Por medio de la presente, las organizaciones, ciudadanas y ciudadanos que integramos la presente Articulación, exigimos enérgicamente que se restablezca el tratado de EXTRADICIÓN entre Honduras y los Estados Unidos, que usted, unilateralmente decidió romper, ignorando las consecuencias que implica abrir la posibilidad de que los carteles de la droga florezcan en Honduras y sigan financiado a políticos.

Nuestras instituciones han sido incapaces de perseguir a los criminales que han ostentado los más altos cargos del poder público en nuestro país, precisamente, porque esos criminales han cooptado las instituciones del sistema de justicia mediante la manipulación de los procesos de selección de tales autoridades, colocando en los más altos cargos del Ministerio Publico y de la Corte Suprema de Justicia a personas afines a sus intereses políticos y criminales, tal como sucedió en la década anterior, y sucede en la actualidad.

La captura y condena a 45 años de prisión por narcotráfico a gran escala y posesión ilegal de armas del expresidente Juan Orlando Hernández, JAMAS HUBIESE OCURRIDO EN HONDURAS sin la figura de EXTRADICIÓN, prueba de ello es que nunca fue investigado por el Ministerio Público de Oscar Chinchilla, demostrando que, solo hace falta ser un alto funcionario o estar emparentado con estos, para traficar drogas, influencias y poder impunemente.

Solamente unos días antes de ventilarse un video donde aparece su cuñado y ex secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, en una transacción con narcotraficantes condenados en los Estados Unidos, usted, señora presidenta, ordenó al Canciller Enrique Reina DENUNCIAR EL TRATADO DE EXTRADICIÓN, amparados en un raído discurso de injerencia y amenazas de un nuevo golpe de Estado, discurso, que ya no hace meya en la población, por el contrario, indigna a la ciudadanía que confiamos el poder en ustedes por el hartazgo y la profunda desesperanza que el gobierno de Juan Orlando Hernández y su grupo criminal provocó en la población hondureña, por tanto, exigimos lo siguiente:

  1. RESTABLECER DE FORMA INMEDIATA LA EXTRADICIÓN y quede sin valor y efecto las diligencias para su cancelación.
  2. Instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH) sin más dilaciones.
  3. RENUNCIA de todas las personas con vínculos familiares con funcionarios involucrados en negocios con narcotraficantes, sin distinción del partido político.
  4. Al Fiscal General, abrir las investigaciones pertinentes, y en caso de haber solicitudes de extradición, agilizarlas.

A los políticos del oficialismo y la oposición, RESPETAR EL ESPACIO CIUDADANO y el derecho legítimo a la protesta pacífica de la población; derecho garantizado en la Constitución de la República y tratados internacionales, y NO SECUESTRAR nuevamente el espacio cívico.

Dado en Tegucigalpa, el 6 de agosto del 2024

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