En 2023, la migración llegó a picos históricos en América Latina, convertida en el nuevo foco del fenómeno en el mundo. Pobreza, violencia, inseguridad y desgobierno son apenas algunos de los factores que hacen que cada vez más familias enteras huyan de sus países para no volver. ¿Qué futuro tiene la región ante esa perspectiva?

Por Mauricio Sáenz / Connectas

Los hay, en primer lugar, venezolanos. Muchos de ellos van en su segundo intento, luego de regresar a su país o de haber tratado de hacer su vida en uno vecino. También los hay haitianos, que huyen del caos en casa y a veces de la xenofobia en Brasil, o Chile. Y colombianos, ecuatorianos, centroamericanos, en fin, de muchos orígenes, que migran ilusionados con historias de éxito en Estados Unidos, dudosas pero cautivantes. Miles de ellos se aventuran por el Tapón del Darién porque no pueden pagar vuelos que les ahorren ese paso infernal o porque aún si pudieran, no tienen cómo superar nuevos obstáculos legales. Todos ellos buscan una vida mejor, pero andan desinformados, un poco a tientas entre los peligros, porque creen que ya no tienen nada que perder.

La situación llegó a un punto crítico en 2023 y se convirtió, sin duda, en el tema del año en el continente. Es un tema cada vez más preocupante por la cantidad de personas, la diversidad de sus países de origen (más de 100 nacionalidades atravesaron por el Darién en lo que va del año) y las distancias que recorren. Para Luiz Fernando Godinho, portavoz para América del Sur de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), “los movimientos mixtos de refugiados y migrantes a través de las Américas han crecido en escala y complejidad a medida que persisten las causas fundamentales del desplazamiento como la violencia, la inseguridad, la desigualdad y las violaciones de los derechos humanos. El impacto del cambio climático y los desastres naturales han agravado la situación de las poblaciones desplazadas y las comunidades en riesgo de desplazamiento deteriorando aún más su vulnerabilidad y aumentando la movilidad”. 

Y las dimensiones abruman. Como agrega Godinho, “las Américas acogen actualmente 22,1 millones de personas protegidas o asistidas por Acnur. Los solicitantes de asilo en América Latina y el Caribe registraron alrededor de un tercio de las nuevas solicitudes individuales de asilo en el mundo, la mayoría hecha por venezolanos, cubanos, colombianos, nicaragüenses y haitianos en Estados Unidos y México. En lugares como la selva del Darièn, según el gobierno panameño, más de 500 mil personas han cruzado a pie hasta la primera semana de diciembre. Entre los que se desplazan hay personas que huyen de conflictos y persecuciones y que necesitan protección en virtud del derecho internacional. Es demasiado peligroso para esas personas regresar a casa y por esto necesitan seguridad en otro lugar.”

Un estudio realizado en 2022 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestra que entre 2015 y 2019 el número de migrantes creció de 8,4 millones a 12,8 millones.  Cifras como estas colocan al fenómeno latinoamericano en una dimensión similar al de África o el Oriente Medio.

Pero una diferencia significativa complejiza el tema en la región: mientras en el Viejo Continente los migrantes llegan a países ricos, a este lado del mundo la mayoría termina establecida, más o menos permanentemente, en lugares de nivel casi idéntico al de origen. En efecto, como los que logran llegar a Estados Unidos siguen siendo un porcentaje muy bajo, los países de tránsito se convierten en receptores con vocación de permanencia. Países que carecen de recursos para gestionar esta avalancha humana.

A manera de ejemplo, la Etnoencuesta de Inmigración en contextos de acogida latinoamericanos, elaborada en 2022 por el Colegio de México, la Universidad de Brown, la Universidad de Princeton, la Universidad de Guadalajara y la Universidad de la República de Uruguay, mostró que Colombia es el principal receptor de migrantes de Venezuela,  Costa Rica es el principal destino de migrantes laborales en Centroamérica, principalmente de Nicaragua. Y Chile muestra un crecimiento en los provenientes de Perú, Ecuador, Colombia, Haití, Venezuela, Bolivia y Argentina.

Esa migración ‘entre pares’ produjo al comienzo una respuesta solidaria en los lugareños. Pero en los últimos años ha crecido el rechazo, y con ello las políticas restrictivas, por lo cual muchos, sobre todo venezolanos y haitianos, retomaron sus planes de llegar a Estados Unidos. Como explica Diana Romero, funcionaria de Unicef en Panamá, “hay un incremento de xenofobia y de limitación de la regularización migratoria, que incluye también a los niños, y entonces las familias han optado por volver a migrar como grupo familiar”.

Por eso, Eduardo Stein, representante conjunto de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones, (OIM), afirmó que “durante los primeros nueve meses de 2023 más de 400.000 personas, 63 por ciento de ellas venezolanas, se desplazaron hacia el norte a través de la selva del Darién (…) lo que representa un aumento de casi tres veces en comparación con el mismo período de 2022”. Lo dijo en el lanzamiento del informe Movilidad Humana y obligaciones de protección, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

¿Cuáles son las estadísticas, las causas subyacentes y las posibles soluciones que los gobiernos podrían implementar para abordar esta compleja problemática?

Desigualdad, política, violencia, cambio climático

La desigualdad ha sido una constante en América Latina. Según el Banco Mundial, la región mantiene una de las brechas económicas más amplias del mundo, que se traduce en oportunidades desiguales, especialmente para los jóvenes. El pico migratorio de 2023 es en buena parte consecuencia de la caída en 2020 del PIB regional, (calculada en 7,7 por ciento) producto en parte de la pandemia, y un incremento de la pobreza del 7 por ciento, según la Comisión Económica para América Latina (Cepal). Ello, junto con la ola inflacionaria que desató en 2021 el conflicto en Ucrania,  habría conducido a que cuatro de cada 10 latinoamericanos quedaran en situación de vulnerabilidad. No hay que olvidar que al menos dos tercios de ellos trabajan en el sector informal.

Todo ello se ve exacerbado por la situación política. Regímenes como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba siembran de incertidumbre el escenario local, marcado por la lucha ideológica y la persecución política.  Con un detalle adicional: esos gobiernos son, irónicamente, los más beneficiados con las remesas que envían los ciudadanos expulsados por sus políticas. La corrupción, la falta de inversión en infraestructura y el debilitamiento de las instituciones propician la desesperanza. 

Y la creciente presencia del crimen organizado hace que muchos huyan para salvar sus vidas. Con la sombra omnipresente del narcotráfico, las guerrillas, los paramilitares, las pandillas y la delincuencia común alargan sus tentáculos. Y es que América Latina es la región “más violenta del mundo”, al concentrar el 37% de los homicidios globales. Hay, subraya Prosegur Research, una “gobernanza criminal”, donde grupos del crimen organizado ya realizan “funciones propias del Estado en extensas áreas geográficas”. Extorsiones, secuestros, asesinatos crecen hasta en los países menos pensados, creando condiciones que  impulsan a miles a buscar alternativas fuera de sus países.

Ese flujo de personas también representa para el crimen organizado un enorme mercado para el tráfico de personas. Pero en ese tema, las generalizaciones son peligrosas. Como explica Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para Latinoamérica, “hay que ser muy cuidadosos en la caracterización de las personas que participan en el flujo de migrantes. Hay actores criminales, como el Clan del Golfo en Colombia, pero también hay guías locales, personas de comunidades muy vulnerables en extrema pobreza, que han encontrado en el flujo de migrantes alguna oportunidad económica y que están lejos de ser traficantes de migrantes. Lograr ofrecerle a los migrantes pasaje seguro y dentro de la ley implica también la necesidad de proteger a comunidades excluidas que de distintas maneras han visto oportunidades económicas en este flujo de migrantes”.

Otro factor, más novedoso pero no por ello menos preocupante, tiene que ver con los desplazados por el cambio climático. Sequías, inundaciones y deslizamientos, el aumento del nivel del mar, los huracanes, la deforestación plantean un futuro de mayores flujos migratorios que afectan a ámbitos rurales dedicados a  actividades como la agricultura, que se ven directamente impactadas por el cambio climático. Por ejemplo, los huracanes Eta y Iota, que golpearon duramente a Centroamérica a finales de 2021 condujeron en gran medida a afectar la forma de vida de poblaciones de Honduras, Guatemala y Nicaragua. En Haití, la tormenta tropical Grace se sumó al terremoto para hundir aún más a los habitantes en la miseria.

Todas estas múltiples causas, que hoy van más allá de las necesidades económicas, han cambiado la composición del flujo migratorio: si hasta hace algunos años los migrantes eran principalmente hombres jóvenes que aspiraban a sostener a sus familias con las remesas, hoy la tendencia es a viajar con ellas, sin importar el riesgo. Por eso, miles de menores de edad andan por los caminos, lo que los pone en riesgo de morir o de perder contacto con sus padres.

Romero, de Unicef, lo describió con claridad: “Ahora lo que estamos viendo son grupos familiares que han vendido sus bienes en el país donde se encontraban y destinan los recursos para movilizarse a través de las fronteras y llegar a su lugar de destino. Para 2021 ya se registraban más de 29.000, 2022 cierra con más de 40.000, y octubre de 2023 hay un registro según el Servicio Nacional de Migración de cerca de 100.000 niños, niñas y adolescentes. De este modo, se espera que el año finalice con más de 500.000 personas transitando a través de la frontera entre Colombia y Panamá, entre ellos 110.000 menores”.

Biden y las redes sociales

En un escenario como este, la llegada a la presidencia de Joe Biden, con sus críticas a la mano dura de su antecesor Donald Trump, creó expectativas irreales. Y estas se exacerbaron aún más desde el 11 de mayo pasado, con el vencimiento del famoso Título 42, una disposición de la era de Trump que permitía a las autoridades norteamericanas deportar sumariamente a los inmigrantes.

En efecto, datos del Centro de Investigación Pew muestran un aumento significativo en la migración desde América Latina hacia Estados Unidos en el último año, coincidiendo con la implementación de las nuevas políticas.

Pero además, hay medidas que terminaron por congestionar en particular el trayecto por la frontera colombo-panameña. Como explica Goebertus, “Lo que hemos encontrado desde HRW es que hay dos políticas del gobierno de Estados Unidos que han incentivado el paso de los migrantes por el Darién. La primera es la decisión de negociar con países como México, como Guatemala, la imposición de visados, poniendo en marcha esta idea de externalizar el control para evitar que más personas lleguen a la frontera sur de Estados Unidos. Eso hace que migrantes que tenían los recursos para pagar un tiquete a México o a Centroamérica, terminen tomando la decisión de pasar por el Darién, porque no son sujetos de un visado. El segundo es la creación del programa Parole para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, que sin duda es buen intencionada, busca tratar que los migrantes de países como Venezuela y Haití puedan postular al estatus de refugio, pero se estrellan con dos obstáculos. El primero, es la necesidad de tener patrocinio económico en Estados Unidos y el segundo es la necesidad de tener un pasaporte vigente, que en el caso por ejemplo de los venezolanos, es casi imposible burocráticamente pero además costosísimo por los costos directos e indirectos.”

Y está además el papel ambivalente y a veces abiertamente dañino de las redes sociales. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destaca cómo las redes sociales han sido utilizadas por las mafias de trata de personas para difundir información errónea sobre políticas migratorias, creando falsas expectativas y desinformación sobre las realidades migratorias. 

En TikTok, las notas publicadas como #titulo42 produjeron más de 96 millones de visitas. Una de ellas sostenía: “11 mayo: No podrán ser deportados. Llega a su fin título 42”. De ese modo presentaban falsamente los cambios en las leyes migratorias como una puerta abierta hacia el “sueño americano”.

¿Qué pueden hacer los gobiernos al respecto?

Frente a esta crisis multifacética, Biden celebró este año varias reuniones, la última de las cuales congregó en noviembre en Washington a presidentes y representantes de 11 países. Al final, su gobierno anunció la inversión de casi 485 millones de dólares “para ayudar a migrantes y refugiados, comunidades de acogida y poblaciones vulnerables en el hemisferio occidental”. Mientras tanto, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur y España, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, anunciaron una donación de 89 millones de dólares “para ayudar a los países más afectados por la migración”, según el mismo comunicado oficial. 

Pero a pesar de esa y muchas otras medidas, no se ve claro un panorama para la migración masiva. Por lo pronto, los expertos coinciden en que los gobiernos en Latinoamérica deben abordar las causas fundamentales de la migración y trabajar en soluciones integrales.  

Eso, en términos generales. Pero ante la crisis inmediata, como nos dice Juanita Goebertus, “los gobiernos del continente pueden y deben hacer mucho más. En primer lugar es necesario reconocer que este es ahora un problema regional, en los últimos 15 años se duplicó el flujo migratorio, pasamos de 7 millones a 15 millones de migrantes en la región y no tenemos una respuesta regional. Poder dar paso a materializar lo que está en la Declaración de Los Angeles, de la Cumbre de las Américas, de una especie de Sistema Regional Transitorio que permita la regularización de migrantes sería muy importante. Y desde un punto de vista de integración social sin duda un flujo tan grande de migrantes es un golpe económico fuerte sobre todo para gobiernos locales y pequeños que tienen ya de por sí dificultades. Pero habría  mucho más por hacer para no fomentar la xenofobia, para reconocer que la migración tiene, en un mediano plazo, un potencial muy importante para los países en términos de crecimiento y de diversidad cultural”.

Y para Godinho, desde la perspectiva de los refugiados “la situación requiere un enfoque coordinado y colaborativo sobre la base de los esfuerzos existentes, como el asilo, protección temporal, regularización, programas de integración, ampliación de las vías legales y financiación del desarrollo. (…) El acceso al territorio para solicitar ayuda justo con el respeto del principio de no devolución, que es la piedra angular del derecho internacional sobre asilo. Es decir, los desafíos que plantea el movimiento de personas refugiadas y migrantes no pueden ser resueltos por ningún país de forma aislada”. 

Es claro: la cooperación entre países de origen, tránsito y destino es vital para abordar la crisis de manera integral. Esta migración sin precedentes obliga a buscar una nueva forma de multilateralismo en el continente, que debería llevar a los gobiernos a mirar en la misma dirección. Porque el drama de los migrantes, que en 2023 se agudizó más que nunca, no da más espera.

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