncio el 06 de junio de este año la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra.
En cadena nacional de radio y televisión, la mandataria mencionó que habrá acceso a la tierra para los campesinos, mujeres, comunidades campesinas, comunidades indígenas y pueblos originarios.
La empresa privada agradeció la acción de la presidenta por la creación de esta nueva comisión. “Como sector privado organizado manifestamos nuestra disposición de participar en las acciones que emprenda la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, con el objetivo de promover espacios de diálogo y consenso, reducir los niveles de conflictividad social, y garantizar el derecho a la propiedad, un derecho humano reconocido por la legislación nacional y tratados internacionales ratificados por Honduras.” Escribió Mateo Yibrin, presidente del COHEP en su cuenta de X.
Sin embargo, los sectores campesinos organizados manifiestan su preocupación por la exclusión de organizaciones indígenas y campesinas en tal comisión, aseguran que esto es una amenaza por la promoción y ejecución de desalojos sin previo aviso.
Según Lilian Borjas, secretaria Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de El Progreso, La Comisión de Seguridad Agraria Y Accesos a la Tierra es una amenaza a los grupos campesinos, aunque su nombre aparentemente suene a favor de la lucha campesina esto solo esta plasmado en un papel, agregó.
Según el gobierno, las tomas de tierra en su mayoría son obras de organizaciones campesinas, pero que también existe la participación de grupos irregulares y otros que han sido influenciados por el crimen organizado.
Para el analista, Kevin Isidro del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) estamos frente a un escenario de agudización de la conflictividad. Se corre el riesgo de que los desalojos y la aplicación del Código Penal impacte en las personas y comunidades que por años han reclamado su derecho a la tierra.
Desalojos
Desde su creación la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra ha documentado al menos cinco desalojos, incluyendo el desalojo de una comunidad indígena lenca y varios en territorios garífunas, los cuales son reclamados por personas que no tienen vínculos originarios con estas tierras.
Los primeros desalojos se realizaron en una finca de palma africana ubicada en El Tumbador en Trujillo, Colón, propiedad de la empresa Dinant y en los terrenos de la Azucarera del Norte S.A de C.V, en El Progreso, Yoro.
El director del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Funes, expreso que los desalojos realizados han sido para darle tranquilidad a la industria cañera y palmera del país.
Según Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán, las declaraciones del director del INA confirman lo que los campesinos han estado denunciando: que la Comisión Agraria, creada en el consejo de ministros, parece responder principalmente a los intereses de la agroindustria en lugar de abogar por los derechos de la ciudadanía que ha estado luchando por el respeto al derecho humano a la tierra.
Últimos desalojos
La Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra han realizado 26 desalojos desde su creación. El 26 de octubre Agentes de la Policía Nacional desalojaron a 36 familias que vivían en la aldea El Guaymón, ubicada en la carretera que conduce al municipio de Tela, Atlántida.
Los afectados aseguran que llevan más de siete años viviendo en ese lugar, pues fue el mismo Instituto Nacional Agrario quien les habría cedido las tierras, pero que lamentablemente ahora los estaban desalojando.
A su vez, diferentes medios de comunicación denunciaron que al momento de hacer la cobertura de la noticia se le impidió el acceso al lugar, negando el derecho de comunicar e informar lo que ocurría en ese sector del país.
Asesinatos de campesinos
En febrero de 2023, la CIDH condenaba la muerte de cinco personas defensoras de la tierra en Honduras. La comisión expresa su preocupación que estos hechos se enmarcan en un contexto de violencia histórica al que las personas defensoras en Honduras están expuestas constantemente, en especial los del Bajo Aguan y los diferentes territorios garífunas.
Según registros de Criterio.hn hasta septiembre de este año fueron asesinados al menos diez personas ligadas a la defensa de la tierra en el Bajo Aguán.
En Honduras se siguen viendo los causes de los ríos de sangre de defensores de tierra, campesinos, lideres activistas y pueblos indígenas. Mientras exista una comisión que desaloja los pueblos se mantendrán en alerta.
Jerson Ramírez
Periodismo UNAH VS
Fuentes
