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El estado de excepción en Honduras pone en riesgo los derechos humanos, dijo la Oficina en Washington para Asunto Latinoamericanos (WOLA), e hizo un llamado al Estado de Honduras a garantizar los derechos de su población, velar por el irrestricto cumplimiento del Estado Constitucional de Derecho y a no restringir garantías inviolables.

La medida entró en vigor el 6 de diciembre y se estableció por un período de un mes. Está siendo implementada en 162 zonas del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) y San Pedro Sula, sectores marcados por altos índices de criminalidad y violencia; y permitirá que la Policía Militar del Orden Público realicen labores de seguridad pública junto con la policía. El estado de excepción se rige mediante el Decreto Ejecutivo Número PCM 20-2022 y suspende seis derechos garantizados en la Constitución de la República de Honduras. Estos incluyen la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión, y la inviolabilidad del domicilio, entre otros. 

De acuerdo a los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado de Honduras como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, un estado de excepción es una medida de índole temporal para abordar una cuestión urgente que pone en riesgo la vida y la integridad de la ciudadanía y que no puede abordarse de otra manera. Los tratados también señalan expresamente que los principios de necesidad y proporcionalidad deben ser respetados en todo momento.

WOLA reconoce la necesidad e importancia de implementar políticas de seguridad ciudadana y se solidariza con las víctimas del crimen y la violencia en Honduras. Sin embargo, las políticas de seguridad deben desarrollarse e implementarse en el marco de un estado democático y respetuoso de los derechos humanos. 

Asimismo, preocupa el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, lo cual contradice la propuesta de campaña de Castro para el Sector Defensa y el Plan de Gobierno para Refundar Honduras (2022-2226) sobre la necesidad de desmilitarizar la seguridad en el país. La larga tradición del uso de la fuerza y la “mano dura” como método de orden social muestra que limitar garantías constitucionales y recurrir al despliegue masivo de las fuerzas de seguridad no son respuestas sostenibles que aborden las causas estructurales del problema. 

“Limitar derechos constitucionales que además están garantizados en los tratados internacionales supone un riesgo enorme a que ocurran violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias y se cometan abusos de autoridad,” dijo Ana María Méndez-Dardón, Directora para Centroamérica en WOLA. “Preocupa que la Policía Militar del Orden Público tenga un rol en estas medidas ya que la seguridad ciudadana debe estar en manos de una policía civil y ser independiente de las políticas de defensa para que sea eficaz en la prevención de los delitos y la protección de civiles.”

Reiteramos nuestro llamado público para que Honduras no siga los pasos de Guatemala y El Salvador, quienes han gobernado bajo estados de emergencia o regímenes de excepción nacionales o focalizados sin velar por el respeto a los derechos humanos, especialmente de la población más vulnerable como las mujeres y los pueblos garífunas e indígenas. 

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