Juan Ramón Martínez
Roosevelt Hernández está irrespetando la Constitución. Su obstinación ratificando que sus actos estarán subordinados a las circunstancias; declarándose político; y que obedecerá “al alto mando” –Xiomara Castro, Presidente y Comandante General– confirma que maneja un proyecto para impedir el ejercicio de la soberanía popular y alterar la sucesión presidencial. Formaba parte de este esquema el nombramiento de una Comisión Permanente que hiciera decisiones ilegítimas; y que al final, declarará el ganador de las elecciones del 30 de noviembre. Usando para ello a la Fiscalía General como ariete. Al verse imposibilitado de controlar el Congreso, interviene a los órganos electorales, amenaza a sus miembros –que doctrinariamente son intocables porque representan la soberanía popular– y vía el golpe de estado, impedir las elecciones generales.
La sesión celebrada el martes por los diputados de conformidad al art. 191 constitucional, es legítima. Detiene el nombramiento de la Comisión Permanente. Esta ya fue usada, permitiéndole a Mel elegir al Fiscal y a los miembros del Tribunal de Justicia Electoral. Roosevelt Hernández, crea miedo a las fuerzas democráticas y mediante el golpe militar busca erigirse en Jefe de Estado. Para gobernar por un tiempo; y después redactar una Constitución para en elecciones amañadas revalidar un mandato constitucional a Mel. Ignorando que la Constitución es imposible derogarla (art. 375).
Urge frenar al Fiscal General, que en obediencia al mismo proyecto subversivo pretende encarcelar e inmovilizar a los miembros democráticos de las instituciones electorales. Persiguiendo a Cossette López y secuestrando la documentación del TJE que está conociendo un asunto. Y que ha tomado decisiones de su competencia que, en caso necesario, pueden ser recurridas ante la Corte Suprema, si alguien considera que sus derechos hayan sido lesionados. Por lo que su acción es ilegítima absolutamente.
En estas circunstancias hay que responder con la movilización popular. Para ello hay que ir más allá de donde llegaron el martes pasado los diputados. Los diputados leales a la Constitución deben reunirse permanentemente en un lugar definido que podría ser la UNAH, en donde bajo la protección de la FEUH y con el apoyo del Rector Odir Fernández – respaldados por una Guardia Voluntaria Universitaria – se garantice el orden y protección de los diputados, estableciendo como sede del Congreso el auditorio Juan Lindo. Trasladando la operación legislativa bajo la protección de la autonomía universitaria. Inmediatamente debe reorganizarse la Junta Directiva, incoando juicio político en contra de Luis Redondo por usurpación y violación de la Constitución. La Comisión de Ética, debe retirarle el acta de diputado por Cortés, y el pleno incorporar a su suplente. Ordenándole a la PN y a la Guardia Voluntaria Universitaria encarcelarlo en Tamara, junto a los presos comunes.
Igualmente debe iniciarse juicio político al Fiscal General para destituirlo del cargo. Es una amenaza para la paz. Por ello debe sucederle el Fiscal General Adjunto. Las acciones del Fiscal General, son constitutivas de delito porque al paralizar el proceso de la soberanía popular interviniendo y amenazando a los magistrados de los órganos electorales, viola la ley y amenaza el proceso electoral.
Las FFAA no son imbatibles. Tampoco están graníticamente contra la Constitución. Hernández, no tiene la lealtad de la oficialidad; ni de los mandos intermedios. Hay que llamar al Congreso a los tres oficiales de mayor mérito y antigüedad (promoción 27) para que den las sugerencias sobre cómo reordenar las FFAA, mientras se le sigue juicio político al general Hernández; y se mantiene en la cárcel a la Junta de Comandantes que han faltado a sus deberes constitucionales. Los tres oficiales, deben ser los encargados de la conducción de la FFAA, hasta el 11 de diciembre en que se nombre a sus sustitutos de acuerdo con la ley.
El pueblo debe salir a la calle. No hay que esperar mucho de los militares retirados. La mayoría no están dispuestos a enfrentarse a sus compañeros, como lo hicieron los “militares de cerro” defendiendo al gobierno de Villeda Morales en la intentona golpista de AVC del 12 de julio de 1959.
La suerte está echada. Los militares que desde 1957 tenían la misión de encabezar la rebelión popular en contra de las dictaduras, están ahora contra el pueblo; y en favor del despotismo. El pueblo debe recuperar la calle, para colocar a los usurpadores en su lugar. No hay que vacilar. Este es el momento de la acción popular. Xiomara Castro está obligada a respetar al Congreso Nacional. Si no lo hace, hay que proceder de conformidad.
