Angie Villanueva
En un mes y medio de 2025, al menos 35 mujeres han sido víctimas de feminicidio en Honduras, según datos del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La cifra refleja una crisis constante en el país, donde la impunidad y la falta de políticas efectivas continúan dejando a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Organizaciones feministas han denunciado que los crímenes contra mujeres siguen en aumento, mientras el Estado no implementa estrategias eficaces de prevención. “No existen políticas de prevención hacia la violencia contra las mujeres y el hecho de que en Honduras se mantenga la impunidad da un mensaje de abandono a las víctimas y a sus familias”, afirmó una representante del Foro de Mujeres por la Vida.
Desde 2002 hasta 2023, se han registrado cerca de 8,000 feminicidios en el país, según datos del mismo foro. Sin embargo, la mayoría de estos casos han quedado sin resolver. La impunidad sigue siendo un factor determinante en la reproducción de la violencia.
Luisa Regalado, representante de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), señaló que “cada día son más crueles los modelos o los patrones que usan para asesinar a las mujeres. Las víctimas están siendo cruelmente torturadas y violadas”.
Además, enfatizó que el país no cuenta con una estrategia clara para frenar estos crímenes. “No hemos escuchado una opinión donde digan que están tratando la problemática desde una estrategia y política de prevención a nivel nacional, están tratando el tema como si se tratase de cualquier situación”.
La falta de sentencias condenatorias en los casos de feminicidio también es un problema grave.
La psicóloga Karina Herrera, radicada en el extranjero, explicó que “la falta de sentencias condenatorias envía un mensaje de permisividad que desmotiva la denuncia y refuerza la impunidad, debilitando la confianza de la sociedad en el Sistema Judicial”.
Según Herrera, la violencia de género no solo afecta a las víctimas directas, sino que también genera un impacto profundo en la sociedad. “Los feminicidios desestabilizan comunidades, generan miedo colectivo, afectan la economía al reducir la participación femenina y refuerzan la percepción de impunidad”, señaló.
Además del impacto social y económico, la especialista advirtió que la exposición constante a estos crímenes puede generar problemas de salud mental en las comunidades. “Las comunidades expuestas a feminicidios frecuentes pueden experimentar miedo crónico, ansiedad generalizada y una normalización de la violencia, lo que perpetúa el ciclo de abuso y dificulta la denuncia”, explicó.
Organizaciones de mujeres han insistido en la necesidad de una respuesta urgente por parte del Estado. “Con la cantidad de mujeres asesinadas, ya debería existir una estrategia nacional de emergencia para investigar, judicializar y prevenir la muerte violenta de mujeres”, sostuvo María Luisa Regalado.
Las organizaciones feministas han advertido que, de no tomarse medidas concretas, la violencia contra las mujeres seguirá aumentando. De acuerdo con Regalado, “ninguna mujer debería ser asesinada por el simple hecho de ser mujer. El Estado, las autoridades y las instituciones son responsables de garantizar justicia, investigar y, sobre todo, prevenir la violencia”.
Además, han propuesto distintas estrategias para abordar la crisis, basadas en modelos implementados en otros países. La psicóloga Karina Herrera indicó que algunas de las medidas más efectivas han sido “el monitoreo de agresores reincidentes, casas de refugio seguras y campañas educativas para la prevención”.
A pesar de las denuncias y los llamados de las organizaciones feministas, hasta el momento no se han anunciado nuevas estrategias gubernamentales para abordar la problemática. Las cifras de feminicidios en Honduras contrastan con otros países de la región donde se han implementado políticas más estrictas.
Además del impacto en la seguridad y la justicia, la violencia contra las mujeres también afecta el desarrollo económico del país. Estudios han demostrado que la violencia de género representa un costo significativo en términos de salud, productividad y pérdida de vidas, lo que repercute directamente en la estabilidad de las comunidades.
Este es un problema que afecta a toda la sociedad, y la falta de acción efectiva por parte de las autoridades tiene consecuencias para las mujeres. Cada caso deja a una familia exigiendo justicia y a una sociedad que sigue esperando una respuesta por parte del Estado.
