Elia Castellón
Mediante un foro virtual moderado por la periodista Julia Gavarrete; Alberto Brunori, Claudia Paz y Andreu Oliva, discutieron sobre las últimas acciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y analizaron cuáles pueden ser las consecuencias de la crisis democrática que enfrenta el país vecino.
El día sábado 1 de mayo, la Asamblea Legislativa de El Salvador, destituyó arbitrariamente al fiscal general y a los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y nombró a sus sustitutos.
Ante estas acciones, los panelistas afirmaron que se violó la separación de poderes, poniendo en riesgo la democracia de El Salvador. A partir de esto, denunciaron que han abundado las amenazas contra las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes.
El rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Andrew Oliva, denunció que el gobierno salvadoreño actual, decidió tomarse militarmente la asamblea legislativa en febrero de 2020, acción tomada por la negación de la asamblea a un préstamo solicitado por el mandatario.
Añadió que los 23 meses de gobierno de Bukele, han causado una “fractura de la inconstitucionalidad y estado de derecho”. El rector y sacerdote, afirmó que Bukele: “Se ha puesto como el único intérprete válido de la constitución”, añadió que también ha “desobedecido las sentencias de la sala de lo constitucional”.
Además de lo suscitado el primero de mayo, Andrew Oliva, enlistó las acciones “negativas” llevadas a cabo por el presidente: “Ha tenido ataques constantes hacia legisladores y miembros de la corte, ha buscado bloquear el instituto de la información pública, en función legislativa de la asamblea, ha vetado 56 decretos legislativos por “inconstitucionalidad”.
Oliva, mencionó la importancia del apoyo internacional, sin embargo, al no haber respuesta de retroceso por parte del mandatario, sugirió que “se deben tomar acciones para que vea claro el gobierno que está caminando hacia una dirección que la comunidad no le va a permitir”. “No se reprime como los años sesentas o setentas, se está reprimiendo de manera sutil y más efectiva”. Concluyó.
Por su parte, Claudia Paz, directora de Cejil para Centroamérica y México, comentó que “es posible restablecer el orden” en el país. Señaló que a raíz de las últimas acciones por el Poder Ejecutivo, se desencadenó en “sumisiones de poderes”. Paz, afirmó se hace “indispensable” la intervención de la comunidad internacional en la asamblea general para “acompañar a un proceso de recuperación del Estado de Derecho”.
Asimismo, la directora Paz, hizo un llamado a los jueces a “hacer su trabajo pese a la criminalización para poner un freno al autoritarismo”. Sugirió que las sanciones individuales internacionales, son sanciones que pueden limitar el autoritarismo y que se retroceda en las medidas antidemocráticas que ponen en riesgo la democracia y los derechos humanos.
El representante regional para América Central, OACNUDH, Alberto Brurori, explicó que las decisiones tomadas son negativas, si estas infringen los tratados internacionales. Sugirió reglamentar el Estado de Derecho para evitar violaciones a este, asimismo, asegurar que cualquier modificación debe seguir procesos que eviten violaciones a los derechos humanos.
Argumentó que la democracia es más que el hecho de ejercer el sufragio. Afirmó que El Salvador, ha tenido “un voto libre y participativo”, sin embargo, explicó que “la democracia no es solo el voto, sino reglas que permitan garantías de la mayoría y de la minoría. No se pueden obviar mecanismos que están establecidos”.
Para concluir, Andreu Oliva, denunció que en El Salvador “se manipuló la organización popular para interés políticos y están “cortados” por el presidente a través del ministro de trabajo. Añadió que “la sociedad civil tiene una voz clara y se debe enseñar a la población que este proceso es un retroceso”.
