CAPÍTULO 1

Parte 1 de 10 entregas

A partir de hoy este equipo de investigación periodística difunde la nueva serie Caballeros de Lepaera. Este primer capítulo contiene 10 entregas que se irán revelando cada día. La investigación fue realizada desde mayo de 2022. La decisión de investigar la situación actual del Poder Judicial se tomó luego de ser víctimas de intimidación judicial para frenar las coberturas periodísticas. Desde julio de 2022, se ha enviado de manera insistente al menos seis mensajes por correo y por «WhatsApp» al personal de Comunicación del Poder Judicial para solicitar entrevista y ofrecer total apertura con el fin de escuchar y difundir las respuestas de los servidores públicos mencionados. Seguimos esperando las entrevistas.

Mecanismo de Protección ampara a operadores judiciales y a periodistas, mientras en Corte trastocaron asignación de jueza de querell

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. El Mecanismo de Protección de personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia emitió la Resolución SEDH-DGSP-RO-067-2022 para proteger a la primera parte de un colectivo de empleados del Poder Judicial. 

Un listado de operadores judiciales reportaron estar en peligro, persecución laboral y ser víctimas de hechos contra su integridad después de participar en una asamblea de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial (ANFEPJ).

Este equipo de investigación periodística ha constatado desde el lugar de los hechos cómo los empleados han ido llegando de manera paulatina al Mecanismo de Protección para contar el alto riesgo. Al mismo tiempo, dieron testimonio de una serie de sórdidas acciones que altos funcionarios, con una red de empleadas y empleados bajo su mando vertical, han fraguado de las puertas para adentro de la Corte Suprema de Justicia y ejecutado de las puertas para afuera de este poder del Estado y que generan escalofríos por el inimaginable nivel de impunidad con que han operado. Hay que tener mucho valor para escribir estas líneas en un país como Honduras.

Una parte de la información además está en poder de autoridades de investigación criminal del país y por ahora es de carácter reservado, al igual que el contenido de la Resolución SEDH-DGSP-RO-067-2022.

El testimonio rendido ante el Mecanismo revela que han sufrido «vigilancia y seguimientos por personas desconocidas, vehículos que se estacionan en las cercanía de su casas de habitación, los cuales describen como vehículos parecidos a los que se utilizan en el poder judicial es por ello que sospechan que las represalias y seguimientos son de personas de la cúpula y alto mando del Poder Judicial”, cita una parte del testimonio de integrantes de la ANFEPJ, rendido en el Sistema Nacional de Protección.

La cara visible de las represalias judiciales es el abogado Mario de Jesús Sales Alvarenga. Con su poder ha aplastado a los empleados que le criticaron en la asamblea de la ANFEPJ. Siendo uno de los hombres más influyentes en la Corte Suprema de Justicia una de las acciones emprendidas desde la maquinaria judicial fue promover una querella contra los subalternos de sus paisanos de Lempira, familias entre sí y el círculo que rodea al presidente, Rolando Argueta. Todo esto está documentado. Las demás acciones contra los empleados se irán sacando a luz en las próximas entregas.

Una parte de esta querella se basa en las expresiones y participaciones políticas que emitieron empleados durante una asamblea de la ANFEPJ. El señor Sales siente lesionado su honor y en su demanda judicial alega que hubo agresiones contra una empleada judicial afín al ala oficialista que controla esta asociación.

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De su lado, los demandados creen que la acción judicial proviene de su objetivo de proteger y garantizar los derechos de empleados y funcionarios del Poder Judicial y por solicitar elecciones democráticas que no ocurren hace 12 años, según la declaración que dio el ex candidato a presidente de la ANFEPJ, Luis Mendoza. 

La segunda parte de la querella es en contra de Mendoza. La principal prueba para la querella es una publicación de Reporteros de Investigación

Sin conocer a Mendoza, RI publicó una noticia sobre la asamblea al tomar del monitoreo de prensa algunas frases de sus declaraciones que ahora están criminalizadas.

El Mecanismo de Protección inicialmente tomó dos testimonios y los ha ido acumulando como un colectivo que demanda protección. 

OACNUDH recibe testimonios de intimidación judicial contra periodistas

Ante una petición del equipo de Reporteros de Investigación para incorporarlos como fuentes periodísticas, aunque antes de la querella el equipo no los conocía directamente sino hasta después de la acusación, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) escuchó sus testimonios.

En ese sentido, desde que se produjo la querella, OACNUDHACI PARTICIPAASOPODEHUArtículo 19 para México y Centro América, Bufete Justicia para los Pueblos y otros organismos internacionales de Protección a Periodistas están en alerta sobre la situación de riesgo que enfrenta el periódico Reporteros de Investigación. 

La Policía Nacional y el Mecanismo de Protección tienen medidas de protección para el equipo de RI ante el evidente peligro que representó haber dado cobertura a la elección de la ANFEPJ y a partir de ahí haber iniciado esta investigación periodística.

También el Mecanismo de Protección de Periodistas tomó el testimonio y ha estado monitoreando la situación de seguridad del equipo desde abril que se intensificaron las agresiones luego de dar cobertura en los Juzgados con competencia Territorial en Materia Antiextorsión. 

La situación de vulnerabilidad además fue puesta en conocimiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional, presidida por el diputado Ramón Barrios.

El equipo de RI además ha sostenido reuniones con autoridades de investigación del país como un mecanismo de autoprotección.

La querella está contenida en el expediente TS/FM 19-57-2022. Una cédula de citación indica que la audiencia de conciliación se realizará mañana 30 de agosto en el despacho de la juez No. 14. Sin embargo, originalmente, el juicio había sido asignado a la juez número 19. Una periodista del equipo solicitó conocer el proceso técnico mediante el que el caso pasó de la juez 19 a la juez 14.

Sales Alvarenga ha sido parte de la selección de jueces.

Vea mañana: Bajo control la ANFEPJ: ante una nueva Corte Suprema de Justicia

Es necesaria la protección de las fuentes periodísticas

El trabajo periodístico está protegido en el marco del Derecho a la Libertad de Expresión y también el Derecho de Acceso a la Información Pública, de ese derecho se derivan elementos importantes relacionados con el trabajo periodístico. Uno de esos es la no revelación de la fuente. La protección de la fuente tiene sentido porque muchas veces los periodistas logran posicionar asuntos que nunca las instituciones públicas, las autoridades, los funcionarios públicos van a posicionar, incluso ya sea porque encubren las mafias, la corrupción, el crimen organizado o porque no quieren investigar algunos delitos, o por otro lado, a veces la ciudadanía no tiene confianza para acudir a las instituciones públicas para presentar algún tipo de denuncias por el riesgo que corren ya que sabemos que en nuestro país hay colusión entre personas privadas y funcionarios públicos que forman parte del crimen organizado policías, militares, incluso se ha hablado de fiscales, jueces.
Eso pone en un grave riesgo a quienes denuncian y que tienen información. La fuente periodística es objeto de protección, se han dado casos de periodistas que han sido citados y las autoridades quieren obligarles a que revelen su fuente, lo cual es un abordaje inadecuado ante una revelación lo que tienen que hacer es tomar esa información e investigarla, no llamar a los periodistas. Por eso es muy importante promocionar y defender la protección de las fuentes. Otro asunto interesante son los “filtradores”, son personas que filtran asuntos de interés público y deben ser protegidos y en Honduras, por el contrario, es una figura penalizada.

Edy Tábora

Bufete Justicia para los Pueblos

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